Hay propuestas de diputados que responden a Jalil, Jaldo, Sáenz, Passalacqua y Llaryora. La santafesina Scaglia respalda a la Coalición Cívica. Larga el debate.
Alejandro Torres (Provincias Unidas), autora de uno de los proyectos de los gobernadores.
Este martes comenzará el debate en Diputados por los 50 proyectos sobre endeudamiento familiar y el Gobierno intentará encontrar una mayoría para evitar un consenso opositor e impulsar un dictamen propio. Su principal desafío es recuperar el respaldo de los gobernadores aliados, quienes tienen sus propias iniciativas. El peronismo está dispuesto a tomarlas en cuenta para sumarlas.
Hay propuestas de diputados que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y otra de Martín Llaryora (Córdoba), que recién se presentó este lunes. El texto fue suscripto por la santafesina Gisela Scaglia, presidenta de Provincias Unidas (PU) y cercana al gobernador Maximiliano Pullaro. También acompañó una iniciativa de portabilidad financiera, presentada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
El tratamiento comenzará este martes a las 14 en un plenario informativo de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, del Usuario y del Consumidor. Estará a cargo de Santiago Pauli (La Libertad Avanza), quien confirmó ocho expositores, entre ellos Pablo Manzanelli (CIFRA), Lisandro Mondino (UNQUI), Germán Romero (ITSE) y Claudio Boada (Usuarios y Consumidores).
Según el cronograma votado en la última sesión, habrá otra reunión informativa el 22. El 29 será el momento de dictaminar. Si la oposición tiene mayoría podría pedir una sesión en octubre para votar en el recinto el dictamen de consenso.
Como explicó Letra P, el Gobierno evalúa un dictamen propio para impedir un consenso opositor. Consistiría en empaquetar todas las medidas existentes en organismos públicos para defender a los consumidores de la usura. El texto no apareció y los gobernadores que supieron ser aliados de La Libertad Avanza (LLA) siguen en conversaciones con el resto de las bancadas.
El acuerdo no es fácil, porque algunos mandatarios no quieren quedar asociados al kirchnerismo. Es por eso que varios hicieron saber a través de sus diputados que sólo habían tomado el compromiso para emplazar a las comisiones. El resto de los bloques tomó nota de la advertencia y la semana pasada comenzaron a puntear un borrador de dictamen, que tiene un eje rector: no contemplar condonación de deudas.
Incluiría la eliminación de intereses punitorios y más plazos de pago. También buscarían establecer el universo de gente que pueda entrar en los beneficios. Por caso, no alcanzaría a quienes se hayan endeudado para comprar autos. El nexo entre los bloques moderados y el peronismo es Pablo Juliano (PU), autor de uno de los proyectos.
Contempla el derecho a la información y transparencia reforzada; protección frente a errores, cargos indebidos y sistemas automatizados; crédito responsable y prevención del sobreendeudamiento y transparencia en instrumentos de crédito.
La oposición dura y el Gobierno disputarán las firmas de los mandatarios provinciales no peronistas, claves para la definición en las comisiones y en el recinto. El desafío de LLA no es fácil, porque todos tienen iniciativas presentadas y el texto de la Casa Rosada no aparece.
Este lunes, Llaryora se anotó en el debate: la diputada Alejandra Torres presentó un proyecto que estará a consideración. También lo firmó Carlos Gutiérrez, cercano al diputado Juan Schiaretti.
El quinteto cordobés lo completan Ignacio García Aresca y Juan Brügge, aliado de la Democracia Cristiana. Torres propone una refinanciación de los deudores en mora. Contempla un crédito de hasta 60 meses, reducción de costos financieros e incentivos tributarios. Fue firmado por Scaglia y por el rionegrino Sergio Capozzi, un exPRO que integra PU.
No tiene costo fiscal, pero sí requiere un esfuerzo de las entidades financieras. Un planteo similar presentó Sebastián Nóblega, que responde a Jalil. El tucumano Javier Noguera impulsa un marco regulatorio de proveedores no financieros de crédito.
La diputada salteña Yolanda Vega pide declarar la emergencia en materia de endeudamiento. Su coterráneo Bernardo Biella firmó una iniciativa de los cuatro diputados de Misiones, liderado por Oscar Herrera Ahuad, para crear un programa nacional de desendeudamiento familiar. Misiones y Salta comparten la bancada Argentina Federal.
Ignacio Torres (Chubut) no se involucró, pero su diputado, Jorge Ávila, quien proviene de los gremios, presentó un proyecto para pedir la inembargabilidad de las cuentas sueldo.
La definición llegará el martes 29, cuando se conozcan los dictámenes. Si la oposición reúne la mitad más una de las firmas, podrá garantizar el tratamiento del recinto. El oficialismo debe recuperar a sus habituales aliados, para que escondan la lapicera o se sumen a alguna propuesta que surja desde la Casa Rosada.
El problema de los referentes legislativos del Gobierno es que los borradores para negociar nunca llegan. Hace 15 días, la jefa de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, reclamó en la mesa política formalizar una propuesta para detener a la oposición. No funcionó. Restan dos semanas de conversaciones. Los gobernadores no peronistas serán los árbitros de la votación.
