El Gobierno discute un texto con el PRO y la UCR. Será debatido en la mesa política. Límites a las pensiones e indexación bimestral. Dictamen el miércoles.
Laura Rodríguez Machado, del bloque La Libertad Avanza, cercana a Patricia Bullrich.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados trabaja contra reloj para acordar con los aliados un dictamen alternativo sobre discapacidad. La fecha de presentación es el próximo miércoles, cuando está convocado el plenario de comisiones y la oposición tiene las firmas para despachar la prórroga de la emergencia.
El texto estaba en elaboración este viernes pero será confirmado recién después de la reunión de mesa política de comienzos de semana, a la que asistirá Martín Menem. Se propone eliminar la emergencia, limita las pensiones y establece una indexación bimestral. Sería un ajuste menor al propuesto por Javier Milei en el Presupuesto, que la oposición más dura resistirá.
En el oficialismo de la Cámara baja buscarán un consenso para no quedar en minoría. Hace dos semanas, comenzaron a negociar un texto alternativo con la UCR, el PRO, Argentina Federal, Provincias Unidas (PU) y los partidos provinciales. Sólo las primeras dos bancadas no firmaron el pedido de sesión para los emplazamientos a comisiones.
La presentación del Presupuesto 2027 complicó las conversaciones. El capítulo VI propone modificar el sistema íntegramente. Elimina las garantías para las prestaciones que están vigentes hace tres décadas, al borrar los valores universales fijados en un nomenclador. Cambia los parámetros para las pensiones, para hacerlas incompatibles al empleo y elimina la cobertura que la Nación realiza a las personas con discapacidad sin cobertura.
Este fragmento del Presupuesto complicó la comisión del pasado miércoles, citada para la exposición de organizaciones vinculadas a la discapacidad. El bloque que conduce Gabriel Bornoroni blanqueó la tensión durante el plenario de comisiones. La diputada Laura Rodríguez Machado, de LLA, anunció que no tomarán en cuenta las propuestas de la ley de leyes.
"Son dos proyectos y se discuten", dijo ante la sorpresa de la oposición la diputada cordobesa, que responde a la senadora Patricia Bullrich, quien este jueves también se sumó a las críticas por el nuevo intento de Milei de ajustar a la discapacidad.
El presidente no se desentendió del polémico capítulo VI del Presupuesto, que firmó junto a su ministro de Hacienda, Toto Caputo. En una entrevista con Neura, prometió cumplir con las leyes sobre discapacidad, pero aclaró que si no tiene fondos reasignará otras partidas.
Pareció una amenaza a los aliados que tiene el Congreso, que recién comenzarán a discutir los gastos de 2027 el miércoles 7 de octubre. Los diputados que leyeron la letra chica advirtieron que no hubo errores: las partidas para el sector son mínimas, acorde a la reforma propuesta en el articulado.
Por ahora, el único proyecto que está en debate es el de Juan Marino, de Unión Por la Patria (UP). Propone prorrogar la emergencia por un año, como indica la ley. De ese modo se garantizaría que el Gobierno no tenga excusas para no cumplir con algunas de sus obligaciones, como indexar mensualmente por IPC el nomenclador, con los valores de cada prestación.
Hay otras disposiciones de esta norma que el Gobierno no aplicó, como el pago de una compensación a los prestadores y la reestructuración del sistema de pensiones. Durante su exposición en Diputados, el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, no precisó cuándo cumplirá con estos beneficios.
Los bloques dialoguistas de Diputados pidieron revisar estas cuestiones. La propuesta que elaboraron contempla el pago de la compensación, en dos cuotas. En otros aspectos es regresiva, por lo que no será fácil que pase el filtro de la oposición dura. Por caso, cambia la indexación mensual por IPC por una bimestral.
Fuentes del PRO explicaron a Letra P que se trata de un mal menor. "El Presupuesto fija una indexación trimestral y sin garantías de respetar la inflación", señalaron. Aseguran que tampoco permitirán eliminar el nomenclador, como propone el Presupuesto de Milei, que plantea una negociación libre entre las personas con discapacidad con las obras sociales y prepagas.
El capítulo en el que más consenso hay entre LLA y aliados es el referido a las pensiones. La ley de emergencia cambió el sistema. Eliminó el concepto de invalidez laboral y dispuso que las pensiones deban destinarse únicamente a quienes tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque con restricciones.
No serían destinatarios quienes, aun con CUD, tengan dos salarios mínimos o posean otro beneficio social otorgado por el Gobierno. Aún así, en el PRO consideran que abarca un universo demasiado amplio y quieren reducirlo más. Evalúan acotarlos a discapacidades más graves.
La negociación será compleja. Aun con la nueva ley, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 324.303 solicitudes pendientes para obtener una pensión, de las cuales el 72% inició el trámite después de la asunción de Milei.
