La industria rechaza el fondo para pagar indemnizaciones que colaron Toto Caputo y Federico Sturzenegger. Para las pymes, el problema de los juicios continúa.
Toto Caputo impuso el Fondo de Asistencia Laboral
Martín Rappallini, de la UIA, no pudo frenar los cambios al proyecto de ley de reforma laboral
El texto del proyecto de reforma laboral que envió Javier Milei al Senado no conformó a la Unión Industrial Argentina (UIA), aunque su presidente, Martín Rappallini, integró el Consejo de Mayo y aportó un borrador propio. El industrial no pudo frenar los cambios de último momento que introdujeron Toto Caputo y Federico Sturzenegger. La Sociedad Rural Argentina, en cambio, festejó.
El complejo agroindustrial celebró especialmente las exenciones impositivas incluidas en el nuevo Régimen de Impulso a las Medianas Inversiones (RIMI), pensado para promover desembolsos del sector que habían quedado fuera del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
La SRA respaldó de inmediato el proyecto y lo atribuyó a su propio lobby: “Incluyeron todas nuestras propuestas en el texto”, difundió la entidad.
En paralelo, las pymes advirtieron que el articulado mantiene un nivel de discrecionalidad judicial que no resuelve el problema de las indemnizaciones y alertaron que no hay reforma laboral posible “si sigue el cierre de empresas”.
“El borrador que trabajó la UIA con el Grupo de los Seis era más coherente y más equilibrado. Muchas manos en un plato hacen garabato”, afirmó a Letra P un dirigente industrial cercano a Rappallini. En esa línea, el primer reclamo formal apunta al artículo 62, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y obliga a todas las empresas privadas a aportar el 3% de las remuneraciones para financiarlo.
“Vamos a pagar por un trabajador que quizá jamás despidamos y, por otro lado, van a cobrar otros que hayan sido despedidos con causa”, explicaron en la central fabril, en la que también deslizaron: “Pudimos corregir otros injertos apenas quince minutos antes de la presentación”.
Desde la zona núcleo, un empresario fue más directo: “Ese fondo lo metió Caputo por la ventana y generó un negocio para sus amigos”. El sistema prevé que los aportes empresariales —que pertenecen a los trabajadores— sean administrados por entidades financieras privadas que cobrarán comisión independientemente del rendimiento del fondo, un mecanismo que despierta ecos del régimen de las extintas AFJP.
En tanto, la UIA admitió a este medio que “muchas propuestas técnicas quedaron plasmadas”, aunque aclaró que “no es un respaldo total al texto”.
Sturzenegger, por su parte, recuperó en el artículo 128 su histórica ofensiva contra los convenios colectivos que obligan a los empleadores a realizar aportes o contribuciones a cámaras, asociaciones o agrupaciones empresariales.
La medida golpea a entidades como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y a otras organizaciones gremiales empresarias cuya actividad se sostiene en parte con esos ingresos: “Rompe organizaciones que defienden al entramado pyme”, lamentaron.
Walter Andreozzi, secretario de la Federación Industrial de Santa Fe, sostuvo ante Letra P que “para las pymes es esencial recuperar niveles de actividad primero, para luego abordar el tema laboral. El actual escenario no genera expectativas de incorporar personal”.
El dirigente planteó que es necesario avanzar en una modernización del derecho laboral, pero también “garantizar una aplicación racional por parte de la justicia”. Y agregó: “Necesitamos certidumbre para que, al momento de la contratación, las partes conozcan sus derechos y obligaciones en forma simple, y no que cada juez actualice con tasas diferentes”.
Leandro Tercic, director de Valmec —pyme dedicada a la fabricación de válvulas y piezas para la industria hidrocarburífera— sostuvo que la iniciativa “no da respuestas al problema más acuciante, que son los juicios laborales”. Según explicó, “al despedir a un trabajador pagamos la indemnización, pero durante dos años esa persona puede demandar con argumentos inventados que muchas veces terminan en cifras millonarias”.
El empresario textil Raúl Hutin fue aún más crítico: “En un contexto de cierre de empresas, la reforma laboral deja de servirnos. Lo más grave no es el límite a las indemnizaciones, sino cómo se maneja la justicia laboral, que inventa actualizaciones e intereses que nadie sabe de dónde salen”.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), afirmó a Letra P que el sector acompaña la iniciativa: “Nos interesa el capítulo de inversiones, porque no existe un marco regulatorio para el agro. El RIGI excluyó al agro”.
La reforma incorpora, en su apartado tributario, el RIMI, que prevé exenciones impositivas para inversiones que van desde u$s 150.000 para mipymes hasta u$s 30 millones para grandes empresas. Ese esquema surgió del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que preside José Martins e incluye a Coninagro, la Mesa de Carnes y las Bolsas de Cereales del país. La propuesta fue entregada a Caputo y al Consejo de Mayo a través de la senadora santafesina Carolina Losada.
La SRA emitió un comunicado de apoyo contundente en el que detalló los puntos que logró incluir: eliminación de la responsabilidad solidaria indiscriminada entre dueños de tierras y arrendatarios; eliminación de la figura del trabajador permanente discontinuo; un período de prueba de ocho meses; negociación salarial entre el sindicato y la Mesa de Enlace; y el propio Fondo de Asistencia Laboral, entre otros.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), cuyo expresidente es Daniel Funes de Rioja —titular del estudio en el que se redactaron los primeros borradores del proyecto— señalaron: “Muchos de nuestros lineamientos fueron incorporados, aunque no todo el contenido”.