Todo roto en la gremial del campo. Sin acuerdo para organizar la elección. Falló el software más importante y el presidente y su vice se tiran con de todo.
Marcos Pereda y Nicolás Pino totalmente enfrentados en la Sociedad Rural Argentina.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) encara las elecciones más conflictivas en 160 años de historia. El presidente, Nicolás Pino, busca su cuarto mandato y enfrenta a su vicepresidente, Marcos Pereda. La fórmula de 2021 cambió a rivalidad feroz, con acusaciones por incumplimiento del Estatuto y un contrato de u$s 4,5 millones por un software fallido de por medio.
La disputa por la conducción de la principal entidad gremial del sector agropecuario nacional cataliza las prácticas más cuestionadas del proselitismo tradicional. Involucra al Gobierno, debido a la amistad de Pino con el presidente Javier Milei y a las relaciones de Pereda como integrante del Círculo Rojo del poder.
Pino encabeza Presencia Federal y lo acompaña como candidato a vicepresidente Carlos Odriozola, dueño de la cabaña Las Martas en Rauch y titular de la Comisión de Carnes de la Sociedad Rural. Completa la nómina de vocales titulares Daniel Werthein, presidente de GNNW, la unidad agropecuaria del Grupo Werthein. El holding controla negocios en seguros, salud y desarrollos inmobiliarios, es propietario de DirecTV, acaba de comprar TyC Sports y participa de la licitación por la concesión de Tecnópolis.
En la lista figuran nombres como el correntino Ricardo Mathó Meabe y Alfonso Bustillo, socio 54 de la SRA, con su cabaña La Llovizna de Cañuelas, con nueve décadas de producción ganadera.
Pereda es el líder de Renovación con Unidad y su candidato a vice es Chulo Zuberbühler, un productor agropecuario del partido bonaerense de Navarro. En 2022 encabezó un tractorazo a Plaza de Mayo, en contra de una medida del expresidente Alberto Fernández y Pino, desde la SRA, lo desautorizó. Como castigo, le sacó el cargo que tenía en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como representante de la entidad.
La lista de Pereda está encabezada por dos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri: el productor Santiago del Solar Dorrego y Andrés Murchison, criador Angus y Brangus en Villa Valeria, Córdoba.
Le siguen Jorge Collinet, criador en Necochea de la genética Hereford, y el entrerriano Walter Feldkamp, que firmó una de las cartas contra la reelección de Pino. “No podemos criticar a los políticos que se atornillan al poder si replicamos esas mismas prácticas”, advirtió.
Desde el búnker de Pereda aseguran que las reuniones son cada vez más concurridas, que los grupos de WhatsApp de campaña crecen en integrantes: que están fuertes en Entre Ríos y Santa Fe y creciendo en Corrientes y Salta. Sin embargo, mucho se define en la provincia de Buenos Aires, donde afirman estar “muy bien en dos de los tres distritos en los que se divide”.
Actualmente, quienes respaldan a Pereda y Zuberbühler le reprochan a Pino un "seguidismo" de Milei que, sostienen, les impide marcar las diferencias que el sector mantiene con el Gobierno. Si bien acompañan el rumbo general de la gestión libertaria, cuestionan que el Presidente haya incumplido su promesa de eliminar las retenciones durante su primer mandato y advierten que muchos productores del interior ya operan con rentabilidad negativa.
También le critican que no haya puesto en agenda el deterioro de la infraestructura logística para el agro. Según plantean, el abandono de las rutas nacionales y de los accesos a los puertos incrementa los costos de producción y le resta competitividad al sector.
Argumentan que la SRA y, por propiedad transitiva, la Mesa de Enlace del Campo, no tienen margen para plantear cambios puntuales.
En el juego de las diferencias, Pino no tiene campo e hizo carrera dentro de la Sociedad Rural. Pereda acaba de vender junto a su familia 24.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y conservó la estancia El Potrero, en Gualeguaychú, mientras que su hermano mantuvo un campo en Pehuajó.
Sigue al frente del Grupo Bermejo, que centra su actividad en la forestación, en Entre Ríos, y vende materia prima a la pastera uruguaya UPM (ex-Botnia). También se dedica a la agricultura tradicional.
