La diputada a Adriana Serquis criticó la participación privada en desarrollos nucleares, pese a que integró la conducción de una empresa involucrada en el esquema.
La diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis, vinculada a Patria Grande, el espacio de Juan Grabois, cuestionó el avance privado sobre desarrollos del sector nuclear argentino, aunque durante su paso por el directorio de INVAP acompañó el proceso que permitió avanzar con el proyecto ACR-300.
La expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) cuestionó públicamente la política nuclear del Gobierno y advirtió sobre una supuesta “entrega” de conocimientos y desarrollos construidos durante décadas con recursos públicos. Serquis ocupó la conducción de la CNEA y también integró el directorio de la empresa tecnológica rionegrina INVAP.
“No nos oponemos a que pueda haber una buena sinergia entre los sectores público y privado, pero lo que están haciendo está lejos de ser una alianza estratégica”, sostuvo la dirigente, que describió la política oficial como una “entrega lisa y llana” de inversiones realizadas por el Estado.
La posición actual de Serquis contrasta con su paso por INVAP. La física formó parte del directorio de la empresa estatal rionegrina durante el período en el que avanzó la participación de su filial estadounidense Black River Technology (BRT) en Meitner Energy, la compañía que impulsa el reactor modular ACR-300. Los estados financieros de la firma registraron la operación durante el ejercicio cerrado en junio de 2024.
A través de BRT, INVAP adquirió el 40% de Meitner Energy. El 60% restante quedó en manos del grupo encabezado por el empresario estadounidense Hamid Ansari. La asociación tomó como uno de sus principales activos tecnológicos el desarrollo del ACR-300, un reactor modular de aproximadamente 300 MW basado en una patente argentina.
El proyecto volvió al centro de la agenda en julio, cuando Meitner Energy presentó una propuesta para construir el reactor en el complejo nuclear de Atucha. El anuncio contempló una inversión estimada de 1200 millones de dólares mediante capitales privados estadounidenses y una capacidad cercana a los 300 megavatios eléctricos.
Serquis viene cuestionando especialmente ese modelo. En julio describió al ACR-300 como una posible “burbuja tecnológica financiera” y puso en duda el esquema mediante el cual capitales privados participarían de la explotación de conocimiento desarrollado dentro del sistema científico y tecnológico argentino.
La diputada también cuestionó que el proyecto avance mientras permanece bajo discusión el futuro del CAREM, el reactor modular desarrollado por la CNEA. Su postura apunta a preservar bajo control estatal las capacidades acumuladas por el sector nuclear y evitar que desarrollos financiados con recursos públicos queden condicionados por socios extranjeros.
El planteo abre, sin embargo, una discusión sobre su propio recorrido dentro del sistema nuclear. Serquis integró el directorio de INVAP hasta mayo de 2024 y su gestión fue aprobada posteriormente por la asamblea de accionistas de la empresa. Durante ese período comenzó a tomar forma la participación de la filial estadounidense en Meitner Energy, sociedad que ahora está detrás del ACR-300.
La controversia expone así el contraste entre las críticas actuales de la dirigente de Patria Grande y las decisiones adoptadas durante su paso por la conducción de INVAP. El mismo esquema de asociación entre capital estatal y privado que Serquis cuestiona en la actualidad comenzó a avanzar mientras formaba parte del directorio de la empresa tecnológica rionegrina.
