La administración de Javier Milei le reclama a Tierra del Fuego la devolución de fondos destinados a obras portuarias que nunca se realizaron y apunta contra el funcionario del área Roberto Murcia. El caso, que involucra al sistema de puertos provincial, escala hacia una posible denuncia penal en medio de tensiones entre Nación y la gestión fueguina de Gustavo Melella.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dirigida por Iñaki Arreseygor, formalizó un reclamo administrativo para exigir la devolución de $547.842.000, monto actualizado del préstamo de $200 millones otorgado en 2021 para construir una terminal de cruceros y un muelle sobre el Canal de Beagle.
Hasta el momento, no hubo respuesta ni de la Dirección Provincial de Puertos ni del mandatario fueguino.
Fuentes del sector indicaron que la agencia nacional analiza avanzar por la vía judicial, con una demanda civil contra la provincia para recuperar los fondos y una denuncia penal contra Murcia, quien firmó el convenio que establecía el destino exclusivo del dinero.
El acuerdo entre Nación y la provincia establecía que, si la obra no se ejecutaba en un plazo de 36 meses, los fondos debían ser reintegrados. Ese vencimiento ya operó sin avances en el proyecto.
En paralelo, en enero de 2026 el Gobierno intervino el puerto de Ushuaia por 12 meses tras detectar irregularidades, entre ellas el desvío de fondos propios para cubrir gastos corrientes.
Una auditoría de la ANPyN identificó redireccionamientos por más de $5000 millones sobre un presupuesto estimado en $20.000 millones.
Murcia no respondió a la intimación oficial sobre el destino de los $200 millones y sostuvo que el avance de la obra está condicionado por la intervención del puerto. Sin embargo, desde la Nación remarcan que los fondos fueron transferidos en 2021, años antes de esa medida.
“Los recursos no están y no hay explicación sobre su uso”, señalaron fuentes oficiales sobre la gestión del organismo portuario fueguino.
Entre las irregularidades detectadas por la ANPYN figuran fallas estructurales en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y deficiencias en la separación de áreas operativas, con riesgos para la seguridad, especialmente en temporada de cruceros.
Murcia, que continúa como vicepresidente del Consejo Portuario Argentino, quedó bajo presión tanto por su gestión como por el frente político. En el entorno del gobernador Melella lo señalan como principal responsable de la crisis del Puerto de Ushuaia.
También cuestionan la falta de reacción ante las advertencias de Nación y la estrategia adoptada tras la intervención, incluida la contratación de un estudio jurídico que habría costado más de u$s 60.000.
