Gobernadores aliados y referentes de Provincias Unidas se apartan de la discusión. Temen una narrativa perjudicial. Patear la definición de fondo, la salida.
Camau Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, clave para el debate de la reforma electoral.
La propuesta del Gobierno de armar listas de adhesiones para los cargos legislativos, denominadas "colectoras", como parte de la Reforma electoral, perdió fuerza en el Congreso. Al rechazo del PRO y las dudas de la UCR, se sumó la reticencia de partidos provinciales, que prefieren repetir el esquema utilizado en 2025 y suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Es la posición de gobernadores aliados y hasta de referentes de Provincias Unidas (PU) de ambas cámaras. La idea también empezó a atraer a mandatarios radicales, que con su bloque en el Senado es decisivo para la construcción de una mayoría oficialista. En el oficialismo reconocen que la suspensión de las PASO sería una resolución exitosa del debate.
"Queremos que no se vote dos veces", se conforman. En sus entrevistas dominicales, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se apartó de la propuesta de adhesiones legislativas, que en verdad se discute intramuros hace dos meses en el Senado donde la reforma política está trabada.
Como explicó Letra P, el PRO anticipó que no la considera eficaz. El radicalismo está dividido entre quienes gobiernan provincias y quienes no. Ambas fuerzas pidieron que las PASO continúen en forma optativa.
Voceros de fuerzas locales y de PU admitieron a Letra P que no hay clima para debatir un sistema de colectoras. "Es muy difícil de explicar y ni siquiera sabemos si nos sirve", sostuvo un senador que suele ayudar al Gobierno. Contó que aliados de fuerzas locales le manifestaron la misma posición.
Una diputada de otra provincia que vota siempre con La Libertad Avanza explicó que cambiar las reglas de juego para la conveniencia de la reelección de Milei es un costo político alto. "Los cambios electorales deben debatirse y aprobarse con suficiente anticipación, a partir de amplios consensos y nunca condicionados por la coyuntura política. A esta altura, sólo se generaría desconfianza", sostuvo.
Gisela Scaglia, titular de la bancada Provincias Unidas de Diputados y cercana al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, cuestionó el método de colectoras, como también la derogación total de las PASO, que contempla el proyecto de reforma política. “Tiene que existir un sistema alternativo para dirimir candidaturas", sostuvo la legisladora.
En el Senado, PU lo integran Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). No están dispuestos a dar la discusión por adhesiones legislativas, aunque sí aceptan suspender la votación de agosto de 2027.
En su bloque conviven referentes de gobernadores de Córdoba -que nunca tuvo primarias-, Chubut y el socialismo santafesino. "El camino es que las PASO sean optativas, pero se podría consensuar la suspensión", contaron a este mediofuentes cercanas a la santafesina. Con la rebelión del PRO, este bloque es clave para el cuórum de Diputados.
En el oficialismo no descartan seguir con todas las discusiones en simultáneo. "Se puede definir la suspensión de las PASO y evaluar cambios en el sistema electoral. Son temas que van de la mano", explican en el Gobierno.
Los tiempos están ajustados. Santilli quiere que el debate de las nuevas reglas de juego para votar se acelere en agosto y las fuerzas locales no se imaginan dando esa discusión tan pronto, porque implicaría anticipar su respaldo a la reelección presidencial. "Estamos en el primer tiempo y nos quieren terminar el partido", es la metáfora futbolera en las fuerzas locales del Senado.
La iniciativa tiene otros aspectos, como mayores requisitos para inscribir un partido político o la eliminación del financiamiento estatal para las campañas. Este último cambio no pasa el filtro de los aliados, que de mínima exigen mantener una porción de ayuda a los partidos políticos.
El debate más difícil es sobre Ficha limpia, el proyecto para impedir candidaturas de condenados por corrupción, que el PRO quiere tratar aparte. Milei lo sumó a la reforma política y lo amplió a todos los delitos dolosos. La discusión nunca comenzó.