Fue el ojo entrenado en cuestiones legales en las negociaciones en la Cámara de Diputados y se destacó en la primera jornada de debate del proyecto en el Senado. María Ibarzábal Murphy, funcionaria que asumió hace apenas un mes, cruzó el mostrador desde el estudio jurídico Cassagne, para ser la voz de Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, en la ley de ómnibus XS y custodiar la “modernización” del Estado en la era libertaria.
Ibarzábal fue la única mujer entre los cuatro funcionarios invitados a la cámara alta para exponer en nombre del Ejecutivo en el debate por la versión reducida de lo que fue la ley Bases original y la reforma fiscal. Tuvo a su cargo, específicamente, la exposición sobre las reformas de la ley de procedimiento administrativo.
Aunque fue nombrada como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo el 9 de abril, Ibarzábal fue una pieza clave en las conversaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas de la oposición que derivaron en la aprobación del proyecto en Diputados, la semana pasada.
La silla que dejó vacía Guibert no fue ocupada en lo formal, pero Ibarzábal asumió para cumplir la misma función. Según explicó el vocero Manuel Adorni, la funcionaria “ayudará a la modernización del Estado y a todos los cambios que queremos hacer en materia normativa”.
A diferencia de Guibert, Ibarzábal no depende de Posse sino directamente del Presidente y fue nombrada en ese lugar por sugerencia de Caputo, el hombre de mayor confianza de Milei. La flamante secretaria es prima de Emilio Basalvibaso, extitular de la ANSES durante la gestión de Macri y hermana de Santiago Ibarzabal Murphy, que fue subdirector Ejecutivo de Prestaciones de ese organismo también durante la gestión de Cambiemos.
Del otro lado del mostrador
La primera edición del debate por la ley ómnibus había fracasado en febrero. Pero el Gobierno cambió la modalidad de negociación y también los interlocutores. Por parte de la Casa Rosada entraron en acción el secretario Ejecutivo, José Rolandi, e Ibarzábal, que se convirtió en su sombra. Mientras el número dos de Posse negociaba, la abogada, magíster en derecho administrativo, aportaba conocimientos técnicos, aprobaba o rechazaba modificaciones o propuestas en función de las posibilidades legales.
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El Ejecutivo envió cuatro funcionarios al Senado para explicar la ley bases y el paquete fiscal.
Ibarzábal conocía a varios de sus interlocutores radicales y macristas por su paso anterior en la administración pública. En el gobierno de Mauricio Macri trabajó junto al entonces procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. A los nuevos actores los sorprendió con conocimientos y solvencia. Siempre atenta al debate, computadora en mano, la describieron como “muy formada” en las materias de debate y estudiosa de todos los detalles.
La flamante secretaria conocía al dedillo la letra de la ley. Según contó uno de los diputados que participó de las negociaciones, se sumó al proceso “por recomendación de uno de los estudios de abogados” que presuntamente participó de la redacción de la ley de bases y del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
Se trata, en este caso, del estudio Cassagne, uno de los más reconocidos del país en materia administrativa, que trabaja con grandes corporaciones. Ibarzábal se incorporó a la firma en agosto de 2022, según anotó en la red Linkedin. Aunque no fue confirmado de manera oficial, en la Casa Rosada y en el Congreso es un secreto a voces que tanto el proyecto de ley como el DNU fueron confeccionados con la colaboración de grandes estudios jurídicos del país, como Cassagne, Marval, O'Farrell & Mairal, Bruchou y Bomchil.
A mediados de enero, durante el debate del decretazo, la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra denunció en su cuenta de Twitter la participación de estudios jurídicos en el proceso de redacción de decretos del Poder Ejecutivo.
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“Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad. Habría que investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción. ¿Quién les paga o les pagó? ¿Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU?, se preguntó Ibarra, en relación a los conflictos e intereses que pueden surgir entre quien tiene la obligación de velar por el Estado y quien, a la vez, presta asesoramiento a grandes corporaciones que, eventualmente, podrían litigar en su contra.
Debate en el Senado
La intervención de Ibarzábal en la cámara alta, este martes, tuvo como objeto principal la explicación de las modificaciones a la ley 19.549, de procedimiento administrativo. La funcionaria señalo que la reforma tenía como espíritu que “la relación del Estado con los particulares no puede ser regida por criterios y parámetros del siglo pasado”.
Ibarzábal explicó que la estructura del Estado “esta sobredimensionada” y que “la gestión es ineficiente”. “Las reformas tienden a modernizar el procedimiento y a generar mayor seguridad jurídica con el único fin de incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado”, dijo.
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Enseguida, encontró la respuesta del senador Oscar Parrilli, que le apuntó que la redacción del proyecto “la hicieron estudios jurídicos que se han dedicado a litigar contra el Estado y que muchas veces se han encontrado con fallos de la Justicia que han invalidado su reclamo”.
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“Esto se parece a darle forma jurídica a la industria del juicio administrativo. Se trata de que los estudios jurídicos que litigan contra el Estado tengan herramientas jurídicas para esquilmar al Estado”, acusó Parrilli y ahondó en algunos detalles del texto, como la modificación del “principio del silencio de la administración pública”, en favor de quien reclama. Además, remarcó que se le modificaron los plazos en favor de los privados y en perjuicio del Estado.
“Esto es para acorralar al Estado. Este es el lobby de las empresas que litigan contra el Estado que se colaron atrás de esta ley”, cerró el exfuncionario cristinista.
