Proyecto oficial. Recorte del régimen ampliado y focalización por ingresos. Reconocimiento de activos regulatorios. Tarifas con traslado automático de costos.
Javier Milei y Toto Caputo insisten con la poda de subsidios y una millonaria compensación a Edenor y Edesur
Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para recortar subsidios y habilitar compensaciones a Edenor y Edesur. La iniciativa busca aval legislativo para avanzar sobre las zonas frías y para trasladar costos a tarifas, con cambios que impactan en usuarios y en el esquema energético.
Para los subsidios gasíferos del régimen de zona fría, la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados conserva el descuento del 50% en el valor del gas sólo para los beneficiarios originales, que son alrededor de 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Para los restantes 3,1 millones de hogares del resto del país que habían sido incorporados hace cinco años, se plantea un fuerte recorte para dejar en pie sólo a aquellos casos que se encuadren dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que prevé mantener la asistencia estatal exclusivamente para las familias cuyos ingresos netos no superen el valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT).
Financiado inicialmente con un recargo del 4,46% sobre el valor del gas, el esquema tarifario especial de zona fría fue creado hace más de dos décadas para cubrir únicamente a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
En 2021, tras un proyecto impulsado por el entonces diputado Máximo Kirchner y técnicos energéticos de La Cámpora, la gestión de Alberto Fernández extendió los beneficios a más de 3,1 millones de hogares con una tasa de recargo del 5,44%.
Esa ampliación incorporó a gran parte de la provincia de Buenos Aires, al centro y sur de Córdoba, al sur de Santa Fe, a Mendoza y a casi toda la provincia de San Luis.
Tras su llegada a la Casa Rosada, Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo, buscaron revertir la ampliación de los subsidios por medio de la ley ómnibus, pero frente a la resistencia de gobernadores y legisladores de las provincias beneficiadas debieron dar marcha atrás. En el Presupuesto 2026 intentaron avanzar con la misma modificación, pero se toparon con otro traspié en la cámara baja.
Ahora vuelven a insistir con la búsqueda de un respaldo del Congreso para llevar adelante la poda de esos subsidios, junto con la ratificación del decreto 266/26 que autorizó a Caputo a elevar el recargo tarifario actual del 7,5% sobre el precio del gas hasta un máximo de 11,25%.
Con el título de “Autosuficiencia económico-financiera del mercado eléctrico mayorista (MEM)”, el proyecto de ley también impulsa una millonaria compensación económica para las distribuidoras eléctricas, con Edenor y Edesur como principales beneficiarias.
Tras no haberla incluido en la ley de Presupuesto 2026, la administración mileísta activó otra movida para reconocer los “activos regulatorios” de las distribuidoras, acumulados por las diferencias entre los ingresos previstos en los contratos de concesión y los realmente percibidos como consecuencia de las leyes de emergencia tarifaria.
Con la convalidación oficial de esas diferencias, las empresas podrán utilizar los montos a favor para cancelar deudas y parte de la energía que compran a Cammesa, declinando previamente cualquier reclamo judicial o administrativo vinculado a las emergencias económicas.
Según cálculos de especialistas del sector consultados por Letra P, las sumas a compensar para Edenor —controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti— y Edesur, del grupo italiano Enel, superan los u$s 1500 millones.
Esos montos incluyen la actualización de aumentos del valor agregado de distribución (VAD) y de los planes de obras de las renegociaciones integrales de la gestión de Mauricio Macri que quedaron paralizadas desde 2019, más los ajustes contractuales no otorgados durante la administración de Alberto Fernández y los primeros meses del gobierno de Milei.
El esquema de compensación se extiende además a las transportistas eléctricas, que podrán usar los créditos a favor para el pago de multas y penalidades por deficiencias en el servicio e incumplimientos de inversiones.
Como incentivo para los gobernadores, el proyecto permite que las distribuidoras provinciales, estatales y privadas, utilicen las diferencias a favor por aumentos no aplicados desde la crisis de 2001 para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).
Otro punto significativo contempla una amplia autorización del Congreso para que el Ejecutivo disponga “el traslado automático” de los precios de la energía eléctrica y el gas a las tarifas finales de los usuarios.
El proyecto establece que el objetivo de la política energética es restablecer contratos entre privados para promover previsibilidad, abastecimiento e inversiones de largo plazo, con cambios normativos que garanticen el traslado automático de costos a tarifas.
Por último, el Gobierno busca aprobar la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2045 de la exención de gravámenes para proyectos de generación eléctrica renovable y derogar regímenes de promoción de hidrocarburos de 2013 y 2022, reemplazados por el RIGI.