Hay pedidos de informes y proyectos para impedir que las cerealeras vuelvan a comprometer exportaciones sin el producto. El PRO, único bloque en silencio.
La eliminación fugaz de las retenciones a las exportaciones que aplicó la semana pasada el ministro de Economía, Toto Caputo, con el único fin de lograr que las exportadoras aportaran dólares, unió a la oposición en el repudio y derivó en pedidos de informes y en propuestas para restringir el accionar de los grandes jugadores del campo.
La reacción llegó desde todos los rincones del recinto y podría complicar el resto del año legislativo, que tiene como tema principal el tratamiento del Presupuesto 2026. Hubo reclamos de la oposición dura -Unión Por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica-, que desde marzo domina las sesiones.
Pero también hubo planteos de exlibertarios que integran el interbloque Desarrollo y Coherencia, liderados por Marcela Pagano; y del jefe de la UCR, Rodrigo De Loredo, habitual aliado del oficialismo. Sólo el PRO se apartó de la queja y el Gobierno queda así obligado a dar explicaciones para avanzar con la agenda.
Sin embargo, el oficialismo tiene una carta para frenar el debate: el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Atilio Benedetti, no tiene previsto convocar a una reunión y avanzar con los expedientes. Es cercano al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aliado de La Libertad Avanza en su provincia. De todos modos, en la próxima sesión, que sería el miércoles 8, difícilmente no haya un emplazamiento para que las iniciativas se debatan en comisiones.
La bronca de los productores agropecuarios es porque se quedaron fuera de un negocio para pocos: necesitado de dólares, entre lunes y miércoles Toto Caputo bajó a cero las retenciones, las cerealeras (Bunge, Cargil o Dreyfus) declararon u$s 7000 millones para exportar. Luego el ministro restableció el impuesto, aún cuando había anunciado inicial que el beneficio dure un mes.
Las entidades agropecuarias advirtieron la maniobra y llamaron a los chacareros a no vender sus granos, porque advierten que las exportadoras declararon tenencias sin tener comprada la producción, aprovechando que el Gobierno les dio tiempo para los embarques.
Caputo celebró la jugada, que le permitió aliviar la presión sobre el dólar. El equipo económico se permitió ironías: el titular de la ARCA, Juan Pazo, les sugirió a los productores subir el precio de su mercadería, para evitar que los grandes jugadores les cobren retenciones que no pagaron. El problema es que no es fácil organizar un boicot de cientos de miles de chacareros, que en muchos casos necesitan fondos frescos para pagar sus deudas. Por eso las cerealeras tienen las de ganar.
La oposición quiere, de mínima, evitar que esta martingala se repita. El radical De Loredo pidió aplicar una sanción, prevista en la ley 26.351. Explicó que esta norma "obliga a los exportadores a demostrar que tienen el grano antes de declararlo. Esa ley está vigente y tiene que aplicarse".
El cordobés recordó que en 2018, la secretaría de agricultura dictó una resolución para subir las retenciones a tres empresas que no declararon la mercadería: Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca cereales. Exige una sanción similar.
Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, de Encuentro Federal, y cercanos al gobierno de Córdoba, presentaron un proyecto para garantizar que la ley 26.351 se cumpla. "Queremos que cualquier cambio en las retenciones no neutralice los beneficios para los productores", sostuvo Torres.
La bancada de EF (que integran entre otros Margarita Stolbizer, Oscar Carreño, Florencio Randazzo y el socialista Esteban Paulón), presentó un proyecto para que ARCA y la secretaría de Agricultura expliquen los procesos que tienen para acreditar que las declaraciones juradas "estén respaldadas con acreditación fehaciente de tenencia o adquisición de la mercadería" y cómo se aplicaron el último año.
Un pedido de informes similar presentó el bloque Democracia Para Siempre (DPS), la UCR crítica, que fue firmado por su jefe, Pablo Juliano, junto a Carla Carrizo, Melina Giorgi, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Marcela Antola, Juan Carlos Polini. También piden saber el costo fiscal de haber dejado de cobrar retenciones.
Otro pedido de informes elaboró el diputado de UP, Eduardo Valdés, quien también pidió interpelar a Pazo y al secretario de Finanzas, Pablo Quirno. “El Presidente dijo que quería fortalecer las reservas, pero en realidad regaló recursos públicos. Lo que debería haber ingresado al Tesoro terminó engordando las cuentas de un puñado de exportadoras” se molestó.
“Ni siquiera exigieron tener el grano en la mano para registrar las ventas. Eso es abrirle la puerta de par en par a la especulación. Ya lo vivimos en el pasado y por eso existe la Ley Martínez Raymonda. Pero parece que este Gobierno prefiere hacerse el distraído”, sostuvo.
La exlibertaria Pagano propuso conformar una Comisión Investigadora que evalúe las consecuencias fiscales, económicas y sociales del nuevo esquema sin retenciones. Su proyecto girado a comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. La periodista exigirá abrirlas. Será un reclamo de la próxima sesión.
