El desarrollo del SG1 sufre postergaciones. Cuenta con financiamiento de la CAF, pero la ejecución presupuestaria es mínima. Soberanía en riesgo.
El ajuste de Javier Milei en ARSAT
El ajuste en empresas estatales y áreas estratégicas en ciencia y tecnología desde que asumió Javier Milei pone en peligro a ARSAT. A pesar de que la construcción del tercer satélite geoestacionario nacional cuenta con financiamiento internacional, el Banco Central no autoriza a que la compañía satelital de bandera acceda a dólares para pagar a proveedores extranjeros.
El ARSAT-3 fue originalmente previsto en la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital para ser lanzado al espacio en 2019, luego del ARSAT-1 y el ARSAT-2.
El gobierno de Mauricio Macri lo suspendió en 2016 y, recién a fines de 2020, se retomó el proyecto con un financiamiento del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, por un total de u$s 243,8 millones, al que se le sumaría un aporte local de u$s 22 millones.
Se lo renombró ARSAT-SG1 (Segunda Generación 1), pues cambió la plataforma tecnológica sobre la cual el INVAP desarrollaría el satélite. Se proyectó que tendría 70Gbps de capacidad para brindar servicios de banda ancha satelital en todo el territorio argentino y países limítrofes, siendo un satélite de alto rendimiento especialmente diseñado para el tráfico de datos.
Con optimismo, se planeó que estaría listo para 2023, aunque era un plazo improbable teniendo en cuenta que requería de tecnología innovadora y que el mundo atravesaba una pandemia.
“Se aprobó el crédito y se inició el proceso de construcción del satélite. En ese momento recrudeció la pandemia y varios de los componentes quedaron en un stand by porque se dejaron de producir en todo el mundo. Y, una vez que la pandemia empezó a cesar, arrancó la guerra entre Ucrania y Rusia, país que producía varios de los insumos. Hubo que migrar y construir una serie de componentes en Francia”, explicó la ex secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, consultada sobre el plan satelital argentino y los avances y dificultades del período 2020-2023.
Antes del cambio de gobierno, el proyecto del ARSAT-SG1 registraba un desarrollo global del 42%, con una inversión acumulada de u$s 130 millones, según el informe final de gestión de la antigua Secretaría de Innovación Pública.
Cuando asumió Milei, se decretó la “apertura de cielos” a través a través del mega DNU 70/2023 y, con ello, se eliminó la protección a la industria satelital de comunicaciones nacional. Pronto desembarcaría en la Argentina la empresa Starlink, del magnate Elon Musk, y la construcción del ARSAT-SG1 entraría en un impasse.
Del monto total financiado por la CAF, a la fecha se desembolsaron más de u$s 160 millones para la construcción del ARSAT-SG1. Consultado sobre el avance del satélite, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió ante el Congreso que era del 61% a fines de 2024, sin mayores precisiones. Y agregó que su lanzamiento se planeaba para octubre de 2027, mientras que su puesta en funcionamiento se estimaba para abril de 2028.
Con estas declaraciones, Francos confirmó una nueva postergación para el tercer satélite geoestacionario nacional. Además, en abril de este año, estimó que su costo total ascendía u$s 325.4 millones. No aclaró cómo se gestionará la diferencia entre el presupuesto aprobado originalmente y los u$s 60 millones adicionales que se necesitan para concretarlo.
El grupo de difusión Defendamos la Ciencia Argentina vienen monitoreando los gastos realizados por la Nación para el desarrollo y construcción del ARSAT-SG1. De acuerdo con la información oficial publicada en el sitio Presupuesto Abierto, desde enero de 2024 hasta mayo de 2025 se desembolsaron apenas unos u$s 59.700 en concepto de “Apoyo para el Desarrollo y Fabricación del Sistema Satelital Geoestacionario de Telecomunicaciones Segunda Generación”, una cifra irrisoria que revela el porqué de su estancamiento.
El crédito de la CAF está aprobado y ejecutado, pero los fondos no se estarían utilizando para la construcción del satélite. “Todo lo que es dinero de afuera que viene en dólares, lo toma y lo ejecuta el Gobierno, pero no lo destina a su fin específico”, explicó Ezequiel Mc Govern, delegado de la comisión interna de Foetra en ARSAT y trabajador del Centro de Datos.
Según fuentes del sector, el problema principal es político: el Gobierno no permitiría a ARSAT realizar pagos que impliquen salida de divisas. Concretamente, venció la excepción del Banco Central que autorizaba a ARSAT a efectuar compras a proveedores extranjeros para importar insumos en un plazo mayor al contemplado por la normativa.
Así, unos 18 contratos para la provisión de componentes críticos habrían entrado en “stop-work”, es decir, suspensiones temporales mientras se toman decisiones sobre su continuidad. Con los contratos paralizados, se frena el desarrollo de sistemas fundamentales para la concreción del satélite. Si esta situación se extiende en el tiempo, se incurre en el riesgo de que los proveedores rescindan los contratos de forma unilateral y el proyecto se derrumbe.
Un tema clave para la soberanía satelital es el resguardo de la posición orbital geoestacionaria 81° Oeste, asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a la Argentina. A lo largo de la última década se contrataron sucesivos satélites gap-fillers para proteger dicha posición durante el plazo mínimo que dispone la UIT para no perder este recurso estratégico del Estado, que debería haber sido ocupado por el ARSAT-3 en 2019.
En su último informe de gestión, el jefe de Gabinete confirmó que el vencimiento de la última marcación será en junio de 2028.
Sin embargo, todo indica que no se llegará a tiempo con el ARSAT-SG1 en órbita para esa fecha, a raíz de los impedimentos para realizar pagos a los proveedores extranjeros, la falta de componentes críticos para avanzar con su desarrollo, las estaciones terrestres pendientes de construcción y el hecho de que ni siquiera se haya contratado aún el lanzador.
El ARSAT-SG1 fue diseñado sobre una plataforma tecnológica innovadora, producida localmente en el INVAP, con capacidad para brindar banda ancha a más de 200 mil hogares argentinos y ofrecer toda una gama de servicios de telecomunicaciones competitivos en el mercado internacional.
Defender las capacidades tecnológicas nacionales y las empresas estatales estratégicas para el desarrollo es también una cuestión de soberanía.