El responsable del área portuaria provincial está en la mira por la contratación de un estudio jurídico que desplegó una defensa errática y cara.
Roberto Murcia, el director provincial de puertos de Tierra del Fuego, en medio de la tormenta
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sufrió otro tropiezo en su intención de revertir la intervención sobre el puerto de Ushuaia, dictaminada por parte del gobierno nacional en enero pasado a raíz de las deficiencias operativas y financieras detectadas en la terminal que precipitaron la decisión federal.
Ahora, la estrategia judicial del Ejecutivo fueguino quedó bajo la lupa por sus deficiencias y por sus costos. En el centro de las miradas quedó el responsable de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, quien contrató a un estudio jurídico por 60.000 dólares para organizar el andamiaje jurídico de la provincia.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) intervino por al menos un año el puerto de Ushuaia el 21 de enero último. Retiró la administración al gobierno de Melella y designó al secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, al frente de la gestión operativa, técnica y administrativa de la principal terminal portuaria de la provincias más austral de la Patagonia.
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la intervención se tomó luego de una serie de advertencias que la administración nacional realizó durante 2025 a las autoridades fueguinas por deficiencias estructurales, operativas y financieras del puerto.
Tras la medida, el gobernador Melella firmó personalmente un pedido de cautelar en la Justicia Federal de Ushuaia con el objetivo de revertir la intervención. Sin embargo, ese movimiento que buscó cargar de simbolismo político al acto administrativo desnudó serias fallas en la estrategia judicial.
En primer lugar, la Justicia le marcó al mandatario que debía ser el Fiscal de Estado quien hiciera la presentación judicial. Además, lo amonestó porque el Secretario Legal provincial no tenía la matrícula judicial habilitada para poder participar del proceso.
Sucede que el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, rechazó representar a la provincia en dicho proceso, considerando en una carta pública que tuvo “divergencias sustanciales” con la estrategia legal del Ejecutivo fueguino.
Martínez de Sucre cuestionó el ámbito de la presentación y el órgano que la impulsó. También cuestionó la “inacción” de la Dirección Provincial de Puertos ante los reiterados reclamos que precedieron a la intervención de la ANPYN.
Finalmente, el juez Federico Calvete, al frente del Juzgado Federal de Ushuaia, envió las actuaciones a la Corte Suprema, debido a que el máximo tribunal es el organismo competente para una disputa entre una provincia y una agencia nacional.
Las dificultades en el terreno judicial que afronta el gobierno fueguino para intentar revertir la intervención del puerto de Ushuaia se vieron salpicadas además por la difusión de la contratación de un estudio jurídico por 60.000 dólares por parte de la Dirección Provincial de Puertos que conduce Murcia para organizar la estrategia judicial de la provincia.
Medios fueguinos denunciaron que Murcia ya tenía un contrato en la DPP por 1,5 millones de pesos mensuales con dicho estudio, precisamente por consultorías legales. La inversión provincial no parece redundar en resultados, aunque acumula problemas.
En los pasillos de la gobernación y en el gobierno nacional coinciden en señalar a Murcia como uno de los grandes responsables del estado de situación y el abandono del puerto de la capital fueguina. De hecho, Melella lo conminó a poner la cara ante la prensa y arrecian las versiones sobre su desplazamiento. Sin embargo, la vicegobernadora Mónica Urquiza lo sostiene como parte del acuerdo político entre distintas fuerzas que conforman al oficialismo fueguino.
Urquiza es la única dirigente de peso del Movimiento Popular Fueguino que continúa aliada a Melella, luego de la salida a viva voz del oficialismo de varias figuras de peso del histórico partido provincial.
Murcia también intenta sostenerse a partir de su lugar en el Consejo Portuario Argentino, un organismo que representa a puertos de las provincias, pero que en la actualidad carece de injerencia real en la actividad.