LESA HUMANIDAD

La Corte Suprema se sienta a esperar un gobierno de Javier Milei con dos cartas en la manga

A fuerza de apelaciones, sectores progenocidas escudados en Villarruel empujan la versión judicial de la teoría de los dos demonios. Servini y los antecedentes. La duda sobre un fallo supremo con el libertario en el poder.

Con la posibilidad de que Victoria Villarruel, ligada a los represores de la última dictadura militar, acceda democráticamente a la vicepresidencia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia acaricia la llave para cerrar o abrir definitivamente las puertas a la legitimación judicial de la teoría de los dos demonios: duerme desde 2019 una causa y espera de brazos abiertos a otra que puede llegar a sentar en el banquillo de los acusados a militantes de las organizaciones guerrilleras por presuntos crímenes cometidos en los 70. Con supuestos "homenajes a las víctimas del terrorismo", como el que concretó el lunes en la Legislatura porteña, es lo que busca desde siempre la compañera de fórmula de Javier Milei y lo que impulsa un séquito de ONG que nuclean a abogados de represores en despachos de todo el país.

En la última semana se conoció que la jueza María Servini volvió a rechazar la posibilidad de investigar a exdirigentes de Montoneros por la bomba que estalló en la sede porteña de la Policía Federal en 1976, una chance que había reabierto la Cámara Federal el año pasado. La Secretaría de Derechos Humanos remarcó este martes que “esta clase de denuncias intenta equiparar el terrorismo de Estado con la actuación de organizaciones políticas y volver a instalar la ‘teoría de los dos demonios’ para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, torturaron, abusaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de cientos de niños y niñas”.

La insistencia

Servini debe estar agotada de escribir las mismas cosas una y otra vez. El pasado 7 de agosto se dedicó a explicar, una vez más, por qué está prescripta la causa de la explosión de una bomba en la sede de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), en el barrio porteño de Montserrat, que tuvo lugar el 2 de julio de 1976 y le fue atribuida a Montoneros.

Ya lo había hecho en 2007, cuando cerró en primera instancia el expediente que había nacido con una denuncia de los abogados José María Sacheri y Norberto Giletta. En 2003, apenas anuladas las leyes de impunidad que frenaron durante 20 años las causas sobre los crímenes de la última dictadura, los abogados en representación del comisario retirado Hugo Biazzo denunciaron a un grupo de referentes de la agrupación guerrillera –Mario Firmenich y Horacio Verbitsky incluidos– por la explosión de la bomba. La decisión de Servini de rechazar tal impulso fue confirmada entonces por la Cámara Federal, la Casación e incluso la Corte Suprema.

Sin embargo, ayudados por nuevos vientos circulando en Comodoro Py, en junio de 2022 los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia reavivaron el fuego de la versión judicial de la teoría de los dos demonios y le ordenaron a la jueza volver a investigar a la luz de un datito “nuevo” que había aparecido.

En realidad, también aparecieron más denunciantes. A Sacheri y Giletta se sumó la agrupación local de abogados Justicia y Concordia y la regional Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, dos ONG que batallan contra el proceso de juzgamiento de represores de la última dictadura cívico militar a quienes consideran “presos políticos”. También le pidió a la Justicia que investigue la bomba en la SSF como crimen de lesa humanidad Eduardo Kalinec, un genocida de la Federal condenado por haber secuestrado, torturado y desaparecido gente en los centros clandestinos del circuito ABO.

A Kalinec lo representan Ricardo Saint Jean, María Laura Olea y Celia Alarcón, defensores de diversos represores en varios juicios de lesa humanidad culminados y en curso. El padre de Ricardo, Ibérico, murió en prisión domiciliaria preventiva, en el marco de investigaciones judiciales por su participación en el terrorismo de Estado.

