El espacio libertario presentó dos iniciativas en la Legislatura. El objetivo: un Estado más ordenado, con menos trámites. Sistema de identidad digital.
Matías De Urraza, senador de La Libertad Avanza
La Libertad Avanza (LLA) bonaerense presentó dos proyectos de ley para eliminar regulaciones, simplificar trámites administrativos y reducir costos para ciudadanos y comercios de la provincia de Buenos Aires. Las propuestas incluyen la derogación de unas 40 leyes, la revisión de 279 registros provinciales y la creación de un sistema de identidad digital.
Una de las iniciativas, denominada Ley Hojarasca bonaerense -como la propuesta de desregulación a nivel nacional-, propone derogar alrededor de 40 normas que, según LLA, quedaron obsoletas, perdieron su objeto o cumplieron los objetivos para los que fueron creadas. El relevamiento incluye disposiciones que habrían quedado superadas por los avances tecnológicos y regulaciones comerciales que imponen obligaciones a los establecimientos.
El proyecto también contempla la eliminación de normas de etiquetado y de disposiciones consideradas simbólicas, sin una finalidad vigente o superpuestas con otras regulaciones. El objetivo planteado por sus impulsores es reducir exigencias que, a su criterio, ya no justifican su permanencia en el ordenamiento jurídico provincial.
Para definir qué leyes podrían derogarse, la iniciativa reúne disposiciones de distintas áreas. Sin embargo, la nómina completa de normas alcanzadas y los fundamentos específicos de cada derogación se conocerán una vez ingresado el texto oficial del proyecto.
La segunda propuesta, denominada Ley de Desregulación bonaerense, apunta a revisar y reorganizar los 279 registros provinciales identificados por sus autores. Según la presentación, estos instrumentos fueron creados mediante leyes, decretos y resoluciones, y algunos podrían duplicar información o haber perdido su utilidad administrativa.
El proyecto lleva la firma del senador provincial Matías De Urraza. La iniciativa propone aprovechar herramientas de ciencia de datos para evitar que distintas dependencias soliciten reiteradamente información que el Estado ya posee. De ese modo, busca reducir gestiones repetidas y simplificar la relación entre los organismos públicos y la ciudadanía.
En el bloque libertario de la cámara alta sostuvieron que la provincia mantiene un esquema de regulación excesiva y que resulta necesario revisar normas y procedimientos que ya no cumplen una función efectiva. La propuesta apunta a reducir cargas administrativas, aunque el alcance concreto de los cambios dependerá del contenido definitivo de la reforma y de su tratamiento legislativo.
Uno de los ejes de la iniciativa es la creación de la Identidad Digital Bonaerense, un sistema destinado a integrar información que actualmente se encuentra dispersa entre distintos organismos provinciales. La propuesta busca facilitar el acceso a los servicios públicos y evitar que los ciudadanos deban completar inscripciones, presentar certificados o repetir gestiones cuando el Estado ya dispone de esos datos.
La integración de registros permitiría avanzar hacia procedimientos administrativos más simples y reducir pedidos redundantes de documentación. No obstante, el proyecto deberá precisar cómo funcionaría el sistema, qué organismos participarían y cuáles serían las condiciones de acceso, protección y utilización de la información personal.
La propuesta tiene el objetivo de reducir las cargas burocráticas para particulares y comercios. Sus resultados dependerán de la implementación de las herramientas previstas, de la coordinación entre las dependencias involucradas y de las modificaciones normativas que finalmente se aprueben.
LLA explica que, por ejemplo, un productor porcino y ganadero de muy baja escala, que en su extensión de tierra también tiene abejas para vender miel y sus derivados, debe conocer y ajustarse a un decreto, tres resoluciones y tres leyes con un gasto inicial aproximado de $300.000 solo para inscripciones.
También sostiene que un ciudadano que tiene una empresa registrada de recolección de residuos en laboratorios privados y quiere postularse para prestar servicios al estado y así ampliar su negocio, además de tener una vida familiar en la que requiere servicio ininterrumpido de energía eléctrica, debe conocer dos leyes, un decreto y siete registros.
Además, la principal oposición al gobierno de Axel Kicillof afirma que la obligación de inscribirse en un registro, reunir documentación, completar formularios, trasladarse a una dependencia pública, solicitar certificados, esperar turnos, presentar documentación, subsanar observaciones o renovar periódicamente una inscripción, implica una disposición para el ciudadano no sólo de recursis sino de tiempo.
“El hecho de que un trámite sea gratuito para quien lo realiza no significa que carezca de costo económico”, explican los impulsores de la iniciativa y aportan un dato: “El total estimado anual de costo de un Registro Provincial es de $89.710.000. Por 243 registros que relevamos, el total del costo anual es de $21.799 millones anuales.
La elaboración de los proyectos también retomó iniciativas que habían sido presentadas anteriormente en la Legislatura bonaerense. Entre esos antecedentes figura una propuesta del exdiputado Guillermo Castello, quien cuestionó normas que establecían obligaciones de contratación laboral para personas liberadas tras cumplir penas de prisión.
Ese antecedente forma parte de los ejemplos mencionados en relación con la revisión de disposiciones que los impulsores consideran innecesarias o desactualizadas. Con ambas propuestas, LLA busca instalar una agenda de desregulación en la provincia de Buenos Aires, con cambios sobre el marco normativo y los procedimientos administrativos.
