El fallo de la Corte que anuló el aumento de las tarifas del gas para los usuarios residenciales dejó afuera de ese beneficio a los comercios, las industrias y las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 70 por ciento del consumo y también fueron golpeadas por el incremento. No obstante, dejó la puerta abierta para que vayan a la Justicia en busca del mismo beneficio. La diferencia es que deberán realizar presentaciones individuales y no podrán acceder a decisiones de alcance colectivo.
El máximo tribunal decidió aplicar la doctrina del fallo Halabi, que definió el proceso colectivo y determinó que, para que esa acción prospere, deben existir "intereses individuales homogéneos", característica que solo cumplen los usuarios residenciales. "Se trata de los ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva", explicó la Corte.
No obstante, los magistrados consideraron que, dentro de ese colectivo homogéneo de usuarios, debían extender una protección extra - en cuanto a los efectos de la sentencia- a los sectores más vulnerables. Es por eso que remarcaron que el Poder Ejecutivo debe mantener la tarifa social.
Así, afuera del fallo quedaron los comercios, las industrias y las pymes, que, en caso de querer ser alcanzados por la sentencia, deberán presentar demandas de manera individual. Y si un juez dictara un pronunciamiento favorable, se aplicaría solo a quien promoviese la acción. No tendría efectos colectivos.
De esta forma, la Corte falló a favor de los usuarios residenciales pero le ahorró al Gobierno un enorme agujero fiscal. "Lo residencial es el 25 por ciento, lo que es el ingreso extra de lo que hubo en este tiempo. Representa un costo fiscal que es menor a si hubiera sido 100 por ciento, que es el escenario analizado", celebró el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En sintonía se expresó el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien no les auguró "un buen resultado" a las empresas que inicien demandas judiciales contra el tarifazo.