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En 2021 le fueron a tocar la puerta a Servini, que otra vez les dijo que lo que buscaban era imposible pues el hecho estaba prescripto. Como nueva prueba llevaban elementos que vinculaban a Montoneros con Líbano y Siria, elementos que convertían a la explosión de la bomba en la sede policial en un crimen de lesa humanidad. El dato resultó seductor para la Cámara Federal, que desempolvó la causa y la devolvió a la magistrada.

Pues no: Servini usó todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por instancias superiores a lo largo de dos décadas de expediente para reafirmar que no hay forma de que el explosivo de 1976 y sus efectos sean eje de una investigación penal. Citó a fiscales y camaristas para definir que la bomba que estalló en la SSF “no configuró un delitos de lesa humanidad ni un crimen de guerra así como tampoco un acto de terrorismo en los términos de la definición prevista en el Convenio Internacional para la represión del terrorismo ni una grave violación a los derechos humanos, con lo cual le eran aplicables las reglas generales atenientes a la vigencia de acción y en consecuencia los hechos estaban prescriptos”.

En cuanto a la nueva prueba, la titular del Juzgado Federal número 1 consideró que ningún elemento aportado “se relaciona en forma concreta y específica” con el caso bajo análisis. Así, citó que los denunciantes afirman que los militantes “estaban entrenados en técnicas de tiro, explosivos y táctica militar, adiestrados en campos de instrucción en virtud de convenios celebrados entre Montoneros y Al Fatah en 1978”. “O sea dos años después de ocurrido”, remarcó.

La llave de la Corte

Por supuesto, las partes querellantes ya apelaron la nueva negativa de Servini y todo indica que la cuestión llegará a la Corte Suprema. La sala I de la Casación –en su integración en 2011, compuesta por Raúl Madueño, Juan Fégoli y Mariano González Palazzo– ya había rechazado abrir la causa. Por estos días, la sala está a cargo de Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques.

En 2018, la Sala II de la Casación desactivó otro expediente que buscaba la judicialización de la militancia setentista: la investigación sobre la muerte del militar Argentino del Valle Larrabure, sucedida en 1975. El hijo de Larrabure, Arturo, había solicitado a la Justicia federal de Rosario que citara a indagatoria a Juan Arnol Kremer, el único integrante de la conducción del Ejército Revolucionario del Pueblo que continúa vivo. Sin embargo, no hay elementos que vinculen la muerte del militar con la agrupación armada fundada por Mario Roberto Santucho. En 2017, el juez Marcelo Bailaque rechazó el pedido y, a mediados del año siguiente, la Cámara Federal coincidió. El expediente descansa, desde 2019, en la Corte Suprema, que aún no emitió opinión.

¿Qué decisión puede tomar la Corte cuando tenga ambas causas en sus manos en un eventual gobierno de Milei y Villarruel? Es la gran duda que flota en el aire. Dos de sus cuatro miembros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, declararon aplicable en 2017 la ley 24.390 (conocida como 2 x 1) para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad.

La amplitud del concepto de “víctimas”

Arturo Larrabure fue uno de los voceros en el acto convocado y encabezado por Villarruel en la Legislatura porteña. Allí denunciaron que "durante la década de los 70 los terroristas atacaron a 17.380 ciudadanos inocentes". La cifra la reúne el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), la organización que preside Villarruel, su caballo en esta batalla, y que Larrabure integra.

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Para llegar a ese número, la agrupación considera como “víctima” a “toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales”. En el libro Los otros muertos, Villarruel y el abogado Carlos Manfroni, que renunció a la vicepresidencia del CELTyV para integrar el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich en 2016, contabilizaron 1094 muertes entre 1969 y 1980, las cuales no todas pudieron atribuir a las agrupaciones guerrilleras. Letra P intentó comunicarse con Villarruel y Larrabure para saber el correlato de estos hechos en la Justicia, pero no atendieron a las preguntas.

estela de carlotto: nos van a gobernar los represores
Victoria Villarruel el 13 de agosto en el búnker de La Libertad Avanza. FOTO: Victoria Gesualdi.

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