REFORMA POLÍTICA

La Defensoría del Pueblo se mete en el debate por el Código Electoral porteño

El organismo autónomo presentó una ley que propone crear un tribunal específico, formar un registro de autoridades de mesa y promover el debate de candidatos.

A la hora de llamar a elecciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde su escisión de la Nación en 1994, se atiene a las normas del Código Electoral Nacional; es decir, no posee reglas propias a pesar de contar con más de dos décadas de autonomía. En pos de “defender” y “proteger” los derechos de los porteños, en este caso los políticos, el titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el peronista Alejandro Amor, avanza con una ley para crear un Código Electoral propio del distrito.

 

La iniciativa llega al Parlamento porteño por tercera vez: el organismo autónomo trabajó el tema en 2012 y 2014, el año en que la Ciudad se aprobó la ley que instauró las PASO en el distrito y estableció el marco para que se utilicen herramientas tecnológicas a la hora de sufragar, que después el gobierno de Mauricio Macri decidió adoptar el sistema de boleta única electrónica.

 

De todas formas, no es el primer planteo en torno al código: la mayoría de las fuerzas de la oposición impulsaron expedientes en ese sentido. Sin embargo, según pudo saber Letra P, el contexto actual es favorable a esta posibilidad porque el Gobierno porteño “analiza” cambios en el sistema electoral y avanza con una agenda de Reforma Política, fogoneada por los opositores y por organismos como el que preside Amor, que también conduce la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). Días atrás, en una entrevista con este portal, el jefe de bloque del PRO, Francisco Quintana, calificó como “importante” la formación del Código Electoral porteño. “No es imprescindible, pero para nosotros sí es importante”, consideró.

 

Se trata de una discusión que la Ciudad jamás pudo encauzar, a pesar de que la idea de un cuerpo normativo que regule lo concerniente a lo electoral reposa en el artículo Nº82 de la Constitución desde 1996. Por eso, cada dos años, la administración local se acoge al Código Electoral de la Nación. Este vacío legal ya asoma como necesidad y la Defensoría vuelve a instalar este debate, que avanzará en el segundo semestre legislativo.

 

El proyecto en cuestión busca ampliar el derecho al voto, promover el debate de candidatos, la igualdad de género, la inclusión de la observación electoral; un registro de autoridades de mesa; y la creación de un Tribunal Electoral, entre otras propuestas de regulación.

 

Durante la presentación de la iniciativa ante la Legislatura, Amor sostuvo que el objetivo “es poder dar respuesta a uno de los problemas esenciales en esta época: la falta de pertenencia que tiene la ciudadanía sobre las cuestiones institucionales, sobre su importancia como matriz de la democracia y la crisis que sufre el sentido de representación democrática”.

 

La Defensoría realiza tareas de observación electoral desde el año 2009 en comicios nacionales y locales, donde se generaron diagnósticos y recomendaciones que se utilizaron como bagaje para dar forma al proyecto que, según Amor, tiene la intención de enriquecer el debate legislativo en pos de la elaboración de un nuevo marco legal ordenador de los procesos electorales en nuestra Ciudad, lo que garantizaría la ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas”.

 

Uno de los puntos salientes del proyecto es la creación de un Tribunal Electoral que se dedique exclusivamente a lo relativo a la organización del acto eleccionario. Este artículo aleja al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa función. La ley orgánica del Poder Judicial porteño, de 1998, establece la formación de ese tribunal en su artículo siete, pero también es otra deuda pendiente que debería saldarse para confirmar en pos de la reiterada pero no completada autonomía porteña.

 

“La existencia del Tribunal puede otorgar una legitimidad institucional al proceso eleccionario, erigiéndose como un organismo de aplicación y control imparcial que, por medio de una promoción y publicación, puede acrecentar la legitimidad de las elecciones en la ciudadanía. Además, restringiría las posibles denuncias que los partidos políticos pudieran realizar”, se fundamenta en la ley presentada.

 

Entre otras cosas, la iniciativa manifiesta la importancia de la incorporación de ciudadanos extranjeros, personas procesadas o condenadas a participar de los procesos electorales. Pero la novedad está en el artículo diez, que garantiza derechos políticos a internados en establecimientos del Sistema de Salud Mental

 

Por otra parte, la normativa propone el debate público de candidatos y presenta a la Defensoría como el ámbito para dar esa discusión. Existen varias iniciativas en la Legislatura sobre el tema, pero esta puntual no ofrece el carácter “obligatorio”, como los expedientes que fueron presentados ante la Comisión de Reforma Política.

 

Otro punto que se destaca es la paridad de género en las boletas electorales. “Incorporamos la paridad de género como obligatoria en el Código Electoral para que exista un 50 por ciento de presencia de cada género en todas las boletas para garantizar la igualdad de oportunidades”, explicó Daniel Ingrassia, director de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría.

 

A su vez, el proyecto de ley repara en la labor de los observadores electorales porque, según las experiencias del organismo, esa figura “contribuye a un mejor funcionamiento y desarrollo de los procesos electorales”.

 

La iniciativa dispone también la creación de un Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa. “No hay en la Ciudad un registro de voluntarios y esto nos ayudaría para poder trabajar bien en la capacitación de autoridades de mesa y subsanar la problemática de las ausencias”, consideró Dolores Gandulfo, titular de la Unidad de Política Institucional.

 

En concreto, al utilizarse un sistema de votación tecnológico, como puede ser la boleta única electrónica, el presidente, generalmente, es la única autoridad de la mesa que conoce el método de votación. En caso de que falte el día de los comicios, podría generar un problema en esa mesa y, sostienen en la Defensoría, con un registro público se podría conocer exactamente el nivel de capacitación de las autoridades de mesa y garantizar un normal desarrollo de las mesas electorales en los establecimientos educativos.

 

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió a Letra P en su despacho, en la sede Rosario de la Casa de Gobierno. (Fotos: Farid Dumat Kelzi)
Giorni - Milei - Dionisio

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