Un informe presentado por el "Barómetro de la Deuda Social Argentina" de la Universidad Católica Argentina (UCA) realizó un duro análisis del relevamiento realizado por la entidad en abril, donde se puso de manifiesto la existencia de 13 millones de argentinos que se encuentran en situación de pobreza, en tanto que 1,4 millones de personas pasaron a ser pobres entre fines de 2015 y el primer trimestre de este año y otras 400 mil personas cayeron en indigencia. Se develó, en suma, que uno de cada tres argentinos está en condiciones de vulnerabilidad social.
Bajo este escenario, el informe de la UCA divisó a un responsable concreto: el gobierno de Mauricio Macri y las políticas implementadas por el mismo en materia económica.
El documento "Tiempo de Balance: Deudas Sociales Pendientes al Final del Bicentenario" no escatimó en cargar con dureza contra la administración macrista al destacar que "esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los 'nuevos pobres' (SIC) que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno".
El resumen ejecutivo bajo la dirección del sociólogo Agustín Salvia, recalcó que “es factible que el Gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará si no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste".
Asimismo, la UCA destacó que hay un grupo social que está experimentando un "mayor riesgo" por el aumento de precios, la suba de tarifas y la caída de la actividad, ya que no acceden a los planes sociales o los subsidios a las tarifas. Se da ante todo, en hogares del conurbano bonaerense, hogares con niños y de clase media baja.
La tasa de indigencia se incrementó entre fines de 2015 y mediados de marzo de 2016, alcanzando al 4,1% de los hogares y a un 6,2% de la población, mientras que se develó que "más de dos millones de hogares no se encontrarían asociados a los ajustes de ingresos por paritarias y tampoco tendrían acceso a la tarifa social por servicios y transporte".
Un capítulo del informe hace foco no sólo en la mayor vulnerabilidad de los sectores bajos, sino también en "los límites en el alcance de la cobertura social de los hogares en un contexto de ajuste económico", escrito por Juan Ignacio Bonfiglio y Julieta Vera.
Tres de cada 10 hogares de los principales centros urbanos reciben "alguna política social de empleo, transferencia de ingresos o son beneficiarios de programas de asistencia alimentaria". Además, casi el 40% de la población integra hogares receptores de programas sociales.
Para el Observatorio, el "actual escenario fuertemente inflacionario contribuiría a la formación de una nueva capa de pobres. En este marco, cabe preguntarse si son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres".
En lo que refiere a las perspectivas a futuro, el informe señala: “Si en el corto plazo no se logran atenuar los aumentos de precios y no logra reactivar el empleo, difícilmente podrá revertirse la tendencia ascendente que están registrando las tasas de pobreza e indigencia urbana".
