El Gobierno nacional consiguió este miércoles por la tarde la aprobación del protocolo en manifestaciones públicas qué define cómo debe ser el accionar de las fuerzas de seguridad ante las protestas en todo el territorio nacional. La medida, sancionada en una reunión del Consejo de Seguridad Interior en la ciudad de Bariloche, autoriza al Gobierno nacional a filmar las protestas, a controlar el trabajo de los medios determinando el lugar desde el cual podrán tomar registro de los operativos de desalojo y, en caso de no prosperar negociaciones tendientes a que los manifestantes cesen en sus acciones, a proceder al desalojo.
La iniciativa se cocinó en la Casa de Gobierno apenas asumió el presidente Mauricio Macri, tal como adelantó Letra P el pasado 18 de diciembre (ver nota aparte "Macri se prepara para el conflico social..."). Durante el conflicto por la situación de la empresa Cresta Roja, el PRO adelantó que trabajaría en una medida para “controlar” las protestas sociales aunque garantizando el derecho a manifestarse. Este miércoles, el 80 por ciento de las provincias acompañó el pedido de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Filmación y control. Uno de los dos puntos salientes de la iniciativa se encuentra en el último apartado del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas.
El capítulo cinco (“De la utilización de imágenes y comunicaciones”) habilita a las fuerzas de seguridad que intervengan en los operativos a filmar y fotografiar los procedimientos.
“En la medida de las posibilidades, se procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia, o permitan evaluar el desempeño del personal interviniente”, se advierte en el documento firmado en la Patagonia.
En tanto, el capítulo tres del protocolo antipiquetes le permitirá al Gobierno controlar el trabajo de los medios en manifestaciones públicas. “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento", se establece, y se aclara que "el material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.
Desalojo. Ante una manifestación pública, las fuerzas de seguridad deben comunicar de “forma inmediata” al Ministerio de Seguridad de la Nación o las autoridades competentes en cada jurisdicción. Una vez realizado ese paso, se activa el espacio de negociación para que cese el corte y se da aviso a la justicia.
No importa si resulta positiva o negativa la negociación, el jefe del operativo de seguridad ordenará a los manifestantes que desistan de cortar las vías de circulación de tránsito y que deben retirarse para “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constituciona-les, garantizando siempre la libre circulación”.
En caso de que la protesta siga su curso, las autoridades políticas intervendrán mediante la fuerza para disolver la manifestación. “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, aclara el protocolo.
El mismo documento aclara que “el personal” de las fuerzas de seguridad “no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.
Una vez desalojada la protesta, las autoridades políticas competentes establecerán una nueva instancia de negociación con el “líder o representante o representantes del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.
Esa instancia, según consta en el expediente aprobado esta tarde, quedará labrada en un acto que firmarán todos los miembros que participaron del acuerdo.
El protocolo aclara que el uso de la fuerza “debe limitarse al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”.
“Las FFSS federales y provinciales dictaran protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales”, se indica en el documento antipiquetes.
Además, las fuerzas de seguridad acompañarán la desconcentración de la manifestación para que “se produzca sin alterar el orden público, preservando la vida, los derechos o la propiedad de las personas”.