Pino y Pereda ganaron en 2021 y fueron reelectos en fórmula en 2023. Juntos cambiaron el Estatuto y establecieron un máximo de tres mandatos de dos años por presidente. Allí surgieron los problemas; Pereda asegura que Pino ya cumplió seis años en el cargo.
El actual presidente ostenta un dictamen de la Inspección General de Justicia (IGJ) de junio de 2025 que sostiene que el período 2024-2026 debe considerarse el primero bajo el nuevo Estatuto. Según esa interpretación, la reforma no computa retroactivamente los mandatos previos. Cerca de Pereda sostienen que ese dictamen “es no vinculante”.
El principal desacuerdo entre las partes pasa por el cronograma electoral. Unos 3500 socios están habilitados para votar mediante un sistema electrónico, pero todavía no hay consenso sobre cuándo abrir la urna digital. Desde la conducción de la Sociedad Rural informaron a Letra P que el proceso comenzará el 22 de julio, aunque evitaron precisar la fecha de cierre.
En el entorno de Pereda sostienen que Pino pretende mantener habilitada la votación hasta septiembre, cuando la Asamblea elegirá a las nuevas autoridades para un mandato de tres años. Eso implicaría un período de sufragio de casi 60 días, tres veces más que los 15 que rigieron la última elección.
"Es un gastadero de plata mantener durante dos meses el sistema informático de votación en la nube, con el costo adicional de las medidas de ciberseguridad. Además, si el proceso arranca en julio, coincide con la Exposición Rural de Palermo y tienen a todos los productores en el predio, a mano. Es usar la institución como aparato político de una línea interna", cuestionó ante Letra P un productor que integra el espacio de Pereda.
La implementación fallida del nuevo sistema informático para los registros genealógicos terminó de encender la campaña electoral en la Sociedad Rural. Apenas entró en funcionamiento, el software presentó fallas que afectaron a los socios propietarios de cabañas de cría. No se trata de un asunto menor: los registros genealógicos constituyen una de las funciones fundacionales de la entidad, ya que certifican la propiedad, la genética y el pedigrí de los animales de pura raza del país.
El certificado que emite la Sociedad Rural acredita internacionalmente la trazabilidad genética de bovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, equinos, ovinos, porcinos y otras especies de explotación tradicional en Argentina.
El espacio de Pereda atribuye el fracaso a una deficiente gestión de Pino. Sostiene que la conducción fue autorizando los pagos de cada etapa del proyecto sin verificar el correcto funcionamiento del sistema y que decidió habilitarlo para uso público sin un plan de contingencia. Según esa versión, el proyecto terminó demandando alrededor de u$s 4,5 millones.
"Queda claro que Pino no puede dejar la presidencia sin ordenar el desastre del software de los registros genealógicos, porque lo compromete directamente. También tienen responsabilidades el tesorero, Ángel Rossi, que liberó pagos de manera irresponsable, y el director del área, Raúl Etchebehere, que habilitó el sistema para los socios en enero de 2026 sin que estuviera debidamente probado, generando un perjuicio para cabañeros de todo el país", afirmó a Letra P un dirigente cercano a Pereda.
La conducción de la Sociedad Rural rechaza esa acusación. Pino atribuyó la contratación del sistema a la gestión encabezada por Pereda, quien en diciembre de 2021 lanzó el Plan Estratégico de la entidad junto a su asesor Gustavo Papini.
Pereda responde ese señalamiento con un argumento que repite en cada recorrida de campaña. "Hace tres años me apartaron de la gestión de manera unilateral; en los hechos me expulsaron del cargo para el que había sido elegido. Ni siquiera recibo el newsletter institucional y, por supuesto, nunca firmé los cheques para pagar un programa informático que no funciona", sostiene.
La empresa contratada para desarrollar el sistema fue Mobile Computing S.A., que posteriormente cambió su denominación por Grid Dynamics Holdings Inc. La conducción de la SRA señaló que la firma se encuentra bajo auditoría para determinar las causas del fracaso del proyecto y restablecer el funcionamiento del servicio de registros genealógicos.
En paralelo, unos 25 cabañeros, entre los principales criadores del país, enviaron dos cartas al presidente Pino para reclamar precisiones sobre la implementación del sistema. Según plantearon, el proyecto comenzó con un contrato de u$s 900.000 y terminó demandando desembolsos cercanos a los u$s 4,5 millones.