CONTRARRELATO LIBERTARIO

Por qué Javier Milei se toma más tiempo para abrir la canilla de la privatización de AySA

Elegida entre las primeras para vender, todavía no se definió cómo será la nueva concesión ni el marco regulatorio. Mejores números, tarifas y año electoral.

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que el gobierno de Javier Milei esperaba activar en los primeros meses de 2025, se demora más de lo previsto y recién podría concretarse durante el segundo semestre del año, justo cuando comience a tomar calor la campaña electoral.

El relato libertario ubicó a AySA entre las primeras empresas estatales que iban a ser transferidas a manos privadas porque su estructura accionaria ya estaba adaptada para la incorporación de capitales privados y por contar con el apoyo (silencioso) del gremio de trabajadores de Obras Sanitarias que encabeza José Luis Lingieri.

El entusiasmo inicial por privatizar los servicios de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Capital Federal y 26 partidos del Gran Buenos Aires se diluyó cuando especialistas y abogados que conocen el tema advirtieron que, previo a poner el cartel de venta, el Gobierno tiene que elaborar y aprobar un nuevo contrato de concesión y un marco regulatorio adaptado a la nueva realidad operativa.

Técnicos de la empresa estatal a cargo de Alejo Maxit, exfuncionario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y ex director de Telecom, prevén que estas normativas estarán terminadas antes de mediados de año con el fin de salir a buscar oferentes a partir del segundo semestre.

La privatización de AySA

Hasta ahora, la idea que predomina en la empresa y entre quienes colaboran con el ministro de Economía, Toto Caputo, es poner en venta el 90% de las acciones de AySA que están en manos del Estado nacional.

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La privatización de AySA en la era Javier Milei

La privatización de AySA en la era Javier Milei

La propuesta en estudio mantendría el esquema actual que tiene a la empresa como “concesionaria y operadora” de los servicios y al Estado como dueño de los activos y la infraestructura.

Lo que restaría definir es la forma de venta: por medio de una licitación pública nacional e internacional o por la vía de una subasta de acciones en la Bolsa local.

El 10% restante de la sociedad seguiría en poder de los trabajadores a través del Programa de Participación Accionaria (PPA) que le garantiza al gremio una silla en el Directorio.

Expertos consultados por Letra P advierten que, antes de salir a privatizar AySA, la gestión mileísta tiene que esclarecer tres puntos que impactan sobre el valor de la empresa y en la futura prestación de los servicios:

  • Quiénes definirán los planes de expansión de las redes de agua potable y cloacas y cómo se van a financiar y repagar las obras.
  • Cuál será el cuadro tarifario inicial y los mecanismos de actualización que tendrá el nuevo concesionario.
  • Qué pasará con el Ente Regulador de Agua y Saneamientos (ERAS) y la Agencia de Planificación (APla), los organismos de control y planificación de obras que fueron creados durante la gestión de Néstor Kirchner tras la estatización de la ex Aguas Argentinas.

Aumentos tarifarios y mejores números

Con aumentos tarifarios constantes y ajustes internos implementados durante el primer año de la administración libertaria, la conducción de AySA consiguió eliminar los números en rojo que había heredado de la gestión de Malena Galmarini, poniendo a la empresa en una situación de equilibrio con ingresos que le permiten cubrir los gastos operativos y las obras de mantenimiento.

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Tarifa social en las boletas de AySA en la era Javier Milei

Tarifa social en las boletas de AySA en la era Javier Milei

Un memo interno que hizo circular el Directorio de la compañía detalló alguno de esos “logros”:

  • La eliminación de subsidios con un acotado régimen de tarifa social.
  • El redireccionamiento de obras dejando de lado cuestiones políticas, una reducción en la cantidad de empleados del 20% mediante retiros voluntarios que achicaron el plantel operativo de 7.700 a 6.300 personas.
  • Una mejora en la cobrabilidad de las facturas que bajó la morosidad del 16% al 12%.

La motosierra libertaria en AySA

La motosierra libertaria en AySA también se llevó puestas varias delegaciones de atención al público que estaban ubicadas en el Gran Buenos Aires, las cuales fueron cerradas y reemplazadas por un sistema de oficina virtual.

A su vez, el último trabajo del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet) reveló que, a lo largo de 2024, la factura promedio de AySA de un cliente residencial acumuló un incremento de 331%. Comenzó en enero pasado pagando $6.677 y pasó a abonar en diciembre una boleta promedio de $28.785 mensuales.

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En cuanto a los aportes económicos estatales, el informe precisó que entre enero y noviembre la empresa recibió un total de subsidios de $32.129 millones destinados, básicamente, a atender los pagos derivados de los retiros voluntarios. Medida en términos reales, esta suma implica una caída del 59% con respecto a la ayuda oficial que le había girado en 2023 la administración de Alberto Fernández.

Tras un aumento inicial del 209% aplicado desde abril pasado, AySA comenzó a ajustar sus tarifas mensualmente con una fórmula polinómica que tomaba en cuenta el índice de mejora salarial (45%); la variación de los precios mayoristas (44%) y la inflación a nivel minorista (11%).

Con el fin de seguir apuntalando el descenso de la inflación y la estabilidad de los precios, Caputo resolvió limitar el ajuste del 3,29% que iba a aplicar AySA en enero a un mínimo de 1%.

La resolución que limitó el porcentaje de aumento también estableció otra medida que beneficia transitoriamente a las personas usuarias: neutralizó los incrementos que iban a correr en los meses de febrero y marzo y le ordenó a la empresa que elabore una nueva propuesta de adecuación tarifaria que le permita garantizar el equilibrio económico y financiero a partir del segundo trimestre del año.

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