El ministro ofrece títulos por hasta $221.000 millones. El sector calcula acreencias de entre $400.000 y $600.000 millones y cuestiona las condiciones.
Toto Caputo lanzó un bono para pagar una deuda con constructoras, pero las empresas reclaman más del doble
Tras haber paralizado las obras públicas desde su llegada al Ministerio de Economía, en diciembre de 2023, Toto Caputo puso en marcha un mecanismo para cancelar, con bonos del Tesoro, parte de las obligaciones acumuladas con constructoras y contratistas del Estado. El plan alcanza solo una porción de los montos reclamados por las empresas.
A diferencia del esquema aplicado a comienzos de 2024, cuando el Gobierno canceló con un bono en dólares la totalidad de la deuda pendiente con las generadoras eléctricas, esta vez la propuesta cubriría apenas una parte de las acreencias que reclama el sector de la construcción.
Según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), presidida por Gustavo Weiss, las obligaciones impagas del Estado superan los $400.000 millones. Sin embargo, el titular de una de las principales constructoras consultado por Letra P estimó que, entre capital e intereses, la deuda total ya se ubica por encima de los $600.000 millones.
La letra chica del plan establece un plazo de apenas diez días hábiles para adherir al régimen y advierte que las primeras empresas en presentarse tendrán prioridad para acceder al cupo disponible de bonos, fijado en $221.119 millones.
De esta manera, cada contratista deberá optar entre aceptar el cobro inmediato mediante títulos públicos o continuar el reclamo por la vía administrativa y judicial, con la expectativa de recuperar el total de lo adeudado, junto con los intereses que eventualmente reconozca la Justicia.
El nuevo Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública fue aprobado mediante la resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, que conduce Fernando Hermann.
En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que "ante la indisponibilidad de créditos presupuestarios para hacer frente a la totalidad de las deudas relevadas, se consideró conveniente articular procesos que permitan poner a disposición de los contratistas de obra pública mecanismos e instrumentos alternativos para la cancelación de sus acreencias".
Para cancelar las obligaciones que sean reconocidas, Caputo habilitó la entrega de tres títulos públicos, sujetos a un cupo máximo de $221.119.509.519. La canasta quedó integrada por:
Al régimen podrán adherirse las empresas con contratos de obra pública celebrados bajo la ley 13.064 y aquellos financiados por organismos multilaterales.
Las acreencias alcanzadas comprenden certificados de obra, acopios de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de las obligaciones pendientes derivadas de contratos extinguidos desde 2024.
Las empresas que acepten cobrar mediante bonos dispondrán de apenas diez días hábiles para presentar la solicitud a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Los pedidos serán aprobados por orden de ingreso, por lo que quienes adhieran primero tendrán mayores posibilidades de acceder al cupo disponible.
Junto con la documentación respaldatoria de la deuda, las contratistas deberán presentar el detalle de los intereses por mora que atribuyen al Estado por la demora en el pago de certificados de obra y en la devolución de fondos de reparo y garantías.
El acuerdo quedará formalizado mediante un acta en la que las empresas deberán aceptar dos condiciones centrales.
La primera consiste en renunciar a todo crédito o reclamo vinculado directa o indirectamente con el contrato alcanzado por el régimen, incluida cualquier compensación por una eventual alteración de la ecuación económica y financiera derivada del pago con títulos públicos.
La segunda exige el desistimiento expreso de todas las acciones administrativas y judiciales iniciadas o por iniciar contra el Estado en relación con los contratos de obra pública comprendidos en el acuerdo.
Esta última cláusula obliga a las constructoras a incorporar al régimen la totalidad de los contratos pendientes de cobro, lo que en la práctica les impide conservar la posibilidad de acudir a la Justicia si consideran insuficiente la propuesta oficial o si el monto reconocido resulta inferior al reclamado.