Impuso el dictamen de Discapacidad y se enfrentó a los Caputo y Lugones. Cómo se escribió el texto que rearma el Presupuesto 2027. Bullrich, la rebelde.
En sólo cinco días, Karina Milei sacudió la interna del Gobierno y dejó claro que está dispuesta a mover las piezas necesarias para no repetir errores del año pasado, cuando la credibilidad presidencial fue golpeada con derrotas semanales en ambos recintos del Congreso.
Las maniobras de la secretaria general de la Presidencia tuvieron resultados dispares y subieron la tensión en la Casa Rosada. En Diputados, habilitó la firma de un dictamen del oficialismo para garantizar derechos a las personas con discapacidad que, una semana antes, su hermano Javier Milei había propuesto rechazar en el proyecto de Presupuesto que envió a la misma cámara.
Los ejecutores de esta embestida fueron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los Menem, Lule y Martín. Barrieron de la toma de decisiones al trío más poderoso de la Casa Rosada en este tema: los Caputo (el ministro de Hacienda, Toto, y el asesor Santiago) y el ministro de Salud, Mario Lugones, artífice del ajuste en discapacidad. Seguirá con el área a su cargo, ahora con el secretario, que tiene pasado en el PRO.
En La Libertad Avanza aseguran que fue recomendado por el diputado amarillo Cristian Ritondo y que los rumores sobre una supuesta incidencia de Toto Caputo son falsos. Di Liscia reemplazó a Alejandro Vilches, quien renunció tras la filtración de una auditoría interna que se había negado a detallar en su visita a Diputados y deberá explicar en la Justicia, donde su jefe, Lugones, siempre sale ileso.
Karina recibe todas la semanas a una comitiva del PRO, está decidida a enfrentar a sus cuatro enemigos internos. Sus exégetas en el Congreso dicen que esta vez está dispuesta a "liquidar la interna". Está molesta porque estos funcionarios se esconden, erosionan a Milei y no asumen el rol de buscar votos en las urnas o en el Congreso. Aun así, mantienen llegada directa al Presidente y buscan persuadirlo de cambiar el rumbo.
En el Senado, no hubo derrotas oficialistas esta semana, pero a Karina no le fue bien. Patricia Bullrich volvió a mostrar gestos de autonomía y, por su cuenta, acordó modificar el proyecto de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, para que el Senado tenga que dar aval para echar directores.
El Jefe no la dejó pasar: la noche previa a la sesión armó una reunión con el bloque de La Libertad Avanza del Senado para recordar que todavía manda ella. Hubo una conversación sobre generalidades, con Menem a su lado. La hermanísima sorprendió al responder preguntas a la televisión para garantizar total armonía durante la visita del Papa León XIV.
"Se filtran rumores sobre discusiones con los cardenales que no son ciertas", se molestan en su entorno. Karina ya les dijo a los legisladores en su última reunión que compartirán un evento con la oposición y deben comportase bien.
La semana próxima no habrá actividad en el Senado, por las ausencias previstas. En Diputados, el miércoles empezará el debate de la ley de defensa de la soberanía, fruto de la malvinización del Gobierno y, un día antes, se dictaminarán proyectos sobre endeudamiento familiar.
El dictamen que firmó el oficialismo sobre la discapacidad, con un contenido diametralmente opuesto al Presupuesto, dejó atónitos a los referentes de la oposición. Tanta fue la sorpresa, que activaron los contactos con organizaciones vinculadas al sector para pedir una hoja de ruta. Las conversaciones seguirán, al menos, hasta el miércoles 7, la fecha estimada de sesión.
El despacho oficialista deja atrás la emergencia, una declaración que suele ser útil para litigar en la Justicia ante eventuales incumplimientos de una norma. El texto fue escrito casi en su totalidad con aportes de los aliados de La Libertad Avanza, que no están dispuestos a perder por sexta vez una votación por un tema tan sensible. La UCR, el PRO, los bloques de San Juan, Neuquén y Argentina Federal (Salta y Misiones) participaron de las gestiones.
