A Rappallini le suspendieron una reunión en Diputados. Más reclamos fabriles. Juristas y asociaciones civiles observan posibles conflictos constitucionales.
A Martín Rappallini, el presidente de la UIA, no le aceptaron cambios en el súper-RIGI
La Unión Industrial Argentina (UIA) no logró que Javier Milei y Toto Caputo incluyan en el proyecto del súper-RIGI una cláusula que especifique qué tipo de contenido local deben tener las inversiones que accedan al paquete extraordinario de incentivos tributarios, aduaneros, cambiarios, laborales y a la estabilidad normativa por 30 años, que quiere aprobar el Gobierno.
“Hubo conversaciones con Pablo Lavigne y con el ministro Caputo, sin resultados; la redacción del proyecto que tiene dictamen de mayoría es una trampa para la industria nacional”, dijo a Letra P un integrante del Comité Ejecutivo de la UIA, que tiene su empresa en una provincia del centro del país.
Y detalló las dos cláusulas que van en contra de la industria nacional:
“No hay forma que una oferta local pueda competir en precio con una importación proveniente de China, donde la desventaja está en el origen, con subsidios cruzados y precio de dumping”, afirmó el empresario.
Al presidente de la UIA, Martín Rappallini, le suspendieron sobre la hora la reunión que había pedido con los integrantes de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que preside el santacruceño José Luis Garrido, un ex peronista que armó bloque propio y vota todos los proyectos de La Libertad Avanza.
Consultado por Letra P, Garrido dijo que no se reunió con representantes de la industria y afirmó: “No creo que perjudique aprobar esa iniciativa, yo acompaño el pedido de sesión y el proyecto del súper-RIGI que indica un contenido local del 20%”.
Rappallini respaldó el súper-RIGI, aunque advirtió que las empresas ya radicadas en el país deberían acceder a beneficios similares a los que contempla el nuevo régimen que la Cámara de Diputados tratará este miércoles. La iniciativa busca atraer inversiones hacia actividades con escaso o nulo desarrollo local, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.
En ese marco, la UIA planteó la necesidad de “incorporar mecanismos que favorezcan una mayor participación de proveedores de bienes nacionales”. La entidad propuso mantener un piso de 20% de contenido local, como ocurre en el RIGI, pero aplicarlo exclusivamente a bienes con valor agregado producido en el país. El objetivo es priorizar a los fabricantes locales de bienes transables y evitar que ese requisito se diluya en contrataciones que, por su propia naturaleza, se realizan en el mercado interno.
Según la central fabril, allí radica una de las principales debilidades del proyecto actual. La iniciativa no precisa qué tipo de bienes o servicios deben computarse para cumplir con el contenido local mínimo, por lo que ese 20% puede cubrirse con tareas vinculadas a la ejecución de una obra —como movimiento de suelos o trabajos de excavación— sin generar una demanda significativa para la industria manufacturera nacional.
“El problema es, en gran medida, que se exige igualdad de precio entre un proveedor local y las importaciones, cuestión que la industria nacional no está en condiciones actualmente”, explicó a Letra P Guido Zack, director del área de Economía del centro de estudios Fundar.
El economista detalló que Fundar propone que “la cláusula debe incluir la posibilidad de que el proveedor de Argentina pueda ofrecer un precio mayor, decreciente en el tiempo”. Por ejemplo, en el primer año de la inversión debe tener prioridad el proveedor nacional, aunque su oferta sea hasta un 20% superior al producto importado; y que ese diferencial baje año por año hasta alcanzar la igualdad de condiciones en el quinto período.
Zack dijo que “lo más peligroso del súper-RIGI es que va hacia una economía de enclave y con inversiones asintomáticas para el desarrollo del país". Y explicó que:
“Argentina debe construir una reputación creíble en el largo plazo, por su historia de volatilidad macroeconómica, estadísticas públicas poco confiables, cesaciones de pagos, controles cambiarios, confiscaciones de depósitos y rupturas contractuales. Pero dar garantías no es lo mismo que otorgar concesiones ilimitadas", afirmó Zack.
"El país cuenta con activos reales que las empresas globales buscan: energía renovable abundante, clima frío para centros de datos, conectividad submarina y recursos minerales estratégicos. Allí también radica un poder de negociación”, agregó.
El proyecto de súper-RIGI también recibió críticas de la Fundación Mediterránea, el centro de estudios económicos cordobés vinculado a empresarios del Círculo Rojo, entre ellos María Pía Astori (Astori Estructuras y Construcciones), Marcos Brito (hermano de Jorge Brito, presidente del Banco Macro), Sergio Roggio (Benito Roggio e Hijos, operador de la red de subterráneos de Buenos Aires, el Premetro y el ferrocarril Urquiza), la familia Urquía (Aceitera General Deheza), la familia Pagani (Grupo Arcor), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y Carlos Pulenta (Bodega Vistalba).
La Fundación Mediterránea publicó un informe lapidario en el que sostiene que el súper-RIGI es “otra isla en el océano de distorsiones” y advierte que el régimen impulsado por Caputo implica un riesgo adicional: “los beneficios pueden prácticamente duplicar la rentabilidad de grandes proyectos, pero al mismo tiempo amplían la brecha entre quienes califican para regímenes especiales y el resto de la producción”.
“Que los inversores más grandes e influyentes dispongan de vías especiales para eludir los déficits institucionales lleva a que se debilite la presión por reformas generales que beneficien a toda la economía”, señala el documento.
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil difundió un documento crítico sobre el súper-RIGI, en el que advierte impactos negativos en materia ambiental, social, de derechos humanos y soberanía económica.
Según el informe, el régimen no se ajusta plenamente a la Constitución nacional, delega en el Poder Ejecutivo facultades propias del Congreso para definir las actividades alcanzadas, prioriza la inversión por sobre otros derechos, no establece exigencias claras sobre uso de agua, energía o emisiones de carbono y, además, debilita la soberanía jurídica al habilitar la resolución de conflictos en tribunales internacionales como el CIADI y otros mecanismos de arbitraje extranjero.
Entre los firmantes están Amnistía Internacional Argentina, Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y otras 17 entidades como ATTAC Argentina, Asuntos del Sur, el Taller Ecologista y el Transnational Institute (TNI).