El grupo de Héctor Magnetto inició el trabajo técnico para que Personal y Movistar operen con antenas compartidas. No tiene permiso. La empresa lo niega.
Telecom, de Héctor Magnetto, asegura que Telefónica funciona como una empresa separada
Mientras la justicia mantiene frenada la integración operativa de Telecom y Telefónica, y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no se expidió, la empresa que controla el grupo Clarín ya comenzó a unificar y simplificar la red de antenas o radiobases que tenían ambas empresas para hacerlas confluir en una sola.
Según fuentes del mercado, Telecom “está haciendo una simplificación y unificación de la red”. Son 8500 antenas o radiobases en todo el país de Telecom-Personal y otras 6000 de Telefónica-Movistar. La justicia le impide a la empresa de Héctor Magnetto hacer trabajos conjuntos de compatibilización tecnológica, ecualización de antenas, compartición física de sitios o racionalización de torres.
Del total de 14.500 radiobases, el objetivo -según adelantaron fuentes de la compañía- es optimizar el sistema, hacerlo más eficiente en costos y avanzar hacia una red integrada por 10.000 equipos.
El trabajo está a cargo de la gerencia de Red de Acceso y también está vinculado a la liberación de espacio para el despliegue de tecnología 5G. Las nuevas antenas tienen menor alcance, por lo que requieren una mayor densidad de instalación.
Se trata de una estrategia para reducir costos en alquileres de terrazas y techos donde se ubican las antenas, así como en su mantenimiento y en el consumo eléctrico. También implica un recorte de personal especializado -los denominados cell owner-, en muchos casos parte de una red de pymes contratistas que prestan ese servicio.
Letra P consultó a un vocero de Telecom sobre si la empresa evalúa una eventual unificación técnica de las redes de telefonía móvil de ambas compañías y sobre cómo se gestiona la incorporación de nuevos usuarios. La respuesta, en ambos casos, fue la misma: “Las compañías funcionan de manera independiente”.
En su reciente presentación de resultados ante inversores, el grupo detalló los riesgos y las posibles consecuencias que enfrenta Telecom por la demora en la revisión de la compra de Telefónica por parte del Estado nacional.
“Si las autoridades competentes imponen condiciones o exigen desinversiones -que pueden incluir la venta de nuestra participación en todos o algunos de los activos de Telefónica-, esto podría afectar negativamente nuestra estrategia empresarial, la situación financiera y el crecimiento futuro”, advirtió la empresa.
La demora también posterga las previsiones de eficiencia operativa derivadas de la fusión, como la eliminación de duplicaciones en cargos gerenciales y la reducción de la plantilla, que actualmente ronda los 20.000 trabajadores.
Sin embargo, en la práctica, fuentes del sector aseguran que los gerentes de Telecom ya inciden en decisiones de Telefónica: “Están aplicando la lógica del negocio. Las órdenes llegan desde Telecom y ya avanzaron en cuestiones técnicas, como la simplificación de la red, que es el principal costo operativo de la empresa”.
En febrero de 2025, Telecom Argentina, dueña de Personal y Flow, controlada por grupo Clarín y el fondo fintech del mexicano David Martínez, compró el 99,999% de Telefónica Móviles Argentina (TMA) por u$s 1245 millones, una cifra superior a lo que estimaba el mercado. Telefónica tiene casi más de 19 millones de clientes con conectividad fija y móvil de alta velocidad con las marcas Movistar y Tuenti.
El presidente Javier Milei marcó su disconformidad con la operación, de la que se enteró en tiempo real cuando las empresas la hicieron pública.
Desde hace más de un año, el primer mandatario mantiene fijado en Twitter un mensaje en el que afirma que Clarín “se quiere quedar con Telefónica de prepo; y eso va en contra de los lineamientos de defensa de la competencia: nos quieren someter”. Además, sostiene que el grupo es un “monopolio de mercado” creado “al amparo de regulaciones históricas”.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), actualmente denominada Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) y presidida por Eduardo Montamat, objetó la operación por considerar que “elimina a uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país y deja un mercado altamente concentrado en solo dos jugadores: Telecom, con una participación estimada del 58%, y AMX (Claro), del magnate mexicano Carlos Slim, con el 42%”.
El organismo fue contundente: la fusión generaría efectos anticompetitivos en los servicios empaquetados (cuádruple play), donde Telecom sería el único operador con alcance nacional para ofrecer paquetes que incluyan telefonía móvil, internet, televisión paga y telefonía fija. Esto, advirtió, crearía ventajas competitivas difíciles de replicar por sus competidores.
El ceo de Telecom es Roberto Nobile y el presidente del directorio es Carlos Moltini. En octubre del año pasado, en las Jornadas ATVC, Nobile se quejó: “Nuestra industria vive invirtiendo, faltan reglas claras, una macro de largo plazo y seguridad jurídica, y una regulación que acompañe la dinámica del ecosistema digital.”
La compra por parte de Telecom es un hecho consumado, Telefónica de España cobró cash y abandonó la operación en Argentina, ya lo había hecho en Chile y Perú, Uruguay y Ecuador. En Sudamérica, se quedó sólo en Brasil.
El Enacom es el organismo del Estado que mantiene sin resolución la compra de Telefónica. El interventor, con la suma del poder del directorio, es Juan Ozores y hasta ahora no emitió opinión al respecto.
Claro Argentina también planteó su oposición a la compra por parte de Telecom y la calificó como “una fusión de hecho”. Ante la Defensa de la Competencia, el Enacom y la Justicia, sostuvo que la operación configura un duopolio con posición dominante y que incluso deriva en situaciones de monopolio en 186 localidades del país en el servicio de internet de banda ancha.
La compañía también advirtió que la integración de la infraestructura de Telecom y Telefónica le otorga una ventaja difícil de igualar en el negocio del cuádruple play. Además, presentó una queja formal por el “atesoramiento de espectro radioeléctrico” permitido por la normativa vigente, lo que -según planteó- debería obligar a Telecom a devolver frecuencias al Estado, algo que aún no ocurrió.
Telecentro, cuyo dueño es el exdirigente del peronismo bonaerense Alberto Pierri -presidente de la Cámara de Diputados durante todo el gobierno de Carlos Menem-, denunció que “los negocios de Telecom y Telefónica concentran el 79% del mercado de telefonía fija, el 61% del mercado de telefonía móvil, el 48% del mercado de internet por banda ancha y el 42% del mercado de televisión por suscripción, en todos los casos medidos por cantidad de clientes”.