El intendente reaccionó ante al caso de una trabajadora que se llevó millones en cheques. Delay, denuncia, diálogo con la oposición y operativo despegue.
Guillermo De Rivas, Pablo Bertea (Hábitat) y Martín Cantoro (Obras Públicas, de espaldas), en una recorrida de obras en Río Cuarto.
Río Cuarto intenta digerir el episodio que puso a la dirigencia política a dar explicaciones. La gestión de Guillermo De Rivas activó el modo bombero para sofocar el foco de incendio declarado en la Subsecretaría de Hábitat, donde una trabajadora municipal logró llevarse siete millones de pesos mediante una serie de maniobras con cheques.
En principio, se presume que la agente, a la que se dio conocer por las iniciales L.I.G., habría falsificado algunos de esos instrumentos, para endosarlos a su nombre y depositar lisa y llanamente el dinero en su cuenta sueldo.
Aún sin la astucia del ladrón de guante blanco, el ardid fue indetectable para los controles administrativos del área de Hábitat durante al menos tres meses, tiempo suficiente para que la agente bajo sospecha cobrara un total de 60 de estos valores.
¿Cómo fue posible que durante todo ese lapso no sonaran las alarmas? Al parecer, simplemente porque las órdenes de pago eran por montos muy bajos, tanto que, literalmente, le habrían permitido pasar por debajo de los radares institucionales. Es lo que dice la versión oficial.
Los funcionarios del Ejecutivo local van un paso más allá y aducen justamente que, cuando los montos superaron el techo de los 200 mil pesos, saltaron los fusibles y la irregularidad quedó expuesta.
El primer cheque desviado que se detectó data del 1 de julio último. El último se descubrió durante los primeros días del mes pasado. Entre uno y otro, media un intervalo de 100 días.
¿Por qué importa el tiempo? Por varios motivos, pero fundamentalmente porque hay un enorme signo de interrogación sobre el largo período anterior al 1 de julio de este año. ¿Hubo más episodios similares con la firma de la agente L.I.G.? ¿Será que su avaricia duró tres meses? ¿Se trata de siete millones de pesos? ¿O de más?
Son preguntas que por ahora no tienen respuestas. Con la auditoría en marcha para despejar las incógnitas, hay quienes recuerdan que la empleada infiel habría empezado a manejar en 2024 la chequera del programa de hábitat social.
Como se habrá notado, el plan de contingencia de la gestión De Rivas es sensible al pasado de la mujer bajo sospecha, situación que hoy abre un amplio horizonte de incertidumbre.
La política de reducción de daños empezó en la intendencia apenas después de llevar el caso a la Justicia. La ley obliga a los funcionarios públicos a denunciar cualquier delito del que tomen conocimiento.
Cuando el escándalo de los cheques aún no había llegado a oídos de la opinión pública, el subsecretario de Hábitat, Pablo Bertea, denunció el desvío millonario de fondos de su área. Era dinero del programa de ayudas económicas que asiste a 40 familias vulnerables para pagar el alquiler.
Poco después, cuando el gobierno local aún tenía el monopolio del conocimiento de los hechos, el fiscal municipal Ricardo Muñoz amplió la denuncia y la empleada sospechada fue apartada de su cargo y del manejo de las chequeras.
La causa recaló en la fiscalía de primer turno, de Pablo Jávega. Aunque son hechos diferentes, Jávega ya investigó otro caso que salpicó a funcionarios de De Rivas: el del “médico trucho” de la pandemia, un escándalo que terminó en archivo.
Una vez definidas las acciones que seguirían, el secretario de Gobierno, Roberto Koch, y el propio Bertea convocaron a los jefes de los tres bloques opositores en el Concejo Deliberante a una reunión para ponerlos al tanto del caso, antes de que trascendiera los muros del Palacio de Mójica, sede del gobierno local.
En resumidas cuentas, los adversarios valoraron el hecho de haberles comunicado la mala nueva -antes que al resto de los mortales- como un gesto de cordialidad política de la administración de Guillermo de Rivas y luego hicieron gala de una notoria cautela.
Con el terreno preparado, un par de días más tarde, el fiscal municipal Ricardo Muñoz transparentaría el caso en una rueda de prensa. Lo mismo haría ante el pleno de concejales esta semana, en compañía del subsecretario que quedó en el ojo de la tormenta.
La comunicación del asunto por parte del oficialismo tuvo un encuadre jurídico y presentó al episodio como un hecho delictivo que al parecer nada tendría que ver con lo político.
En línea con este abordaje, mantuvieron al intendente De Rivas lo más al margen posible del escándalo, al punto de que en ningún momento lo relacionaron -ni de lejos- con su nombre.
El Ejecutivo local tomó nota de dos cosas. La primera: modificará el sistema para evitar este tipo de fraudes, exigiéndoles a los beneficiarios que tengan una cuenta bancaria para recibir la ayuda municipal. La segunda: definió que irá contra L.I.G. en una causa civil “para recuperar hasta el último peso que robó”.
La pregunta que hoy sigue sin respuesta es qué impacto real tendrá el episodio de los cheques en la opinión del electorado riocuartense. Parece temprano para saberlo con certeza, pero bien puede señalarse que en estas dos semanas -sobre todo los primeros días- se observa un clima de preocupación al interior del Palacio municipal.
El contraste empieza cuando se les pide opinión a los funcionarios. Repiten que están tranquilos porque hicieron todo lo que debían hacer, que actuaron a tiempo y que lo hicieron con la mayor transparencia posible.
“El mensaje que dimos fue muy claro. La gente quiere que el que mete la mano, pague en la Justicia. Eso promovemos”, sintetizó un funcionario con llegada al intendente.
Sin embargo, puertas adentro hay preocupación. En un clima de fuerte desconfianza entre la sociedad y la dirigencia política, en medio de una nueva crisis social y económica en el país, no es de extrañar que el electorado termine metiendo a todos en la misma bolsa.
Ese vínculo entre clase dirigente y sociedad seguramente sea monitoreado con más celo que nunca por el gobernador Martín Llaryora. Después de todo, uno de los desafíos del 2027 será poder hablarle al corazón de la ciudadanía riocuartense.
