Con un gag bizarro en la transmisión y el apoyo judicial y del Gobierno, el procedimiento resultó ineficaz. Casi la mitad de los hogares “piratea”.
Campaña contra el fútbol prohibido
El fiscal Alejandro Musso contra el fútbol prohibido
El fin de semana en que el PSG le ganó la final de la Champions League al Inter de Milán y Platense se coronó campeón del fútbol argentino, se realizó un operativo “antipiratería” que pretendía bloquear “en vivo” y “de forma dinámica” sitios web similares a Fútbol Libre y aplicaciones que, como MagisTV, habilitan consumos audiovisuales por vías no legales.
La medida fue promocionada por empresas de TV por suscripción, LaLiga de fútbol de España, un juez argentino y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
En sintonía con un agresivo anuncio publicitario implantado en la transmisión justo antes del inicio la final argentina, y que inspiró memes en las redes, el juez de Garantías N°4 de San Isidro, Esteban Rossignoli aprobó el pedido del fiscal Alejandro Musso para el operativo concretado el 31 de mayo y el 1° de junio.
El edificio de la empresa Globant en Catalinas Norte sirvió de sede. Musso en persona cursó las invitaciones a la cámara de empresas de TV paga para asistir a la “demostración piloto” desarrollada junto a personal de LaLiga española.
Rossignoli también ordenó a Google "desinstalar" de los sistemas Android las aplicaciones MagisTV y FlujoTBV, lo que imita medidas promovidas por LaLiga en España pero que es de dudosa legalidad, puesto que invadiría la propiedad y configuración de usuarios de dispositivos móviles y, además, es de improbable concreción.
A pesar de contar con la reunión de fuerzas tan poderosas como la Alianza contra la Piratería Audiovisual; el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) intervenido por el presidente Javier Milei, la UFEIC de San Isidro, LaLiga de fútbol español y algunos de los gigantes de la TV paga, el operativo antibloqueo no fue tan exitoso. Y eso que durante la semana previa Musso en persona comunicó a los prestadores de TV por cable que el corte de accesos sería de cumplimiento obligatorio.
La resolución de Rossignoli se funda en la presunción de infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual. A diferencia de órdenes de bloqueo previas, ésta tuvo "carácter dinámico": si los sitios migran, el Enacom puede ordenar el bloqueo sin intervención judicial.
No obstante, miles de personas vieron las finales a través de opciones calificadas “piratas” por los poseedores de los derechos de exhibición. El bloqueo fue desparejo.
Por ejemplo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la interrupción de servicios fue mayor gracias a la colaboración de empresas proveedoras de conectividad a Internet que cortaron accesos a algunos sitios sospechados de “piratería”.
La intervención de Musso en temas antipiratería no es nueva: el año pasado fue el artífice de la persecución penal contra un estudiante universitario de Mendoza, Ezequiel Ponce, quien identificó unas fallas en el sistema de programación de DirecTV al emitir en exclusiva los partidos de la Copa Sudamericana de fútbol.
Después de allanar su domicilio familiar, incautarle su vieja computadora de escritorio y su teléfono celular, y de llevarlo detenido a San Isidro, el acusado fue liberado.
No siempre la espectacularidad de estos operativos se refleja en la eficacia de sus acciones. MagisTV, la app que utiliza listas Internet Protocol Television (IPTV) para acceder gratuitamente a un amplio catálogo de series, películas y transmisiones en vivo, ya fue bloqueada por orden judicial antes de 2025.
El problema de la “piratería” audiovisual reside en un modelo de negocios que no se adaptó a la revolución digital. El modelo de negocios de los gigantes de la TV es la oferta unidireccional de contenidos por un solo canal de acceso, el del proveedor.
A diferencia de la industria musical, que negoció condiciones de distribución de temas y artistas en el modo que la mayoría del público acepta, la industria televisiva sigue inflexible con su paquetización de contenidos sin tomar nota de los cambios registrados en los consumos culturales de la sociedad, ni en las posibilidades tecnológicas.
Mientras el 67% de los ingresos de la industria de la música grabada depende de las plataformas de streaming y las cámaras discográficas capitalizan su metamorfosis digital, el sector televisivo tradicional se muestra más hostil hacia los cambios en los modos de circulación —social y tecnológica— de los bienes culturales.
Ariel Graizer, de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), cuestionó el bloqueo de direcciones IP ordenada por el juez Rossignoli: “No sólo no resuelve el problema por sus implicancias técnicas y operativas, que ‘rompen’ la lógica de las redes de Internet, sino que, además, creemos que la justicia no debería utilizar a las cámaras como intermediarios de las notificaciones ni responsabilizar a este tipo de entidades por las consecuencias de las medidas de bloqueo, en tanto esos bloqueos pueden originar afectaciones a los derechos de los usuarios y de los proveedores de conectividad”.
La propia Alianza contra la Piratería Audiovisual calcula que “el 45,5% de los hogares con banda ancha consumen ‘piratería’ en la Argentina”.
Para Graizer, "la piratería se terminaría en un minuto si los dueños de los derechos adoptasen un modelo comercial inclusivo de la industria de Internet".
La controversia involucra a operadores que forman parte, simultáneamente, de la Alianza contra la Piratería y de Cabase.
La TV atrasa. Si las empresas que lucran con la comercialización de contenidos de interés relevante y masivo aprendieran del funcionamiento de las plataformas de Internet o de la industria musical, la “piratería” sería irrelevante.
Cuando un problema es masivo, su penalización es sólo el pretexto de los responsables de plantear alternativas para evitar comprometerse con la elaboración de respuestas creativas.