Tras la reforma laboral, Javier Milei impulsó normas a medida de grandes empresas: patentes, glaciares, juego, etiquetado y súper-RIGI. Lobby flojo de papeles.
Javier Milei aceleró un paquete de proyectos de ley que allanarían el camino para que grandes grupos de interés consoliden sus negocios. Las iniciativas para implementar el súper-RIGI, derogar del etiquetado de alimentos, prevenir (un poco) la ludopatía y regular el lobby se suman a otras afines al Círculo Rojo, antes de que la política se ponga en modo campaña.
Desde la sanción de la reforma laboral, el Gobierno avanzó con otros cambios regulatorios de alto impacto para distintos sectores económicos. Entre ellos, la modificación de la ley de glaciares, impulsada en acuerdo con los gobernadores de las provincias cordilleranas y celebrada por las empresas mineras.
El nuevo esquema prevé que la aprobación ambiental de los proyectos quede en manos de cada provincia, sin intervención de restricciones nacionales. Los gobernadores buscan promover esas inversiones en sus territorios, pero también conservar capacidad de negociación frente a las compañías.
Sin tanta cobertura mediática -aunque Letra P siguió el tema con mucho detalle- el Ejecutivo logró conciliar con la industria farmacéutica local nucleada en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) el texto para incorporar a Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, sus siglas en inglés). Es un reclamo histórico de las grandes corporaciones internacionales agrupadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) que Estados Unidos incluyó en el acuerdo bilateral con el país para bajar aranceles.
Para salvar la oposición de los grupos argentinos, incorporó una salvaguarda para no adherir automáticamente al capítulo 2 del texto, que permite tomar la recomendación no vinculante de organismos internacionales para extender la exclusividad de una patente. Daniel Sielecki, socio de Hugo Sigman en Elea, y ejecutivos de Roemmers fueron algunos de los aportantes en las cenas de recaudación de la Fundación Faro, el think tank que canaliza fondos para La Libertad Avanza.
Los laboratorios internacionales, como Johnson & Johnson, Pfizer y Roche, celebraron. Visitaron a Milei y anunciaron que aumentarán la inversión en ensayos clínicos hasta los u$s 8000 millones en seis años. Actualmente, destinan u$s 750 millones al año a estas investigaciones.
El recorrido legislativo siguió con la media sanción de la ley que quita subsidios al gas en zonas frías y condona una multimillonaria deuda a distribuidoras eléctricas, principalmente a Edenor y a Edesur.
De ratificarse en el Senado, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), controlada por el Estado, dejará de reclamarles unos u$s 1500 millones a las empresas del grupo que controlan José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti y a la firma de la italiana Enel.
El envío de los proyectos de ley de esta semana -un intento exitoso de redirigir la discusión desde la interna política y la falta de explicaciones por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hacia la gestión- tiene destinatarios directos.
El súper-RIGI apareció sin muchas explicaciones en el centro de la discusión, con un paquete de beneficios impositivos adicionales al del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones vigente que nadie esperaba. Entre ellos, la tasa máxima del impuesto a las Ganancias del 15% y la reducción de cargas laborales. El proyecto se difundió luego de la reunión de Toto Caputo con Peter Thiel. Su empresa Palantir suena como una de las beneficiarias del paraíso libre de impuestos para la instalación de data centers con el que sueñan Milei y su ministro de Economía.
La necesidad de blindar esas inversiones -generalmente extractivas en energía y agua y poco agregado de valor- con desgravaciones adicionales entra en contradicción con el megaanuncio que había hecho Sam Altman, de OpenAI, durante la campaña electoral del año pasado. Participó del lanzamiento de un desembolso por u$s 25.000 millones para traer esos data centers a la Patagonia, bajo el paraguas del RIGI original.
Sur Energy, una firma que encabeza el emprendedor tecnológico Emiliano Kargieman, cercano a Demian Reidel, preveía iniciar los trámites durante el primer trimestre. Lo habían estudiado y les había parecido conveniente. Reidel cayó en desgracia, Kargieman dejó de responder a algunos de sus interlocutores argentinos y no se supo más nada.
