Sin votos propios para sacar el proyecto, el gobernador enfrenta un 2026 de negociaciones cruzadas en la Legislatura. BUP y Suprema Corte, en busca de acuerdos.
Axel Kicillof con una Boleta Unica en Papel, uno de los temas de la reforma política bonaerense que se discutirán en 2026
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, puso sobre la mesa el lunes el tema que marcará 2026 en la Legislatura bonaerense: Axel Kicillof volverá a insistir con la reelección indefinida de intendentes como parte de una reforma política integral que atraviesa al peronismo y a todos los bloques opositores.
El anuncio no fue casual. Bianco eligió la última conferencia de prensa del año para blanquear una estrategia que el kicillofismo venía masticando en off the record desde hace meses. El argumento es que la ley actual que limita a dos mandatos consecutivos es proscriptiva y le quita al pueblo la posibilidad de elegir. Pero detrás del discurso hay una necesidad política concreta que atraviesa al gobernador y a su tropa territorial.
La reforma política será el gran paquete de negociación de 2026 en la Legislatura bonaerense. El año impar, sin elecciones en la Provincia, habilita el escenario que el juez federal Alejo Ramos Padilla reclamó en octubre: discutir temas como la Boleta Única de Papel (BUP) y el futuro de las PASO en períodos no electorales para evitar cambios de reglas en pleno partido.
Todos los bloques tienen algo para pedir y algo para dar. La reelección de intendentes, la BUP, el futuro de las primarias y las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la provincia conforman un menú de negociación donde cada sector juega con sus cartas.
El tema de las reelecciones expone la interna del peronismo como pocos debates. De los 82 intendentes bonaerenses que no podrán competir en 2027 si la ley no cambia, 52 son peronistas. De ellos, al menos 27 forman parte del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que construye Kicillof para su proyección presidencial.
Mario Secco en Ensenada, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Mariano Cascallares en Almirante Brown, Fernando Espinoza en La Matanza, Lucas Ghi en Morón, son solo algunos de los jefes comunales del kicillofismo que necesitan que la reforma prospere para poder seguir en sus cargos.
La Cámpora, en cambio, tiene muchos menos intendentes en esa lista: Mayra Mendoza en Quilmes, municipio que ahora dejó para asumir como diputada, y Juan Ignacio Ustarroz en Mercedes, son los dos casos. El massismo, con Javier Osuna en Las Heras, Blanca Cantero en Presidente Perón y Juan Andreotti en San Fernando, está en una situación similar. La asimetría explica mucho: mientras Kicillof lo empuja, La Cámpora y Sergio Massa pueden bloquearlo sacrificando muy poco poder territorial. Y de hecho, ya lo hicieron.
Todo esto se da en un verano con la interna del peronismo más caliente que nunca. La reforma política se cruza con otra batalla que determinará el futuro inmediato del espacio: la elección por la presidencia del PJ bonaerense, que controla Máximo Kirchner, fijada para mediados de marzo. En un acto de fin de año en La Matanza, Verónica Magario dio un paso al frente y desafió al hijo de Cristina Fernández de Kirchner: "Vamos por el PJ este 15 de marzo", dijo frente a Kicillof y el intendente Fernando Espinoza.
En ese marco, el tema de las re re de los intendentes volverá a activar la interna. Con un antecedente muy cercano: en junio de este año, el Senado bonaerense aprobó un proyecto del kirchnerismo que reestablecía las reelecciones indefinidas, pero solo para bancas legislativas, dejando afuera a los intendentes. El malestar de los alcaldes del MDF fue público. Las críticas apuntaron tanto a Magario como a Massa, acusado de haber sido el verdadero impulsor de la maniobra.
Aquel episodio dejó una lección: el kicillofismo no tiene los votos para imponer su agenda. En Diputados, el bloque de Fuerza Patria tiene 39 bancas sobre un total de 92. Pero de las que ostenta, diez son del massismo y están en contra de la reforma; y otras quince responden a La Cámpora y también se oponen. La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO suma 30 bancas y rechaza la iniciativa. El gobernador ni siquiera podría garantizar el cuórum en una sesión donde se trate el tema. La única salida es negociar un paquete más amplio donde cada sector consiga algo.
