Fortalecido en la Ciudad de Buenos Aires, el partido violeta condiciona la aprobación de la ley de leyes a la implementación de medidas de ajuste fiscal.
La Libertad Avanza condiciona su apoyo al presupuesto de la Ciudad a la implementación de medidas de ajuste fiscal.
Las negociaciones para la aprobación del proyecto de Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran avanzadas. El gobierno de Jorge Macri busca llegar a la votación con más cuerda que el año pasado, mientras el capítulo porteño de La Libertad Avanza quiere replicar a nivel local las medidas de ajuste que popularizó Javier Milei desde la Casa Rosada.
La discusión que, en rigor es el primer test político para el oficialismo y promete reordenar el poder y el relato en la Ciudad, se desarrolla al más alto nivel. Los protagonistas son el propio jefe de Gobierno y la titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Paola Michielotto, por un lado, y la presidenta de LLA en la CABA, Pilar Ramírez.
Las iniciativas libertarias se inscriben en una doble estrategia: alinearse con la política económica nacional y afianzar su rol como actor determinante dentro del esquema porteño. Por eso, el paquete fiscal que promueven funciona como carta de presentación de un espacio que se debate entre mantenerse como férreo opositor y convertirse en socio clave en la administración local, con la mirada puesta en 2027.
La tropa de Karina Milei encara la discusión del Presupuesto desde un lugar distinto al del año pasado. En 2025, cuando se debatía el proyecto de Macri, el bloque libertario votó en contra y marcó distancia del oficialismo. Ahora, con el envión del triunfo electoral y un acuerdo con el PRO sellado para las elecciones nacionales de medio término, busca dejar su sello en las cuentas públicas.
El paquete de modificaciones que reclaman combina medidas de alivio fiscal para pequeños contribuyentes con rebajas en impuestos a la compraventa y herencias, en sintonía con el discurso de desregulación y baja de presión tributaria que impulsa Milei a nivel nacional.
La iniciativa central de La Libertad Avanza (LLA) plantea una bonificación total o parcial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quienes tributan bajo el Régimen Simplificado; básicamente monotributistas y pequeños contribuyentes. El esquema prevé un ciento por ciento de bonificación para las tres categorías más bajas y un 75% para las cinco siguientes, siempre que se trate de personas humanas o pequeñas sociedades de hasta tres socios no organizadas como empresas. La medida beneficiaría a cuentapropistas, profesionales y pequeños comercios que hoy afrontan una carga fija mensual.
En términos fiscales, implicaría una reducción de entre 0,3 y 0,5 puntos del producto bruto geográfico porteño, un costo relevante en un distrito donde los Ingresos Brutos aportan cerca del 70 por ciento de la recaudación. En el plano político, la propuesta apunta al electorado de clase media trabajadora que consolidó el voto libertario en la Ciudad y que, se calcula, son entre 110.000 y 130.000 contribuyentes.
Otra de las banderas de LLA es la reducción del Impuesto de Sellos, una de las fuentes más estables de ingresos locales. La propuesta plantea recortes significativos en las alícuotas de la compraventa de autos e inmuebles y a las transmisiones patrimoniales, que pasarían del 3 al 1,2% en los casos de vehículos, del 3,5 al uno 1,75% por ciento en operaciones inmobiliarias y del 0,5 al 0,25% en herencias y división de bienes.
El objetivo declarado es estimular la formalización de transacciones y reactivar mercados paralizados, aunque el costo fiscal proyectado estaría entre los 20 y los 25.000 mil millones de pesos anuales. Ese volumen de recursos significaría un golpe directo a la capacidad de autofinanciación del Ejecutivo en un contexto de gasto contenido y equilibrio fiscal ajustado.
Finalmente, el bloque libertario propone derogar el artículo 77 de la Ley Arancelaria, que habilita el cobro de derechos de timbre por servicios que, según argumentan, ya están cubiertos por el ABL, como el bacheo o la reparación de veredas. La medida tendría un impacto marginal en la recaudación, pero alto valor simbólico: una señal contra lo que denominan “impuestos encubiertos”.