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Estas iniciativas plantean que el accionar de los barrabravas sea tipificado como delictivo dentro del Código Penal, promoviendo que se ponga la lupa en su estructura organizativa y en las actividades que desarrollan fuera de las canchas, uno de los pilares fundamentales donde radica el poder que adoptan estos grupos.
La justificación viene del lado de que en la actualidad los barras son perseguidos bajo el marco de los regímenes contravencionales y, una vez que actúa la Justicia sobre ellos, lo hace equiparándolos con la figura de la asociación ilicitita, que en muchos casos no se ajusta a la realidad.
En esa línea, el secretario de Deportes provincial, Alejandro Rodríguez, remarcó la necesidad de que los barrabravas no tengan un paso fugaz por las comisarías cuando son detenidos, y reconoció que “tenemos que completar el análisis involucrando el rol de la Justicia”.
Los proyectos también apuntan a tipificar como una actividad delictiva la reventa de entradas, y buscan generar mecanismos que desfinancien y desarticulen estas organizaciones. “Es como una estafa al fisco, porque es una fuente de financiamiento de estas organizaciones”, indicó el titular de la Aprevide, Oscar Boccalandro, en diálogo con Infobae.
Estas medidas forman parte de las intenciones del gobierno bonaerense de terminar con la violencia en los espectáculos deportivos, luego de que en 2012, año a partir del cual se registraron 23 muertes en las canchas de todo el país, la administración de Scioli diera por finalizada la tarea del Coprosede y creara el Aprevide.
Además, el gobierno se enfrentará a un año clave, en el que los barras no ahorrarán recursos ni violencia en su lucha por el gran botín que se les presenta en junio: la ida al Mundial de Fútbol en Brasil.