Javier Milei envió este martes el Presupuesto 2027 y el tratamiento empezó con un conflicto que complica la sanción: el proyecto contempla eliminar derechos a las personas con discapacidad, justo en momentos en que el oficialismo negociaba con los aliados una propuesta alternativa para terminar con la ley de emergencia.
Las gestiones del bloque de La Libertad Avanza (LLA) están a cargo de Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, quienes se sorprendieron por la decisión del Ejecutivo de pedir un cambio drástico en la atención a la población más vulnerable.
La ley de leyes propone eliminar el actual sistema de prestaciones y retornar al esquema de pensiones que regía hasta hace dos años. Fuentes de LLA aseguran que estos artículos no formarán parte del texto final. Los bloques dialoguistas informaron que no los votarán y por lo tanto no tienen respaldo para ser aprobados.
Giudici desafió la decisión de Milei y blanqueó una interna en el oficialismo: “Vamos a negociar un dictamen para garantizar los beneficios permanentes”, prometió la diputada, durante un plenario de Comisiones de Discapacidad y Presupuesto, que empezó el debate por la prórroga de la emergencia en discapacidad, que fue sancionada hace un año por presión de la oposición. Recién se aplicó desde febrero, por un fallo judicial.
En la oposición no salían de su asombro, porque el presupuesto elimina los derechos que mencionó Giudici. El fragmento es el mismo que fue incluido en un proyecto de ley que Milei envió al Senado en abril, con la firma de su ministro de Salud, Mario Lugones. Nunca se trató porque los aliados del Gobierno lo desecharon.
“Hay una división de poderes y creemos que el Congreso tiene un tiempo largo para tratar el presupuesto”, completó la diputada. Rodríguez Machado fue más desafiante: "Son proyectos. Esta cámara va a definir qué queda. Estamos trabajando por un concepto superador", afirmó. "Coordinen con el Ejecutivo, que les dice qué votar", respondió Esteban Paulón (Provincias Unidas).
Fuentes de LLA confirmaron a Letra P que hay un borrador y Martín Menem lo expondrá en la reunión de la mesa política del próximo lunes. "Si no lo aceptan, no hay Presupuesto", señalaron.
Los plenarios fueron citados por una votación de la última sesión, que fue impulsada por la oposición. Por casualidad, la cita fue un día después de la presentación del Presupuesto. Está en tratamiento un proyecto de Juan Marino (Unión por la Patria), que propone prorrogar los beneficios vigentes por un año más. La discusión se mezclará con la del Presupuesto.
El Presupuesto dedica el capítulo VI a discapacidad. El artículo 39 borra el sistema de prestaciones que rige hace tres décadas, en la ley 24.901. Elimina los aranceles con valores únicos, que son los que forman parte del nomenclador y emergencia, sancionada hace un año se actualiza por IPC. Los tratamientos se financian con un fondo, al que obras sociales y prepagas aportan el 15% de su recaudación. El Gobierno lo administra y garantiza el pago de las prestaciones a personas con discapacidad con coberturas privadas.
El presupuesto pide eliminar este sistema y que cada cobertura pueda definir los valores a gusto, con diferencias regionales. “La universalidad no implica la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común”, señala uno de los párrafos.
El sacerdote Pablo Molero, titular de la Comisión Arquidiocesana para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, consideró en riesgo las prestaciones. “¿Creen que las obras sociales van a decir ‘voy a ver qué te pago’?, ironizó.
“Las prepagas van a seguir aumentando. Ya subieron un 400% por ciento. Son los grandes beneficiarios de este cambio y lo sabe Lugones. La emergencia era sólo un dedo en el traste al Gobierno para cumplir con las leyes”, agregó el párroco. Carolina Armeloni, de la Cámara de Prestadores de Córdoba, dio un ejemplo claro: “Al liberar los valores, los servicios serán en función de la capacidad de pago. Y eso es eliminar la universalidad”, explicó.
Según el proyecto de Presupuesto, el Estado casi no tendría asignadas terapias, porque, además de no administrar las prestaciones privadas, se elimina la obligación de otorgar un servicio de salud a beneficiarios de pensiones. Los que tenga a cargo, también serán a precios libres y sin obligación de indexar. “Se viola el principio convencional, que es que impide la regresividad en las prestaciones”, sostuvo Matías Agustín Colfi, defensor público de Tierra del Fuego, durante el plenario de comisiones.
En cuanto a las pensiones, se propone derogar el sistema implementado por la ley de emergencia. Se retorna al anterior sistema, que contempla subsidios por invalidez a un valor del 70% de las jubilaciones mínimas.
Además, hace el beneficio incompatible con un empleo registrado. En la norma aprobada hace un año, esa restricción se aplicaba sólo a quienes perciban dos salarios mínimos. “Se propone destruir el sistema de discapacidad. Desmantelarlo. Veníamos tratando de tener un dictamen la semana que viene. Algunos planteaban un proyecto superador y nos encontramos con esto”, se indignó Marino.
El diputado exigió extender la emergencia y denunció además que en el Presupuesto no está incluido el pago de la compensación a los prestadores, dos artículos de la ley que nunca se cumplieron. Durante su última intervención, el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, prometió un cronograma de pago. Nunca lo otorgó.
La negociación por discapacidad complicará el inicio del debate del presupuesto en Diputados, previsto para el 7 de octubre. Para esa fecha, la cámara baja deberá haber tratado en el recinto el proyecto de consenso para definir la continuidad de la emergencia.
Una opción que evaluaban algunos diputados de LLA es definir las partidas sin importar las órdenes del Poder Ejecutivo. Antes, necesitan negociar una ley para el sector y los aliados no están dispuestos a colaborar con cualquier texto.
Los aliados del Gobierno anunciaron que no acompañarán el ajuste al sector más desprotegido de la sociedad. En diciembre, el peronismo se asoció a los dialoguistas para eliminar un capítulo entero de la ley de leyes y sostener la emergencia.
La situación es otra. Los partidos provinciales que ayudaron al Gobierno advirtieron que no acompañarán los cambios a las prestaciones y las pensiones. "El presupuesto sentencia a la discapacidad. Propongo garantizar la emergencia y borrar estos artículos", exigió el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad.
La tensión llegó también a los aliados más cercanos, como el PRO y la UCR, que enviaron invitados al plenario que cuestionaron al Gobierno. El radicalismo llevó a Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad. El macrismo le dio una silla a Lucila Jaureguiberry, del Centro de Día IRTE. "Este capítulo no viene en sintonía con el trabajo que se está realizando en los plenarios", señalaron desde el radicalismo. LLA tiene 95 diputados, un número que le permite blindar un eventual veto presidencial. Pero está lejos de crear una mayoría.
