El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, intenta anular un acuerdo con el titular del PJ de la Ciudad y jefe sindical de los encargados de edificios, Víctor Santa María, que desde hace días le empezó a generar repudio por parte de los vecinos con los que se reúne periódicamente.
El Parlamento local aprobó hace más de tres meses una iniciativa que crea un organismo que regulará los consorcios de los edificios porteños y que posee un Comité Ejecutivo de 11 miembros de los cuales al menos seis estarían relacionados con el titular del Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH).
¿Cómo se financiará el organismo? Con el dinero que sale de las matrículas que expide el Consejo, las capacitaciones que dará a consorcistas y las sanciones que aplicaría en caso de irregularidades en edificios. Concretamente, los administradores de consorcios abonarán esas sumas pero resulta que eso conllevaría, como los propios consorcistas advierten, un incremento en las expensas.
Lo que sucede es que, según la redacción de la ley, los porteños que alquilan terminarán pagando los salarios de los miembros del Consejo. Es decir, el costo “extra” por capacitación y renovación de matrícula que tendrán los administradores se trasladará a quienes viven en edificios y se verá reflejado en las expensas. Aunque se prevé que la suma no sea significativa, los inquilinos están en guardia y se lo hicieron notar al titular del Ejecutivo de la Ciudad.
Desde fines de enero que el jefe de Gobierno se encontró con la incómoda situación de responder reclamos de vecinos de distintos barrios (Boedo, Almagro, Recoleta, Monserrat, entre otros) en torno a este tema. Preocupado por los constantes repudios, en una de las reuniones de seguimiento que se realizan en la Jefatura de Gobierno, les pidió a sus diputados de confianza que examinen el tema y se comprometió a enviar un proyecto “reparador”. Lo mismo hizo ante los vecinos que lo cruzaron por no haber vetado la ley.
No sólo no la vetó, sino que la promulgó. Por esa razón, los copropietarios y los administradores descreen sobre la versión que indica que Larreta no estaba al tanto de la ley sancionado con 58 votos de 60 con los que cuenta el recinto.
De los 11 titulares de la dirección del nuevo organismo, tres son representantes de las Cámaras oficiales de la Propiedad Horizontal que cuenten con personería gremial y jurídica. De ese total, dos están ligadas a Santa María. Se trata de la Asociación Inmobiliaria Edificios, Renta y Horizontales (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI), que se enfrentan constantemente con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI).
Desde esta última, advierten que las otras dos son “asociaciones fantasmas” y que responden al actual diputado del Parlasur. Al momento de las negociaciones paritarias del sector, AIERH y UADI acordaban un porcentaje con el Ministerio de Trabajo para saltear a CAPHyAI y así cerrar el acuerdo. Ante las quejas, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le dio poder de veto a la Cámara que nació durante el primer mandato de Juan Domingo Perón.
Por otra parte, la revista que distribuye UADI la produce el Grupo Octubre -propiedad de Santa María-, que también tiene otros emprendimientos periodísticos y de comunicación. Durante la campaña por la Jefatura de Gobierno que enfrentó a Larreta con Gabriela Michetti, el medio empapeló la Avenida Paseo Colón con la tapa de su nueva edición, que exhibía una imagen del actual alcalde y promocionaba la entrevista con el entonces (abril de 2015) jefe de Gabinete de Mauricio Macri.
Los vínculos entre el jefe de Gobierno y el titular del SUTERH llevan un tiempo y son públicos. Además de los actos por la entrega de botones antipánico, Rodríguez Larreta participó junto a Santa María de la ceremonia de entrega de títulos del Centro de Formación Profesional del sindicato cinco días después de asumir en el edificio de Parque Patricios.
Además, ninguna de las dos cámaras alzó la voz ante el avance de la ley. Mientras que la Cámara de Propiedad Horizontal judicializó el tema mediante un pedido de amparo que, sin embargo, jamás prosperó.
El Comité posee también un representante de las organizaciones civiles que nuclean a consorcios y copropietarios. Si bien la Liga de Copropietarios pidió ese espacio, todo indica que ahí recalaría el ex legislador Sergio Abrevaya.
A su vez, habrá tres representantes de los sindicatos de trabajadores de edificios de renta y horizontal. Para los cuestionadores de la ley, esas tres bancas serían para el SUTERH.
También hay un asiento para un miembro de asociaciones civiles que defiendan los derechos de usuarios y consumidores. Y otro para el sindicato de empleados de administradores de consorcios (SEARA), de reciente creación y que también pertenece a Santa María.
Habrá un lugar para un enviado del Gobierno de la Ciudad designado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que depende, luego de la modificación de la ley de ministerios, de la Jefatura de Gabinete porteña, a cargo de Felipe Miguel.
Además, el Comité Ejecutivo del cuestionado Consejo tendrá un titular designado por la Defensoría del Pueblo que trabaje por la defensa de los inquilinos. Entonces, de 11 miembros que tendrá el directorio, seis tienen nexo con Santa María y su gremio. “Es una manera de entregar el registro de administradores al SUTERH”, consideró el vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), Daniel Tocco.
En concreto, se trata de una lucha de poder entre empleados y propietarios de edificios, con el agregado de que estos últimos temen “represalias” por parte de los primeros. “Se puede dar que vos sanciones a un encargado y luego estas en minoría ante los sindicatos”, alegan desde la Liga de Copropietarios.
Por otra parte, el Consejo contempla una oficina Fiscalizadora que funcionaría como un área similar a un tribunal de ética. “La ley de entidades gremiales no permite tener en un tribunal de ética a los sindicatos”, indican los propietarios.
El lugar de defensa de los inquilinos sería para Fernando Muñoz, que asumió como responsable de la Defensoría del Inquilino (depende de la Defensoría del Pueblo porteña) cuando terminó su mandato como legislador. El ex edil tiene una militancia reconocida en la materia y siempre trabajó para evitar abusos hacia quienes alquilan en la Ciudad, pero los opositores al proyecto lo ven como la cara visible de la ley que enfrenta a trabajadores de edificios y sindicalistas, por un lado, con consorcistas, propietarios e inquilinos por otro.
A pesar del enojo hacia Muñoz, la aprobación del proyecto se dio gracias a un acuerdo más grande a nivel político que tiene como protagonistas a Santa María, Cristian Ritondo y a Juan Manuel Olmos.