El perdón no saldría por ley. ¿Cómo, entonces? Facultades del Ejecutivo, flojas de papeles. Pensar en verde sin dar explicaciones. Sobran las preguntas.
Dólar. La imagen fue generada con IA.
El blanqueo permanente que impulsan Javier Milei y Toto Caputo pone a la Argentina en riesgo de convertirse en el lavadero del mundo. La medida no saldría por ley, algo que indudablenente requeriría un nuevo perdón formal a la evasión. ¿Cómo harían entonces, el Presidente y el ministro, para dejar en suspenso los regímenes penal tributario y cambiario, entre otras normas?
Especialistas consultados por este medio consideran que ese blanqueo blue sería completamente inviable desde el punto de vista técnico y legal. La única herramienta a mano del Poder Ejecutivo es la ley 11.683, que en su artículo 113 le da al PEN la potestad de condonar intereses y multas, pero no capital de dinero evadido. Sin dudas, un atractivo insuficiente.
La otra opción sería simplemente relajar controles de facto, algo que expondría a problemas judiciales severos no sólo al mandatario y al jefe del Palacio de Hacienda, sino, también, a quienes conducen la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otras oficinas de control. Sin precisiones, Caputo aseveró que se basará en facultades desregulatorias del Poder Ejecutivo, cosa que, performáticamente, ya intentó con la propia enunciación de la idea.
La propuesta entusiasmó a gente que supo estar en el primer entorno de Milei, pero que fue apartada de ese círculo –con malos modos– incluso antes de la toma de posesión del 10 de diciembre de 2023. Una de esas personas es Carlos Rodríguez, quien fuera jefe de asesores del entonces candidato y recordó este lunes una medida de su autoría que se discutía entonces: el "perdón popular de mercado".
El mecanismo tenía diversas etapas y, finalmente, suponía entregar a cada contribuyente un voucher por una cierta cantidad de dólares en negro transable en el mercado.
"Algunos no van a blanquear nada. Los pobres venden su cupón en el mercado y así la recaudación va a los pobres directamente. Los pobres que no tienen dólares venden ese cupón a 5 o 10% y reciben 500 o mil dólares, que se los paga el rico", explicaba entonces con lenguaje bastante directo.
Para funcionar, afirmaba el exviceministro de Domingo Cavallo, "es cuestión de explicarle al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo multilateral antilavado) que vamos a elevar grotescamente (el monto que se toma en cuenta para investigaciones por lavado) para evitar lo que nos pasó en el pasado, cuando los argentinos se convirtieron en evasores" por culpa del Estado, claro.
"Hoy, si te agarran con dólares billete, te tratan como un narco. Sos un lavador de dinero o un presunto narco. Todo eso tiene que desaparecer. Si la AFIP tiene presunción, que vayas preso por ser narco, no por tener dólares", acotó.
No es claro que Caputo esté pensando en un esquema idéntico, pero lo dicho demuestra hasta qué punto la idea ha estado presente ya en el mileísmo fundacional.
"En las próximas dos semanas vamos a anunciar una medida que va a sorprender y que va a fomentar el uso de los dólares", había anticipado Caputo el 29 de abril en la Expo EFI 2025.
Por un lado, esto parece la punta de lanza de un nuevo intento de dolarizar la economía, tras la nonata –por hiperinflacionaria– "dolarización sin dólares" de campaña y la "endógena", simbolizada en el fallido "dólar Diarco". Por el otro, constituye una mala señal, de verdadera desesperación, a un mercado financiero que no acompaña ni siquiera después del salvataje del Fondo.
Si cada gobierno ha tenido su blanqueo y el de Milei, de hecho, viene de uno exitoso en materia de exteriorización de efectivo, ¿por qué este, sin respaldo legal posible, podría aportar mucho más? Además, ¿por qué quienes no blanquearon el año pasado lo harían ahora? ¿Por qué ya no se defrauda solamente a quienes cumplen con sus obligaciones, sino ahora, también, a quienes vienen de blanquear con incentivos presuntamente menores? ¿Por qué "esta vez es distinto"? Por el superávit fiscal, ¿a quién le interesaría semejante cosa para volcar al mercado formal sus dólares "en negro"?
Sobran las preguntas.
Falta mucha información, pero basta con algunos de los dichos de Caputo para encender luces de alerta. "La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones", dijo.
Si porfiara en un modus operandi ilegal, el Gobierno podría llevar al país a un lugar indeseable y ponerlo en la mira del GAFI, la organización que busca acorralar los paraísos de la evasión y el lavado de activos. Es sugestivo que hace poco más de un año Milei haya declarado que, en virtud de ideas muy similares a las que hoy se exponen, lo que diga el GAFI le "importa un rábano".
Para empezar y de modo política y económicamente temerario, el Presidente y su ministro parecen incentivar la evasión tributaria de manera duradera. ¿Quién pagaría impuestos por un dinero percibido hoy si mañana pudiera usarlo sin ataduras y penalidades y, acaso, hasta con incentivos? Vuelve la figura mileísta del evasor "héroe".
Más grave, la idea podría convertir a la Argentina en un hub regional e internacional de lavado de dinero de origen ilícito.
A la espera de detalles, vuelven las preguntas y, para que no se ofendan Los Picantes de Toto Caputo, surgen observaciones constructivas para evitar que precipiten a la Argentina a un abismo profundo.
Los incentivos para que los tenedores de dólares en negro los inviertan o los gasten deberían ser fuertes, tanto que apenas una partecita de esos 270.000 y pico de millones apareció en el último blanqueo.
El proceso virtualmente gratuito de exteriorización no fue suficiente ni tampoco –antes– el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que consagró la posibilidad de celebrar cualquier contrato u operación en cualquier moneda o especie.
En ese sentido, ¿habrá un tope para que las transacciones no pasen bajo la lupa de investigadores antilavado, acaso de 100.000 dólares, como dijo Clarín? Si así fuera, ¿qué garantía habría de que una multiplicidad de operaciones menores de compra de bienes permitiera blanquear sumas mayores?
¿Quedarán los bancos eximidos de preguntar por el origen de las divisas que se muevan y de la obligación de reportar "operaciones sospechosas"? Dada la flojedad de papeles que se anticipa, ¿es descabellado pensar que el temor a indagaciones futuras, bajo un gobierno distinto, desaliente a los potenciales blanqueadores?
Es más, que sean dólares de argentinos o no podría dar lo mismo. A todos los efectos prácticos, cualquier mafioso o narco del exterior podría encontrar testaferros que le movieran su dinero en las cantidades permitidas por la nueva normativa, de modo de hacerlas pasar por debajo de los radares apagados ex profeso.