Con tres decretos, afectó el cobro de este cargo en restaurantes y salones de fiestas. Músicos en pie de guerra. Federico Sturzenegger celebra.
Javier Milei cantó durante un acto en el Luna Park.
Javier Milei decreta: "Sadaic, ¡afuera!"
Con tres decretos, el gobierno de Javier Milei avanzó en la desregulación del cobro de derechos económicos de autores y compositores, limitando el accionar de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) y habilitando la competencia para la creación de nuevas sociedades de gestión colectiva. Los músicos en pie de guerra.
El 18 de julio, en su conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que Sadaic cobra tarifas desmedidas por el uso de música en actividades privadas como bodas, fiestas de 15 o reuniones.
Además de afirmar que “durante años, la entidad funcionó bajo un régimen abusivo y poco transparente para los artistas”, Adorni denunció que "el dinero no llegaba a los artistas, sino que quedaba en manos de quienes controlaban la entidad".
En una carta pública del 22 de julio, el presidente de Sadaic, Víctor Yunes, desmintió categóricamente las acusaciones y calificó las declaraciones del vocero presidencial como una “vil calumnia” haciendo pública una carta documento exigiendo la retractación de lo dicho.
“Las canciones, de acuerdo a un orden constitucional, son una propiedad privada del autor”, recordó Yunes al responder a una consulta de Letra P.
“En realidad, nosotros no le cobramos ni a la que cumple 15 ni al papá. Sí le cobramos a quien realiza un claro negocio que son los salones de eventos y de fiestas. Dentro de sus servicios, ofrecen un DJ; ¿para qué ofrecen este servicio si no van a utilizar música? Nosotros ahí tenemos la disidencia más grande”, remarcó.
El decreto 765/2024 modifica la reglamentación de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual que, en su artículo 33, entendía originalmente como representación o ejecución pública “aquella que se efectúe en cualquier lugar que no sea un domicilio privado y, aun dentro de éste, cuando la representación o ejecución sea proyectada o propalada al exterior”.
En cambio, la nueva normativa dispone que se entiende por representación o ejecución pública “aquella que se efectúe -cualquiera que fueren los fines de la misma- en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”.
La modificación también detalla que “no existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal”.
Por su parte, los afectados principales, autores y compositores agrupados en la Unión de Músicos Independientes (UMI) advierten que “este gobierno dice que actúa en defensa de los creadores, pero en realidad les quita herramientas para cobrar lo que les corresponde".
Gustavo Rodhenburg, presidente de UMI, explicó: "Sólo beneficia a quienes no quieren pagar por usar y lucrar con nuestra propiedad intelectual. Hay usuarios que no quieren pagar, que judicializan el cobro o se retrasan. Pero si los usuarios pagan, los autores cobramos. Decir que la plata no llega es falso y además ensucia a la entidad, lo cual termina beneficiando a quienes se niegan a cumplir con la ley”.
Con la publicación del decreto 150/2025, y su predecesor el 138/2025, se profundizó la política de intervención estatal en las actividades musicales y sus principales actores.
Bajo el argumento de fomentar la competencia en un esquema en el que Sadaic tiene el monopolio de la gestión de derechos de autores y compositores y, con el objetivo de eliminar supuestos abusos, los decretos se orientaron a abrir el juego a la creación de nuevas Sociedades de Gestión Colectiva (SGC).
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que “Sadaic necesita encarar un profundo rediseño" y anticipó: "Si no hay una mejora, la competencia de alguien que realmente respete los derechos de propiedad de los autores los desplazará”.
La abogada Margarita Lambertini, especialista en industrias creativas señala que “lo que erróneamente hace el gobierno es extrapolar un concepto de monopolio empresarial o comercial, que como argentinos lo hemos sufrido, al uso del monopolio en la gestión colectiva”.
“El sentido del monopolio en la gestión colectiva es evitar la confusión de los usuarios de música, aquellos que pagan el derecho no tienen duda de a quién irá dirigido, es decir, va a Sadaic, a una sociedad de gestión colectiva para que ésta distribuya. Esto genera orden y claridad en la sociedad que debe pagar un derecho”, diferenció.
La reforma, que en teoría, promueve una mayor “libertad de elección”, no contempla las relaciones de poder desigual entre artistas y otras entidades, y las asimetrías estructurales del mercado musical. La normativa también alienta a autores y compositores a negociar individualmente, aunque esto en la práctica no es posible.
Para Rodhenburg, “la pretendida habilitación para el ejercicio individual de derechos, promovida bajo argumentos engañosos, constituye en realidad un mecanismo para desregular. Un modelo de gestión individual es impracticable y sólo puede traer perjuicio a quienes poseen estos derechos”.
Entre los puntos del decreto 150/25 se encuentra la figura de un auditor en Sadaic, puesto por el gobierno para la auditoría de fiscalización y planillas con facultades para supervisar el reparto de los ingresos y la definición de aranceles.
El auditor, que deberá estar presente en todas las reuniones de directorio de Sadaic, tendrá voz pero no voto.
Fuentes de Sadaic señalaron que esta figura siempre existió y que su incorporación como novedad se debe a un desconocimiento por parte del gobierno del funcionamiento de las SGC.
“Sadaic tiene auditores del Estado desde los 70, actualmente tiene auditoría del Estado y nunca dejó de tenerla. Ellos tienen la obligación como auditores de hacer su informe al ministerio que corresponda, pero no es nada nuevo. A Sadaic las auditorías no nos molestan y, en términos generales y muchísimas veces, han sido de ayuda en la administración de derechos que es muy compleja”, comentó Yunes.
Junto a las acusaciones de “cobro indebido”, Adorni también anunció la apertura de un canal de denuncias en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) para reportar intentos de cobro por parte de entidades de gestión colectiva. La DNDA es un ente estatal dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su director es designado por el presidente.
Con las reformas decretadas, los beneficiarios principales por fuera de la industria musical serían los comercios y el sector hotelero. Del otro lado, quienes pierden son los artistas: autores, compositores, intérpretes y productores fonográficos que, en este panorama, dejarán de percibir como ingresos los pagos de estos sectores.
“A nosotros nos queda claro que quieren transferir el valor económico y lo que resulte del uso de las canciones -que es privado-; quieren quitarnos a nosotros nuestra ganancia real como privados para pasársela a otros privados. Y creemos que están absolutamente equivocados y que, además, nos corresponde”, dice el presidente de Sadaic.
Este conflicto no ocurre en un vacío. Desde hace meses, el gobierno libertario -y el Presidente en particular- viene protagonizando enfrentamientos con distintos actores de la industria musical, incluidos cantantes reconocidos que le han respondido con declaraciones públicas e incluso canciones.
La discusión sobre el cobro de derechos de autor volvió a instalarse en la agenda pública, con opiniones encontradas. En este contexto, Milei redobla la apuesta y arremete contra los derechos de autores y compositores, proponiendo una nueva regulación que, paradójicamente, también se ampara en la defensa de la propiedad privada.