Empató con DEME en la propuesta económica de peajes, pero obtuvo una mejor calificación técnica. Apoyo del Círculo Rojo y embates en la Justicia para frenarla.
La licitación de la hidrovía que impulsa Javier Milei entró en su etapa decisiva con la apertura de las ofertas económicas y dejó a Jan De Nul en ventaja para quedarse con la privatización del corredor exportador del país. La empresa belga igualó la propuesta tarifaria de DEME, pero logró una mejor evaluación técnica en el proceso de concesión.
Pese a la igualdad registrada en las propuestas económicas, la empresa belga Jan De Nul se encamina a adjudicarse la privatización de la hidrovía que lleva adelante el gobierno nacional.
Quedó a un paso de consagrarse como ganadora de la nueva concesión de las obras de dragado y balizamiento con cobro de peajes de la principal vía navegable del país por haber superado en la calificación técnica a su competidora Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME).
La apertura de las propuestas económicas para definir quién cotizaba la tarifa de peaje más baja para los barcos en las tres etapas de obras dejó a las dos oferentes empatadas en los valores mínimos de las bandas tarifarias establecidas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
Para el primer año de concesión —la denominada Etapa 0—, la tarifa solicitada por ambas empresas fue de u$s 3,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN).
En tanto, para el período que va del segundo al quinto año de la concesión, cuando el tramo principal del corredor navegable deberá alcanzar los 36 pies de profundidad, el peaje pedido tanto por Jan De Nul como por DEME fue de u$s 4,65 por TRN.
Por último, para la Etapa 2 —en la que la profundidad de la Vía Navegable Troncal (VNT) deberá llegar a 40 pies—, la tarifa planteada por las dos oferentes se ubicó en u$s 5,78 por TRN.
Más allá de la paridad en las ofertas, Jan De Nul quedó en condiciones de adjudicarse la concesión al haber conseguido previamente una mejor calificación técnica: obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 que alcanzó DEME.
Tras conocerse las propuestas económicas a través de la plataforma Contrat.Ar, un comunicado del Ministerio de Economía que conduce Toto Caputo resaltó que “la oferta económica de u$s 3,80 presentada para la primera etapa tanto por Jan De Nul como por DEME reduce en 50 centavos lo que se paga actualmente de peaje, generando un ahorro del 13,5%”.
Según el Palacio de Hacienda, “el objetivo final de la licitación es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país”.
De no mediar impugnaciones por parte de DEME, la ANPyN quedaría en condiciones de confirmar la adjudicación a Jan De Nul en los primeros días de junio.
Jan De Nul es una de las principales dragadoras del mundo y desembarcó en la Argentina a mediados de los 90. Asociada con la local Emepa, ganó la primera licitación del dragado y mantenimiento de la hidrovía durante el gobierno de Carlos Menem.
Tras la finalización de esa concesión en 2021, siguió a cargo del dragado del corredor navegable como contratista del Estado, primero bajo la órbita de la Administración General de Puertos (AGP) y luego de la ANPyN.
En esta licitación se presentó junto con la dragadora local Servimagnus, perteneciente al grupo portuario y logístico Román. Según cálculos oficiales, durante los 25 años de contrato la inversión prevista ronda los u$s 10.000 millones.
La concesión comprende las obras de dragado y balizamiento con cobro de peajes, sin aval estatal y bajo riesgo empresario, de la vía navegable que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior.
Para la administración libertaria, esta licitación representa la privatización más significativa porque definirá quién administrará hasta 2051 el corredor navegable por donde circula casi el 80% de las exportaciones agropecuarias, el 95% del tráfico de contenedores y la totalidad de las ventas externas de la industria automotriz.
En los últimos años, además, la hidrovía quedó bajo la lupa por haberse convertido en una de las rutas utilizadas por organizaciones narcotraficantes para transportar droga desde Sudamérica hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Europa.
Con asesoramiento técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la ANPyN diseñó para esta licitación un esquema de presentación dividido en tres etapas.
El primer sobre correspondió a los antecedentes legales, financieros y técnicos. El segundo incluyó los planes de acción elaborados por las empresas para cumplir con las exigencias de los pliegos y las capacidades técnicas del personal que estará a cargo de las obras. El tercero comprendió la tarifa de peaje propuesta por las oferentes para cubrir costos operativos, ejecutar las obras y obtener rentabilidad.
Desde el inicio, el proceso licitatorio contó con el respaldo de casi todos los gobernadores de las provincias ribereñas y de las principales entidades empresariales vinculadas a la hidrovía.
Entre ellas se encuentran la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara del Acero, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, el Centro de Navegación, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera y la Cámara Naviera Argentina.
Esas entidades difundieron un comunicado conjunto en el que señalaron que “este proceso licitatorio debe culminar prontamente con la adjudicación de empresas que brinden servicios de dragado, balizado y tecnología”.
También advirtieron que “dada la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial, los usuarios estamos convencidos de que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina”.
En la antesala de la apertura de ofertas, el fiscal federal Guillermo Marijuán rechazó una medida cautelar presentada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para frenar la licitación.
El dictamen sostuvo que la suspensión del proceso “no se encuentra suficientemente sustentada en la acreditación de arbitrariedad manifiesta ni en la configuración del peligro en la demora”.
Además, Marijuán destacó que la Justicia Federal de Santa Fe ya tramita un amparo ambiental colectivo vinculado con la hidrovía y que en ese expediente “se han rechazado las cautelares propiciadas”.