Por eso la reforma es más amplia e incluiría, como posible moneda de cambio, la Boleta Única de Papel. La Libertad Avanza ya anticipó que hará de la BUP una de sus banderas legislativas para 2026. El antecedente es claro: en las elecciones nacionales de octubre pasado, el sistema funcionó sin mayores inconvenientes. Los libertarios quieren replicarlo para los cargos provinciales en 2027 y tienen de su lado a buena parte del PRO y la UCR, que en 2024 habían presentado un proyecto conjunto que quedó cajoneado.
El peronismo, en cambio, está abroquelado en contra. Todas las tribus rechazan la BUP, y después de la reciente experiencia electoral todavía más. En septiembre, con la boleta tradicional, el peronismo venció a La Libertad Avanza por 14 puntos en la Provincia. En octubre, con la boleta única a nivel nacional, ganó La Libertad Avanza por un margen escaso. El contraste endureció posiciones.
Desde el peronismo argumentan que no hay un problema real con el sistema actual. Recuerdan que con la boleta tradicional fue gobernadora María Eugenia Vidal y que la misma La Libertad Avanza ganó elecciones en la Provincia. Pero el tema no se resuelve con argumentos técnicos sino con negociación política. Si Kicillof quiere salvar a sus intendentes, deberá evaluar qué está dispuesto a ceder.
El massismo, mientras tanto, mantiene una postura que en los pasillos legislativos califican como "inamovible". Massa dio la directiva: nadie saca los pies del plato. La ley de 2016 que limitó las reelecciones fue impulsada por el Frente Renovador junto a la entonces gobernadora Vidal, y el exministro de Economía no está dispuesto a retroceder. Sin embargo, en el massismo algunos reconocen que si hay un acuerdo entre el kicillofismo, La Cámpora y la oposición, Massa no pondrá palos en la rueda. Aunque tampoco moverá un dedo para que avance.
En ese escenario complejo, algunos sectores del peronismo exploran salidas alternativas. Circuló un borrador que propone modificar la Ley Orgánica de Municipios para que cada distrito pueda autodeterminar si permite o no reelecciones indefinidas. La idea trasladaría la pelea de La Plata a los 135 concejos deliberantes de la Provincia, una salida intermedia que descomprimiría el conflicto legislativo pero abriría 135 batallas locales distintas. Por ahora es solo una propuesta que se mueve por lo bajo, sin nombres ni proyectos formales.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense será otro de los puntos críticos de la gestión Kicillof en 2026, tanto en el plano judicial como en el político. El máximo tribunal continúa con solo tres miembros -Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres- sobre un cuerpo legal de siete integrantes. La falta de acuerdos en el Senado dejó al órgano judicial en una situación de precariedad que obliga, en muchos casos, a convocar jueces de cámaras inferiores para completar la integración necesaria para fallar.
A fines de diciembre, el Ejecutivo inició conversaciones para intentar avanzar sobre las cuatro vacantes existentes. La cobertura de esos cargos quedó entrelazada con otra discusión de alto voltaje: las negociaciones para la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y, sobre todo, la autorización legislativa para que la Provincia tome deuda por cerca de 3.500 millones de dólares.
Como contó Letra P, en ese marco de acuerdos complejos, tensiones internas y desconfianzas cruzadas, surgió un compromiso político: intentar completar las vacantes antes de la feria judicial de julio. El objetivo no solo apunta a recomponer el funcionamiento institucional del máximo tribunal sino también a ordenar un tablero de poder donde conviven presiones del peronismo en sus distintas vertientes, demandas opositoras y un equilibrio legislativo que no siempre acompañó los tiempos del Ejecutivo.
La Libertad Avanza ya dejó en claro que quiere ser parte de esa negociación. Con cinco senadores propios, el espacio de Javier Milei aspira a intervenir en un acuerdo que deberá pasar por la cámara alta. El radicalismo, por su parte, es uno de los bloques más activos en la discusión y ya tiene nombres en carpeta.
La negociación por la Corte no será un tema aislado. Como la reelección de intendentes y la BUP, formará parte del paquete de reforma política que ordenará el tablero legislativo de 2026. Cada bloque tiene algo que necesita y algo que puede ofrecer. El año impar habilita la discusión, pero no garantiza los acuerdos.
Kicillof enfrenta un año complejo. Con dos años de mandato por delante, deberá administrar una Legislatura fragmentada, atravesada por disputas internas del peronismo y demandas sectoriales de la oposición. La reforma política que se avecina no solo definirá reglas electorales: también será un termómetro del poder real de cada espacio y un anticipo de las alianzas -y rupturas- rumbo a 2027.