El proyecto de ley para derogar el Etiquetado Frontal que firman Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, tomó por sorpresa a la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la cámara que nuclea a las empresas, firme opositora al sistema de octógonos desde la discusión de 2021. No porque hubieran dejado de presionar por cambios, sino porque no estaban al tanto del envío del texto.
El proyecto, con mucho de batalla cultural, toma el reclamo de COPAL y propone derogar la ley de los octógonos. Las grandes empresas locales y multinacionales piden cambios porque consideran que la normativa argentina es la más restrictiva de la región, pero no se animaban a tanto.
Fuentes de las alimenticias dijeron a Letra P que Copal trabajaba con funcionarios en la armonización de los sistemas de etiquetado a nivel Mercosur, un recorrido que tiene muchas idas y vueltas. De todos modos, celebraron y apoyaron la iniciativa. Proponen ir a un modelo parecido al de Brasil, más laxo. Pero la derogación les resulta un traje a medida.
Más allá de los reparos de la industria, el sistema funciona. Un informe del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la UBA recogió que el 79% de la población modificó sus hábitos de compra con el etiquetado y más de la mitad de los encuestados dijo haber dejado de consumir algún producto con octógono y haber reemplazado alimentos ultraprocesados por opciones más saludables.
Con las apuestas online pasa algo parecido. El Gobierno envió un proyecto con las firmas de Milei, Adorni, Lugones y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que revierte buena parte de las prohibiciones contenidas en un texto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y duerme en el Senado.
El proyecto del Ejecutivo solo prohíbe la publicidad de sitios ilegales, pero no restringe la difusión del juego legal en los espectáculos deportivos ni en las camisetas. Tampoco evita la participación de deportistas o influencers en publicidades de sitios registrados, identificables con el dominio bet.ar. Además, quita restricciones taxativas a los controles biométricos que deberían implementar las casas de apuestas para evitar la participación de menores de edad.
La industria del juego legal se reunió Lugones y funcionarios de Karina Milei en Casa Rosada. El Gobierno les pidió opinión, tomó nota y armó el proyecto propio, dijeron fuentes del sector, que buscan mantenerse lejos de los flashes.
De prosperar la iniciativa del oficialismo, celebrarán los históricos dueños del juego, que migraron hacia las casas online. La pata local de Betwarrior es Federico De Achával, dueño de las máquinas del Hipódromo de Palermo. La familia Tabanelli, de Boldt, controla Bplay. Betsson tiene a Daniel Mautone (Casino Victoria) y Daniel Angelici como socios locales. Bet365 está vinculada a Pasteko SA, de Gastón Stefani, dueño de salas en Berazategui y Tandil.
Las casas legales de apuestas llaman al proyecto de la oposición “ley 1xBet”, en referencia al mayor sitio ilegal. Argumentan que las restricciones para jugar en las casas registradas son tantas que la gente prefiere irse a los prohibidos.
Sostienen que la regulación del juego y de la publicidad debe ser potestad de las provincias, que son las que registran a las casas de apuestas en sus territorios. Es un guiño a los gobernadores, que reciben una recaudación en ascenso por la mayor cantidad de apostadores y la alta carga tributaria: más del 60% de cada peso apostado son impuestos en el caso del juego online. Quizás los mandatarios provinciales tengan algo que ver con la siesta del proyecto en el Senado.
Irónicamente, el proyecto de ley de lobby sorprendió a los lobistas. El Círculo Dircoms, de directores de comunicación, y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas se enteraron por los medios. Impulsan la sanción de una norma que transparente la actividad -es uno de los pedidos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para darle el plácet a Argentina- pero plantearon que algunas regulaciones son excesivas y rozan lo inconstitucional.
Las ONG que defienden derechos civiles vincularon el proyecto con normativas de la Rusia de Vladimir Putin, la Hungría de Viktor Orbán y El Salvador de Nayib Bukele.
“Está genial que se transparente la gestión de intereses, pero me parece rarísimo que un gobierno con un jefe de Gabinete que no puede presentar una declaración jurada cree un mecanismo que obliga a un montón de privados a informar cada tres meses sus reuniones y establece sanciones penales poco claras. Los libertarios más locos del mundo”, se quejó un profesional.
