El padre del cuchillero de la Comuna 4 y empleado del Gobierno porteño, Rodolfo “el Cordobés” Corzo, solicitó que le anulen el sumario interno que le abrieron a pocos días de la batalla campal del cuatro de mayo en la que su hijo fue imputado por tentativa de homicidio por atacar con un arma blanca a Matías Scínica y participar de una golpiza que dejó inconsciente a Fernando Abal Medina, todo en el marco de la primera reunión del Consejo Consultivo Intercomunal de los barrios de Parque Patricios, Pompeya, La Boca y Barracas.
El reclamo se hizo ante el el Régimen de Agentes en Disponibilidad (RAD), área que depende del Ministerio de Hacienda y donde se tramita el sumario que se le inició desde la Junta Comunal, pero rápidamente pasó a la Procuración General porteña. El organismo público que conduce el abogado Gabriel María Astarloa emitió un dictamen en el que rechaza el pedido e indica que se debe esperar hasta tanto se resuelva la investigación interna que instrumentó el presidente de la Comuna 4, Jorge Apreda, a pedido del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En paralelo, la Procuración advierte, citando “la inveterada doctrina del Procuración del Tesoro de la Nación”, que “el sobreseimiento definitivo de los agentes públicos en sede penal no obsta para que se valore su conducta en sede administrativa, y para que se les apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con las constancias del sumario administrativo”.
En el medio de esta situación, la Procuración dirigió una notificación a los Corzo para que declaren en la causa interna y administrativa que se les abrió, pero sucedió algo de película: la documentación fue rebotada, por lo cual no había nadie en el domicilio que registraron en el legajo o, si se mudaron, jamás lo actualizaron. El organismo de control legal de la administración porteña quiere entrevistar a ambos empleados del gobierno para que cuenten los pormenores de la riña en la sede de la Comuna 4. Por estas horas, se analiza volver a enviar la notificación o entregarlo en su lugar de trabajo, aunque no parecería el camino indicado: al estar en disponibilidad no realizan sus tareas desde hace semanas.
Corzo padre le envió una carta a “el Negro” Apreda para exigirle el cese de ese sumario y la garantía de que podrá volver a trabajar como agente de policía comunal, como lo hacía hasta los primeros días del mes de mayo. En esa misiva explica que no cometió ningún ilícito en la jornada del cuatro de mayo y que en la causa judicial “se encuentra imputado mi hijo y ninguna otra persona”. Sorpresivamente, aunque en la misma causa a la que hace referencia los testigos lo sindican como “líder” del sector que comenzó la agresión, asegura “en los incidentes no he sido imputado”. Es cierto, pero agrega un detalle, a priori, cuestionable: resalta que fue “lesionado físicamente” y que se presentará como querellante en el expediente judicial. “A la violencia física sufrida, se ha sumado la violencia moral, perjudicándome enormemente con esa resolución por la que se me aparta de mis funciones sin ninguna razón que lo justifique”, retruca el hombre que, como contó Letra P, fue cuestionado por Larreta en una recorrida por La Boca en plena campaña electoral.
Una vez que se abrió el sumario, los dos Corzo debieron dejar sus cargos en la administración porteña y fueron pasados a disponibilidad: perciben su salario pero no realizan ninguna actividad. Lo único que debían hacer era presentarse en las oficinas del RAD a firmar el horario de entrada y el de salida, pero en los últimos días comenzaron a quejarse y se negaban a rubricar el acta, pero desde las oficinas de la Jefatura de Gobierno les hicieron entender lo delicada que es la situación. El propio Larreta reclamó un “trámite express” en el mes de junio.
Ante el reclamo de “el Cordobés” para que se anule el sumario y pueda retomar su labor en la Comuna 4, la Procuración respondió de manera tajante: “el acto que ordena el inicio del trámite sumarial constituye un típico acto interno de la Administración, tendiente a adquirir conocimientos de hechos no aclarados, dilucidarlos y decidir si ameritan la formulación de cargos”.
