Bajo el argumento de procurar “una mayor operatividad de los principios de austeridad y eficiencia administrativa”, el gobierno bonaerense modificó la estructura del Ministerio de Justicia comandado por Gustavo Ferrari, con nuevas denominaciones de áreas, supresiones, transferencias y absorciones de otras.
Entre los cambios publicados este viernes en el Boletín Oficial, surge como dato saliente la creación de unidades tendientes a profundizar el monitoreo sobre el sistema penitenciario. Estas modificaciones surgen luego de la dos veces anunciada “reforma integral” de dicho sistema. A la vez, se creó el área de Control de la Corrupción y se eliminaron siete direcciones. En tanto, la Dirección de Asistencia en Juicios de Lesa Humanidad, fue transferida a la Secretaría de Derechos Humanos.
Para aceitar la tarea investigativa y analítica de la situación carcelaria, se conformó la Dirección Provincial de Análisis de Información Penitenciaria, la cual tendrá entre sus tareas producir informes “estratégicos y tácticos sobre la situación de la población de las Unidades Penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense”. A su vez, tendrá que “coordinar y establecer los lineamientos operativos con la Dirección de Secretaría de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense a los efectos de recabar información dentro de su ámbito”, como así también obtener datos tendientes a “prevenir conflictos internos de trascendencia institucional en las Unidades Penitenciarias”.
Relacionada a dicha unidad, la Dirección de Investigación procesará la información de inteligencia remitida por la también flamante Dirección de Coordinación, labor que tendrá como fin “evitar, anular o restringir las actividades que faciliten las acciones coordinadas ilícitas contra la actividad penitenciaria”.
En la misma línea, la mencionada Dirección deberá “preparar, proyectar y proponer los distintos medios de difusión de inteligencia, como asimismo comunicar en forma parcializada o generalizada la producción de inteligencia a través de Informe Urgente – inteligencia que se considere pueda ser usada en forma inmediata por parte de los destinatarios- e informes periódicos – compilación de informes generados en un lapso ya sea semana o mes –“.
A la vez, se remarcó como tarea: “Coordinar con el Servicio Penitenciario Bonaerense actividades abiertas y encubiertas de campo destinadas a la aplicación de un sistema que sistematice la acción de los distintos procedimientos tendientes a lograr la seguridad en el mencionado Servicio”.
El Decreto 1577 del Departamento de Justicia también aclaró que el responsable de la Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), figura que ya estaba creada, tendrá "rango y remuneración equivalente a Director Provincial".
Vale señalar que dentro de las responsabilidades del auditor del SPB, figuran la fiscalización y control de los establecimientos carcelarios dependientes del Ministerio de Justicia “a efectos de detectar y/o investigar la existencia de faltas, delitos y conductas anómalas relacionadas con posible corrupción administrativa, torturas, vejámenes, apremios, faltas graves a la asistencia médica, muerte traumática de personas privadas de libertad y cualquier otro que constituya un posible abuso funcional grave o que por su gravedad institucional le fuere encomendada en forma directa o por sugerencia de la Subsecretaría de Política Penitenciaria”.
Además, deberá “resolver con relación a la procedencia de la iniciación de sumarios administrativos y eventual presentación de denuncias judiciales”, como así también “analizar las impugnaciones y recursos contra excepciones de trámite incidental y toda otra diligencia previa y necesaria para el dictado de la resolución final del sumario”. “Optimizar mediante propuestas, sistemas y procedimientos de control, las instancias actuales de auditoría, fiscalización y supervisión a fin de disminuir y evitar la comisión de ilícitos, faltas administrativas y desvío de bienes”, son también parte de la tarea del auditor.
CONTROL DE LA CORRUPCIÓN. Por otro lado, dentro de las 15 nuevas unidades de la cartera de Justicia aparece la Dirección Provincial de Control de la Corrupción, la cual tendrá entre sus acciones “recibir denuncias sobre hechos que presuntamente contraríen la ética pública de los funcionarios en el ejercicio de su cargo o constituyan delitos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como fuente principal de recursos el aporte estatal”.
A su vez, deberá “investigar preliminarmente, a partir de las denuncias recibidas”, los hechos de estas características como también “planificar, programar y desarrollar las actividades necesarias para la instrucción de los sumarios administrativos derivados de las denuncias por prácticas corruptas”.
En tanto, tendrá que “promover que la unidad orgánica correspondiente impulse la instrucción sumarial cuando hubiere sospecha fundada de la existencia de faltas que prima facie pudieran merecer un reproche administrativo”, y “efectuar un registro, estadísticas y seguimiento sobre las denuncias recibidas”.