YPF y otras energéticas financiarán trabajos viales en Neuquén a cuenta de regalías e impuestos. Santa Fe busca recursos para mejorar los accesos a puertos.
La decisión de Javier Milei de frenar la obra pública nacional empujó a las provincias a buscar financiamiento privado para sostener proyectos de infraestructura. En Neuquén y Río Negro, YPF y otras petroleras aportarán recursos para rutas estratégicas. En Santa Fe, el gobierno negocia un esquema similar con el complejo agroexportador para mejorar los accesos a los puertos.
Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, acordaron con YPF y las principales empresas que operan en Vaca Muerta un esquema de financiamiento público-privado destinado a resolver los cuellos de botella que presenta la red vial utilizada por la industria hidrocarburífera.
En paralelo, el gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa un esquema similar con el complejo agroexportador para mejorar los accesos al complejo portuario del Gran Rosario mediante una contribución específica que deberán afrontar las empresas agroexportadoras y el transporte de cargas.
La primera experiencia conjunta entre el sector público provincial y las empresas privadas para ejecutar obras que dejó de realizar la Nación se puso en marcha el año pasado en Neuquén, con la constitución de un fideicomiso integrado por diez productoras petroleras que aportaron los fondos necesarios para construir un bypass vial de 60 kilómetros en Añelo.
La obra permitió sacar del casco urbano el intenso tránsito de camiones y maquinaria que diariamente abastecen a los yacimientos de Vaca Muerta.
En mayo de este año, la provincia avanzó un paso más al firmar un nuevo convenio con YPF, Geopark, Harbour Energy, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral y Vista Energy.
El acuerdo prevé financiar un paquete de obras que comprende más de 1400 kilómetros de rutas nacionales y provinciales consideradas estratégicas para la actividad petrolera.
Las compañías, nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), se comprometieron a aportar los recursos necesarios para ejecutar esas obras.
Según los términos del convenio, esos desembolsos serán computados como anticipos de regalías, del canon extraordinario de producción, de Ingresos Brutos y de otros tributos provinciales vinculados con la actividad hidrocarburífera.
En ese marco, la semana pasada el presidente y ce de YPF, Horacio Marín, anunció la firma de un acta mandato con BID Invest para estructurar un financiamiento de hasta u$s 500 millones destinado a respaldar las obras viales que llevará adelante la provincia.
El objetivo central es resolver los problemas de circulación y el acelerado deterioro de las rutas provocado por el creciente movimiento de camiones que transportan la arena utilizada para la fractura hidráulica de los pozos de Vaca Muerta.
Actualmente, las petroleras de la cuenca neuquina consumen cerca de siete millones de toneladas anuales de arena silícea y, de acuerdo con las proyecciones del sector, esa demanda superará los nueve millones de toneladas dentro de dos años.
El abastecimiento desde las plantas procesadoras de Ibicuy y Diamante, en Entre Ríos; las canteras de Los Menucos y Allen, en Río Negro; y el yacimiento de Dolavon, en Chubut, implica el movimiento de unos 700 camiones por día sobre una red vial que ya opera al límite de su capacidad y requiere fuertes inversiones para su mantenimiento y ampliación.
En Río Negro, por su parte, la gestión de Weretilneck firmó con YPF un acuerdo de estabilidad fiscal y regulatoria para el megaproyecto Argentina LNG que incorpora una Contribución por Aporte Comunitario. Ese mecanismo le garantizará a la provincia ingresos del orden de los u$s 40 millones anuales para financiar obras viales y proyectos de seguridad.
En Santa Fe, el gobierno de Pullaro avanza con la creación de un fondo permanente para financiar las obras viales necesarias para mantener y ampliar los accesos a los puertos del Gran Rosario, por donde sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país.
La iniciativa contempla el cobro de una contribución de u$s 1,50 por cada tonelada de cereal transportada hacia las terminales portuarias. Ese aporte será afrontado por las empresas agroexportadoras y el transporte de cargas.
Según la visión oficial, el esquema permitirá financiar las inversiones que dejó de realizar la Nación y evitar el deterioro permanente que genera la circulación de más de dos millones de camiones por año hacia los puertos sobre el río Paraná.
Para responder a los cuestionamientos que despertó la propuesta, el gobierno provincial ofreció incorporar a representantes de los transportistas y de la cadena agroindustrial al control y la administración de los recursos que integrarán el fondo permanente para obras.
Mientras termina de consensuar ese mecanismo de financiamiento, la administración santafesina mantiene en carpeta una línea de crédito de u$s 150 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinada a obras viales y de infraestructura.
El préstamo —al que solo le resta la garantía soberana que la Nación debe otorgar ante el organismo internacional— será destinado al Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, orientado a fortalecer el principal nodo portuario y exportador del país.
La iniciativa apunta a mejorar la conectividad vial, reducir los costos logísticos y acompañar el crecimiento del complejo agroexportador, en un contexto en el que las provincias comenzaron a diseñar mecanismos propios para financiar obras de infraestructura que históricamente dependían del Estado nacional.