La encargada de recolectar inquietudes fue la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, quien hasta diciembre integró el bloque PRO. Tuvo la colaboración de su compañera Gisele Castelnuovo, quien reporta a Lule Menem, para redactar la versión final.
La interna fue total. Castelnuovo informó en tiempo real a la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, leal a Santiago Caputo. En el Congreso la apodaron despectivamente “La maga”, porque fue capaz de firmar una resolución para suspender la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, cuando ambas cámaras habían rechazado el veto presidencial. Hay legisladores de la oposición que esperan ansiosos el día en que la funcionaria se anime a dar una clase en alguna universidad para que un alumno le pregunte por el rigor constitucional de aquella decisión.
Castelnuovo ignoró cada sugerencia de Ibarzabal Murphy, quien se quedó esperando en su despacho la versión final del dictamen. Nunca le llegó y tuvo que leerlo en los medios de comunicación. Este viernes, desde la oficina de los Caputo surgieron versiones periodísticas de que el dictamen será nuevamente modificado en el recinto. En Diputados no las toman en serio: los parientes no saben cómo conseguir los votos en el Congreso.
El texto contradice el capítulo VI del Presupuesto, que es el calco de un proyecto de ley enviado en abril por Milei y Lugones al Senado. Mientras que estos textos borran los artículos centrales de la ley 24.901, el corazón de los derechos para las personas con discapacidad, el despacho de mayoría firmado el pasado miércoles garantiza la totalidad de esa norma en su artículo inicial. También contempla la indexación de las prestaciones y mantiene los requisitos para otorgar pensiones, aunque con mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo para otorgarlas.
Menem y Machado miraron los números finos con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien parece moverse en un carril paralelo a Toto Caputo. De hecho, el funcionario mostró en reuniones privadas que las partidas para pagar pensiones están incluidas en el Presupuesto, pero que igual el ministro de Hacienda incorporó un artículo para no usarlas.
El funcionario escribe el presupuesto y consulta a cada ministro. En esos intercambios, Lugones insistió con su plan de restringir el sistema de prestaciones a discapacidad, lo que de prosperara engrosaría engrosar las arcas de las prepagas y las obras sociales más grandes.
El proyecto de Lugones, a quien en el Congreso no se le conoce la voz, está congelado en el Senado porque no tiene respaldo de la oposición ni del oficialismo. En Diputados, varios libertarios que lo leyeron no salen de su espanto por las aberraciones jurídicas en las que, una vez más, incurrió Ibarzábal Murphy.
“El proyecto retrocede en derechos a un sector protegido por una convención que tiene rango constitucional. Es una burrada total que no pasa un juzgado de primera instancia”, llegó a decir una diputada oficialista, oriunda del norte del país.
Hacienda envió números al Congreso que enfurecieron a Karina Milei, porque teme que no estén en el radar de Milei. La conclusión que sacaron en el parlamento es que la obsesión de Lugones por sumar ingresos a sus colegas de la industria de la salud trajo problemas fiscales y podría traer acarrear más si prospera su propuesta.
La ley de emergencia y los fallos judiciales posteriores obligaron a Milei a restituir 100 mil pensiones que una auditoría había determinado que estaban mal otorgadas y aun así se están pagando. Nada de eso hubiera pasado si, a comienzo de 2025, Lugones hubiera subido los valores del nomenclador de las prestaciones, que en su mayoría se pagan con fondos privados.
El congelamiento de estos aranceles fue lo que activó el debate legislativo y sumó obligaciones que Milei tuvo que cumplir. Menem no quiere volver a perder una votación para mejorar los balances de las prepagas y se lo hizo saber a Karina. Al riojano lo acompañan en su estrategia Rodríguez Machado y Silvana Giudici, quien tiene a cargo la negociación de un proyecto para aliviar las deudas familiares, un tema que tendrá dictamen el martes. “No vamos a perder votaciones”, repiten los tres.
