Un espacio planteó una autocrítica para acercarse al campo, pero el mainstream los considera un mal necesario o un elemento de redistribución.
Un documento que el peronismo federal presentó en Entre Ríos para intentar acercarse al sector agropecuario abrió una discusión incómoda dentro del panperonismo, al plantear una baja de retenciones a las exportaciones del campo y sostener que las restricciones a las ventas de trigo y carne al exterior para cuidar “la mesa de los argentinos” no tuvieron resultados.
Otros espacios peronistas -economistas del PJ Nacional y de los sectores que se alinean con el diputado Máximo Kirchner o con el gobernador Axel Kicillof- afinan una autocrítica sobre los años de gestión, como parte de los esbozos de un eventual programa de gobierno, pero no llegan a tanto.
En general, consideran que las retenciones son un instrumento recaudatorio para que las cuentas cierren o un instrumento de política de precios para evitar picos inflacionarios. Algunos lo plantean con culpa. Otros militan una redistribución de esa renta. La mayoría las considera inevitables. Van a contramano de Javier Milei, que ya fijó un esquema de reducción progresiva de los derechos de exportación.
En Entre Ríos, el peronismo federal propuso una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. Añadió: “El debate sobre la competitividad incluye las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.
El documento finalizó con un mea culpa: “Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional. La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”.
Como contó Laura Terenzano en Letra P, la foto de Entre Ríos tiene, en primera fila, a dirigentes como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, que ocuparon puestos de gestión en el gobierno de Alberto Fernández y actualmente tienen cargos en el Congreso (Olmos, como auditor).
El peronismo federal ancla su discusión sobre las retenciones en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El texto pone un tope del 18% a las retenciones a la soja a partir del quinto año posterior a la entrada en vigencia del acuerdo y dispone que deben ser de 14%, como mucho, a partir del décimo año.
También argumenta que Brasil aumentó su producción al no gravar al agro con derechos de exportación, mientras las plantas de procesamiento de soja de Argentina importan materia prima de Paraguay porque no tienen suficiente materia prima. Y sostiene que parte del impacto fiscal de una baja de retenciones se compensaría con una mayor recaudación por el impuesto a las Ganancias, que se coparticipa. Hay quienes piensan en un esquema de baja de retenciones a la producción incremental.
Existen fundamentos políticos. “No podemos pensar un proyecto serio de país si sacamos cinco puntos en Córdoba o 28 o 29 en Santa Fe y Entre Ríos”, dijo uno de los referentes de ese espacio.
Pero es una discusión incómoda, incluso para los más fiscalistas del justicialismo, que defienden la necesidad de un equilibrio fiscal como piedra basal para construir otro tipo de programa económico. “Las retenciones representan entre 5 y 7% de la recaudación; ¿cómo se cubriría ese hueco si, además, hay que pagar la ley de Financiamiento Educativo, la emergencia en salud y hacer obra pública?” se preguntó un economista peronista. En ese contexto, “las retenciones no forman parte de una discusión orgánica dentro del PJ”, le dijo a Letra P. Y cambió de frente: “Tenemos que discutir soluciones para la gente que no puede pagar la tarjeta ni los servicios”.
Otros espacios, como Futuros Mejores -que convocó a especialistas de distintas agrupaciones hace unos meses para empezar a discutir política económica- creen que las retenciones siguen siendo un instrumento válido, aunque con límites. Lo resumió Haroldo Montagu, exsecretario de Política Económica de Martín Guzmán: “Las retenciones son un instrumento para desacoplar el precio local de los alimentos de los precios internacionales, pero en un contexto de inflación elevada se desdibujan”, afirmó. Desde este punto de vista, siguen siendo un instrumento válido para pensar una dinámica económica de crecimiento, pero como herramienta recaudatoria, únicamente, no tiene sentido”, añadió.
Para el kirchnerismo referenciado en Máximo Kirchner, la discusión sobre las retenciones pasa por la afectación de esos recursos y no por su reducción o eliminación. Letra P contó que un proyecto de ese espacio propone un nuevo fondo de afectación específica para coparticipar una parte de los derechos de exportación de la soja para hacer obras. La discusión, consideran, sigue siendo sobre la redistribución del ingreso vinculado a la producción primaria, sea soja o petróleo.
El kirchnerismo sabe que en la actualidad no hay votos en el Congreso para pasar proyectos como este o como el que proponía cobrarle más retenciones al crudo para subsidiar la cuenta energética de hogares e industrias, inflada por la guerra en Medio Oriente. Pero quiere plantearle a la sociedad alternativas a la política económica de Milei que no sea bajo los términos del libertario.
El kicillofismo, en tanto, rehúye de la discusión fiscal. Las herramientas, dicen, dependerán del país que reciba un eventual gobierno peronista. Los escenarios son varios: una corrida cambiaria que dispare la inflación; un país con inflación controlada pero recesivo; un escenario de crecimiento desigual como el que se perfila en los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