En ese sentido, el dictamen del procurador resuelve: “Hasta tanto dicha investigación se traduzca en una resolución definitiva que califique con sanción o sobreseimiento el accionar del o los involucrados, no trasciende la esfera discrecional administrativa y por lo tanto no es susceptible de ser recurrida”.
Además, el expediente aclara que no se trata de una sanción sino de una medida preventiva (pase a disponibilidad) hasta tanto culmine la investigación interna que lleva adelante el Gobierno de Rodríguez Larreta.
“Por las razones vertidas, puede apreciarse que el traslado dispuesto, no constituye de manera alguna una sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar en la instrucción del pertinente sumario administrativo y que está prevista, contrariamente a lo afirmado por el interesado, en la norma comentada. Lo expuesto precedentemente y los claros términos de la norma citada ponen de manifiesto que lo solicitado en estos actuados resulta improcedente”, se explica en el expediente que lleva la rúbrica del Director General de Empleo Público de la Procuración, Jorge Enrique De La Cruz.
Los hechos
En la noche del miércoles cuatro de junio en plena reunión del Consejo Consultivo Comunal de la Junta Nº4 (que agrupa a los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya) dos grupos de personas se trenzaron a golpes y, automáticamente, se desataron distintas interpretaciones: una pelea de barras, una pelea entre militantes de La Cámpora y el PRO, entre otras.
Como el tema que se debatía era la venta de terrenos de Casa Amarilla al Club Boca Juniors y la posibilidad de que se construya un nuevo estadio en esa zona, las imágenes que se viralizaron en redes sociales y en los medios presentaban la historia como una batalla campal de facciones políticas y el fútbol de fondo. La investigación judicial desde hace tiempo marcó otra hipótesis: como informara este medio se descartó que se trate de una batalla campal, sino que, mediante declaraciones de testigos, se pudo verificar que se trató una agresión que comenzó por un grupo de personas y que estaba preparada. Además de estudiar el modus operandi de los agresores, la información judicial destierra el involucramiento de militantes partidarios orgánicos y de barrabravas en la riña.
Los protagonistas
La fatídica noche de la reunión del Consejo Consultivo Comunal puso en relieve a Rodolfo “el Cordobés” Corzo, un hombre conocido del barrio de La Boca que posee nexos con el PRO y el peronismo, aunque no milita ni pertenece a la orgánica de estas expresiones políticas. A este hombre que se desempeña como agente de policía comunal se lo sindica como autor intelectual de la agresión y líder de un grupo de jóvenes que se congregan en la Plaza Solís. Uno de los integrantes de ese sector es su hijo, de nombre homónimo: es el joven que porta el cuchillo y cuyo rostro quedó inmortalizado con la foto que ilustra esta nota y recorrió la pantalla de todos los canales de televisión.
Los agredidos fueron Matías Scínica y Fernando Abal Medina. El primero es un militante barrial vinculado a la agrupación social Boca Es Pueblo y fue quien recibió la puntada de arma blanca por la cual debió ser hospitalizado de urgencia en el Penna. Misma suerte corrió Fernando, hermano del senador del Frente para la Victoria Juan Manuel, aunque la razón de su traslado al nosocomio fue por una golpiza que recibió en las afueras de la sede comunal ubicada en Pompeya, justo en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Del Barco Centenera. Abal Medina estaba en la calle llamando a una ambulancia para que atiendan a Scínica justo cuando recibió un impacto desde atrás: se presume quien inicia esa agresión es Corzo hijo y por medio un “objeto contundente”.
Después, según los testigos que fueron entrevistados por la Fiscalía de Pompeya y Parque Patricios, se sumaron tres personas más que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Cuando culminó esa acción y aún sin presencia policial ni seguridad privada de la Comuna 4, también según las declaraciones, los agresores se fueron en una camioneta Volkswagen Amarok color blanca. El único que se quedó en el edificio fue “el Cordobés”.