El pasado martes en la reunión de la mesa política, el presidente de la cámara de Diputados planteó su postura y no tuvo objeciones. Santiago Caputo no fue. Karina y Santilli lo apoyan. Bullrich también, pero además es capaz de doblar la apuesta.
La jefa de La Libertad Avanza en el Senado sigue su camino elegido. Cada semana, negocia con los aliados temas para sesionar y discute la rutina de sesión con los jefes de todas las bancadas. El peronismo siempre está invitado, al menos para escuchar.
La exministra apuesta a sesiones semanales y no le preocupa darle el micrófono a la oposición dura para que despotrique al Gobierno. Esa táctica empezó a tener sentido: el pasado jueves, ningún kirchnerista tuvo ganas de pedir cuestiones de privilegio.
En la votación para eliminar el régimen de zonas frías, el interbloque del PJ dejó sus bancas vacías a la espera de frustrar la sesión. No tuvo fisuras en esa posición, aun cuando los mandatarios del norte del país que no reportan al PJ militaban la ley, con la expectativa de recibir a cambio una resolución para reducir las tarifas de luz en el verano.
Tal vez como gesto, el santiagueño Gerardo Zamora había dejado la banca vacía de Elia Moreno desde el inicio de la sesión y, tal vez, no hubiera participado de una eventual votación del proyecto, si sus compañeros no se iban. Los dirigidos por José Mayans se fueron del recinto luego de anotar a una veintena de sus miembros en la lista de oradores. Apostaron a que LLA perdiera aliados. No ocurrió.
Santilli fue el artífice de sancionar la ley que le permitirá a Milei bajar los subsidios al gas y sumar inversiones energéticas. Para retener a los senadores aliados de la Patagonia, que también tendrá aumentos tarifarios, el jefe de Gabinete les aseguró que habrá una condonación de las deudas por la compra de energía a las distribuidoras locales. El texto original acotaba ese beneficio a las de la zona metropolitana, como Edesur y Edenor, que tienen juicios con Cammesa por los congelamientos de tarifas, producto de leyes de emergencia.
En el interior del país, las proveedoras finales de energía no siempre congelaron el valor del servicio y muchas arrastran deudas siderales por generación y transporte, que tal vez nunca paguen.
La reunión de la mesa política del próximo martes tendrá a Bullrich en el banquillo. Nunca avisó que aceptaría un cambio sustancial a la reforma del Banco Central, referido a la remoción de directores. Con la ley actual, el Presidente puede echarlos, previa opinión no vinculante de una comisión del Congreso creada para la ocasión.
El proyecto que envió Milei agregaba como requisito el aval de dos terceras partes de cada cámara. La mayoría pedida es inconstitucional: sólo la carta magna puede requerirla, porque cualquier otra ley se sanciona o se modifica con mayoría simple. Otro error de Ibarzábal Murphy para la historia
Bullrich usó ese artículo para negociar que sea sólo el Senado el autorizado a avalar el despido de un director del BCRA. Es un cambio histórico. Si esta ley hubiera estado vigente en 2010, Martín Redrado podría haber juntado los votos en el Senado para resistir el pedido de renuncia de Cristina Fernández de Kirchner.
Karina Milei trató de frenar esta modificación con llamados a senadores libertarios hasta minutos antes de votar. "Yo no soy jefe de bloque", recibía como respuesta. Como el cambio fue avalado por dos terceras partes del Senado, Diputados necesita la misma mayoría para ratificar la versión original. El peronismo puede impedirlo.
Milei debe decidir si la ley que pensó como mensaje a los mercados le es útil dándole tanto poder a un Senado que, al menos hasta el año próximo, controlará Bullrich, la figura de su Gobierno que menos le hace caso. No es un dilema fácil de resolver.
