El gobierno porteño advirtió su “preocupación por los efectos negativos” de la eventual prisión domiciliaria de la expresidenta. Los cortes y la seguridad.
Jorge Macri reclama ser parte del operativo de control del domicilio de detención de CFK.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se metió en la pelea por la detención de Cristina Fernández de Kirchner y mostró su "preocupación" por la eventual prisión domiciliaria de la expresidenta en el barrio de Constitución. En este sentido, reclamó "medidas exepcionales" para evitar los "efectos negativos" de esa decisión.
Después del operativo de domingo, en el que el gobierno porteño desplegó más de 160 de efectivos de la policía local para desarmar el acampe en torno al departamento de CFK en la calle San José, el macrismo volvió a insistir en que ese lugar no es adecuado para que la expresidenta cumpla el arresto domiciliario.
La solicitud fue a través del procurador general de Ciudad, Martín Ocampo, que por instrucciones explícitas de Macri, presentó un escrito antes el Tribunal Oral Federal 2 para manifiestar su "preocupación" por "los efectos negativos" que tendría la eventual prisión domiciliaria de la exmandataria en su domicilio del barrio de Constitución.
Además, la Procuración General le solicitó a los jueces que si se llegara a autorizar ese departamento como lugar de detención, el gobierno porteño sea incluido en un dispositovo conjunto con autoridades nacionales para implementar "medidas excepcionales" para garantizar el orden público, la seguridad y los servicios urbanos de la zona.
En línea con lo que indicó la vocera oficial Laura Alonso, durante el operativo del fin de semana, el escrito destaca que si se concretara ese domicilio como lugar de detención se afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad y tránsito.
En ese sentido, el gobierno porteño señaló que en las inmediaciones de la calle San Juan al 1.100 ya se registran concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa desde la semana pasada, cuando se confirmó la condena de la exmandataria. En ese sentido, en Uspallata señalan que "el dispositivo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento general del macrocentro porteño".