El Gobierno y la entidad empresarial ya consensuaron avanzar luego de las elecciones legislativas. La CGT también está en la discusión, pero duda.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, con reclamos a Javier Milei
El gobierno de Javier Milei y la Unión Industrial Argentina (UIA) consensuaron los trazos gruesos de una reforma laboral para llevar al Congreso después de las elecciones. Discuten reducir feriados no laborables, limitar las licencias sindicales de los delegados y establecer rangos de montos indemnizatorios según antigüedad de los trabajadores despedidos. La entidad fabril rechaza el fondo de cese laboral.
“El Consejo de Mayo puede funcionar, ahí están sentados los sindicalistas y, por la UIA, está Martín Rappallini, que no es Daniel Funes de Rioja; es un empresario que entiende a las pymes y no representa multinacionales enormes”, dijo a Letra P un ejecutivo de la UIA.
“La modernización laboral es una de las columnas de la recuperación de la competitividad de la industria”, aseguró un dirigente gremial empresario que representa a uno de los sectores productivos más importantes del país y es escuchado en la UIA.
El empresariado busca que se establezcan pautas concretas para el pago de los juicios laborales, de modo de “limitar la creatividad contable en los fallos judiciales que determinan las indemnizaciones”.
Voces de la UIA indicaron que "el problema es que en los últimos años, con el kirchnerismo, los delegados sindicales de las pymes comenzaron a presentar licencia gremial por todo, te falta diez días en el mes y los compañeros ven que les pagas a todos lo mismo”.
"Lo que hay que cambiar son las licencias sindicales de los delegados", reclamó y graficó: "La ley indica que cada diez trabajadores se puede designar un delegado. Las empresas que tienen 50 trabajadores deben tener dos representantes gremiales y las que tienen 100, llegan a tres delegados".
Otro cambio que reclaman es la cantidad de feriados. “No se puede ser competitivo con un año de 18 feriados cuando Italia tiene seis”, explicó un empresario a Letra P y detalló: “El argumento del turismo es muy lindo, pero lo bancan con la nuestra”. En el mismo sentido, según explicó, quieren limitar “los días de asueto por rama de actividad, como hizo el gobierno con el día del trabajador del Estado”.
Respecto del Fondo de Cese laboral que el gobierno dejó listo listo para que los gremios y el empresariado lo utilicen en reemplazo del sistema clásico de indemnizaciones, un referente pyme del sector curtiembre y un representante del sector alimenticio coincidieron en que “es un negocio financiero, hay gente contenta con esta propuesta, pero en una fábrica donde el trabajador puede llegar a tener 20 a 25 años de antigüedad, a mí no me deja tranquilo que esta plata la maneje otra persona”.
En el Consejo de Mayo se va a pulir el texto de la reforma laboral para diciembre. Este proyecto derivó del que había trabajado la UIA con Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y ex secretario coordinador del Ministerio de Economía a cargo de Toto Caputo. En aquel momento lo denominaron mini RIGI o ley de promoción para pymes.
El secretario de la UOCRA, Gerardo Martínez, representa a la CGT en el Consejo de Mayo. El secretario general de UPCN y adjunto de las CGT, Andrés Rodríguez, apoyó la participación de la central obrera nacional en este ámbito. “Como entramos, podemos también salir. Tenemos un criterio modernista de reforma laboral, pero rechazamos que sea para conculcar derechos de los trabajadores”, advirtió.
Voceros de la CGT reiteraron que la reforma pasa por adecuar los convenios colectivos. Entre los ejemplos que citan están: la adecuación de convenios de los mecánicos de Smata con la automotriz Toyota; el acuerdo entre las empresas petroleras y sindicatos para adecuar el convenio colectivo del personal relacionado con el yacimiento de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta; y el convenio exclusivo que desarrolló el Sindicato de Carga y Descarga para la planta de logística del depósito que Mercado Libre tiene en La Matanza, que habilita turnos fijos y/o rotativos, no contempla horas extras y no fija categorías.
"La reforma laboral está en la calle, en la última década se crearon el doble de monotributistas que los empleos registrados nuevos, sin contar la situación de los trabajadores de aplicaciones", dijo un abogado que litiga en el fuero penal bonaerense. Según el INDEC, la tasa de empleo no registrado en las ciudades alcanzó el 42% durante el cuarto trimestre de 2024.
El contexto para planificar una reforma laboral no puede ser peor, el propio Rappallini advirtió que si la industria no logra reactivarse, la previsión para 2025 es que se “se pierdan entre 60.000 y 70.000 empleos industriales, casi el doble de los 39.000 de 2024”.
La cantidad de empleados industriales en blanco está por debajo del piso que tocó en julio de 2024, mientras que el conjunto del empleo privado, cayó en marzo de 2025, pero no perforó el piso del año pasado.
El gobierno libertario ya había avanzado en la reforma laboral: el texto de la ley Bases (27.742) aprobado en 2024 generó un blanqueo laboral, la ampliación del plazo de prueba para el ingreso de un trabajador de tres a seis meses, y hasta ocho meses y un año, según el tamaño de las empresas.
Asimismo, se eliminaron sanciones y multas para los empleadores a los que se les detectan trabajadores sin declarar; y se creó la figura del “trabajador independiente con colaboradores", que no genera obligaciones laborales para titulares de pequeños emprendimientos que tomen personal.
La justicia frenó el capítulo laboral del DNU 70, en el que se quisieron eliminar las horas extra y el derecho de huelga.
En diálogo con Letra P, el empresario pyme y dirigente textil Raúl Hutin aseguró que una reforma laboral debe frenar “la industria del juicio como tema fundamental, hay mucho negocio, las indemnizaciones son desproporcionadas. Muchos empresarios preferimos achicarnos que tomar un trabajador, que muchas veces, es igual a un juicio, que te sale un fangote. También hay que revisar el sistema de ART”.
El presidente de Apyme, Julián Moreno, aseguró a este portal que "el salario de los trabajadores es nuestra fuente de ingresos principal, hay que pensar una reforma integral. Hay más trabajadores precarizados que formales con derechos y así se deteriora la masa salarial del conjunto de los trabajadores".
Sobre el Fondo de Cese dijo que "el reemplazo del sistema indemnizatorio por un seguro tiene como positivo que, si la empresa quiebra el trabajador puede cobrar, pero la indemnización representa también un obstáculo para los despidos masivos.
"En períodos recesivos, las reformas laborales, suelen ser perjudiciales para los trabajadores y por lo tanto, para el mercado interno”, planteó.
Fuentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), que conduce Marcelo Fernández, explicaron que “es necesario que sea obligatorio que los delegados sindicales trabajen” y remarcaron que un problema actual es “la solidaridad de los empresarios en juicios por accidentes de trabajo, que te pagan el 50% y eso mata empresas”.