Es un hecho. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pondrá primera en una discusión que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adeuda desde la redacción de la Constitución porteña: la creación de un Código Electoral propio que estructure y normativice los procesos eleccionarios y la vida política local para prescindir del nacional.
El Ejecutivo porteño trabaja en las últimas pinceladas de un extenso proyecto que, según pudo saber Letra P, llegaría a la Legislatura en la primera semana de octubre y viene a poner fin a un eterno reclamo de todas las fuerzas políticas locales y de organizaciones sociales y no gubernamentales. Se trata de una discusión que la Ciudad jamás pudo encauzar, a pesar de que la idea de un cuerpo normativo que regule lo concerniente a lo electoral reposa en el artículo Nº82 de la Constitución desde 1996.
El texto hace alusión al financiamiento de los partidos, la equidad de género y de reparto de recursos de campaña, la utilización de sistemas tecnológicos de votación (desde 2015, la Ciudad vota bajo el régimen de Boleta Única Electrónica) y la obligatoriedad de la realización de debates públicos de candidatos, un reclamo reiterado de la oposición.
No obstante, uno de los aspectos clave es “la división del trabajo” a la hora de los comicios. Esto podría incluir la creación de una “autoridad administrativa” que se encargaría de todo lo concerniente al sistema de votación, la capacitación del electorado y el reparto de recursos para las fuerzas políticas, entre otras cosas. La otra autoridad sería “contenciosa” y trabajaría únicamente sobre el acto electoral.
Actualmente, es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) (la Corte porteña) el organismo que dictamina, controla y organiza las elecciones. El gobierno de Rodríguez Larreta baraja la formación de una “agencia estatal” que se encargue de los procesos administrativos y aún discute quién sería la autoridad “contenciosa”. Ante esta discusión, en el seno de la administración local existen divisiones: hay quienes sostienen que debe seguir en manos del TSJ y quienes proponen crear un Tribunal Electoral, otra deuda del distrito que reposa en la ley orgánica del Poder Judicial porteño desde 1998. El debate será arduo: son pocas las voces que confían en que el TSJ querrá desprenderse de todas sus funciones electorales.
En orden de “aumentar la transparencia” de las elecciones, el Gobierno porteño “exigirá” la bancarización de todos los movimientos de dinero vinculados a la campaña y creará un registro de proveedores que permitirá transparentar los gastos que realicen las agrupaciones políticas.
A su vez, el proyecto, al que tuvo acceso Letra P, considera “obligatoria” la publicación de “informes de campaña” en las páginas web oficiales de las agrupaciones y de las autoridades electorales, para que cualquier porteño tenga acceso y pueda consultar esos datos.
El texto incorpora un artículo sobre paridad y alternancia de género en las boletas electorales y otro para garantizar los derechos políticos de los extranjeros. En tanto, se buscará que el 50 por ciento de los aportes del Estado para la campaña electoral “se distribuya en forma equitativa entre todos los partidos”.
Los “últimos pasos” de la reforma política incluyen un apartado sobre la utilización de sistemas tecnológicos en los procesos eleccionarios y hace hincapié en la “institucionalización” de las herramientas digitales. El objetivo de la iniciativa de Larreta es que sea imposible volver hacia atrás en esta discusión y que, de ahora en más, la Ciudad de Buenos Aires vote con sistema electrónico, abriendo la posibilidad de “discutir” si la Boleta Única Electrónica es la mejor opción o puede fomentarse otro método de votación.
Según detallaron fuentes de la Jefatura de Gobierno, el expediente creará un registro de proveedores de soluciones tecnológicas para “asegurar la transparencia en el proceso de licitación”. Este punto tiene como fin evitar los dolores de cabeza que le trajo a Mauricio Macri la decisión de autorizar a la firma MSA la instrumentación del proceso de Boleta Única Electrónica (BUE), en detrimento de Smartmatic, una compañía venezolana que sembró sospechas sobre la adjudicación del control del sistema, pero, al mismo tiempo, fue denunciada por graves inconsistencias. En fin, en 2015, el proceso de licitación de la BUE estuvo teñido de controversias y Rodríguez Larreta busca que no se repita una experiencia similar. Por eso, la ley prevé tests y auditorías con la participación de partidos, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Además, la iniciativa promueve el debate público entre candidatos. Es un guiño claro hacia a la oposición, en especial hacia los diputados de Martín Lousteau y Elisa Carrió, que reclamaron durante todo el año la sanción de una normativa que directamente plantea como “obligatoria” esa instancia y para todas las categorías de cargos electivos.
En las oficinas de Parque Patricios aún no determinaron cómo quedará redactado ese “pedido”, que en la Legislatura porteña avanzó en la Comisión Especial de Reforma Política –no puede despachar dictamen- y nunca llegó a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ese cuerpo, que preside la macrista Cecilia De La Torre, sí emite dictamen, pero la Jefatura de Gabinete adelantó hace meses que había que “esperar”. La espera culminará en los próximos días, cuando la presidenta de ese cuerpo parlamentario reciba el expediente que se terminará de escribir en Uspallata 3160 y “suma” reclamos opositores.
El texto fue elaborado por el Ministerio de Gobierno y, en particular, por el titular de esa cartera, Bruno Screnci Silva; el subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Hernán Charosky, y la directora general de Reforma Política y Electoral, Florencia Ingrid Zulcovsky. El ministro estuvo en permanente diálogo con el jefe de Gobierno, que cada 15 días preguntaba por el texto, aunque también con el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, encargado de instrumentar la reforma política a nivel nacional.
RECLAMO OPOSITOR. Históricamente, por el Parlamento local ha desfilado una importante cantidad de iniciativas referentes al tema. En la actualidad, la Coalición Cívica, a través de los ediles Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, y el bloque SUMA +, por intermedio de la legisladora Natalia Fidel, presentaron iniciativas electorales. También hizo lo propio la Defensoría del Pueblo, que tiene iniciativa legislativa y por pedido de su titular, Alejandro Amor, en julio giró un texto que también propone la creación de un código propio.
Incluso el PRO ya avanzó con un proyecto similar en 2014, cuando el entonces diputado Helio Rebot redactó una ley electoral y de partidos políticos que nunca prosperó.