El Banco Mundial aprobó un crédito por u$s1.000 millones para ese destino. El fondeo será clave para las áreas de transporte y energía. Prorroga la emergencia.
Crédito del Banco Mundial para mantener los subsidios
Primero fue la campaña para que clientes de hogares de bajos recursos no pierdan subsidios en los servicios de luz y gas. Ahora el gobierno de Javier Milei, cuyo relato es eliminar estos beneficios, consiguió un préstamo del Banco Mundial por u$s1.000 millones para seguir sosteniendo las tarifas sociales en las áreas de energía y transporte.
El organismo multilateral confirmó este miércoles que destinará u$s500 millones para el "apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público".
Esto permitiría garantizar la tarifa social en el transporte, que ofrece un descuento del 55% en la tarifa en 61 localidades del país donde está disponible la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Las personas jubiladas y aquellas que perciben prestaciones sociales son los principales alcanzados por este beneficio.
El Banco Mundial anunció que también enviará otros u$s500 millones para "apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable".
El fondeo que recibirá la administración libertaria se usará en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), que maneja los subsidios energéticos.
Fuentes oficiales aseguraron que esto facilitará "la creación de nuevos mecanismos para recolectar la información disponible en otros registros".
Al otorgar el crédito con este destino, el Banco Mundial espera que “el esquema de subsidios sea más eficiente” y “reduzca el consumo eléctrico".
Ambos proyectos son préstamos de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de siete años.
A principios de noviembre, el ministro de Economía, Toto Caputo definió una nueva política energética con ajustes tarifarios más acotados y atados al objetivo gubernamental de amortiguar el aumento de los precios y consolidar el sendero descendente de la inflación.
El titular del Palacio de Hacienda dio el primer paso en este sentido a mediados de octubre, cuando ordenó suspender la audiencia pública que el ex titular de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo había convocado para aprobar los aumentos y nuevos cuadros tarifarios de las transportistas eléctricas que iban a regir entre 2025 y 2029.
Tal como viene contando Letra P, la administración mileísta justificó la decisión de dar marcha atrás con las Revisiones Quinquenales Tarifarias (RQT) de las operadoras de las redes de transporte eléctrico en la reacción "positiva" de las medidas económicas adoptadas por Caputo. También argumentó que ante “la notoria desaceleración inflacionaria verificada hasta el momento, resulta razonable y prudente postergar la realización de la audiencia pública hasta la fecha que oportunamente se determine”.
El Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto 1023/2024, prorrogando hasta el 9 de julio de 2025 la emergencia en el sector energético, inicialmente establecida por el decreto 55/2023 y que abarca a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
Según el texto oficial, para alcanzar los objetivos de garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios en un contexto de crisis estructural "resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025, con el fin de permitir que los órganos competentes continúen adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos".
Asimismo, el decreto instruye a la Secretaría de Energía a "mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios".
Además, se pospone hasta esa fecha la vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de revisión iniciados en 2023.
En este marco, la normativa establece que "la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 9 de julio de 2025". También dispone que en el proceso de adecuación tarifaria se apliquen "mecanismos que posibiliten la participación ciudadana".
El decreto prorroga, además, la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) hasta que se constituya y ponga en funcionamiento el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la ley 27.742.
La norma invita a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para reforzar la prestación de los servicios eléctricos bajo sus jurisdicciones.