La cerealera, que inició un proceso de crisis en 2019, podría terminar en un cramdown. El caso pasó a un tribunal de Rafaela. La política provincial observa.
La puja por quedarse con Vicentin
La Corte Suprema de Santa Fe rechazó la homologación del concurso preventivo de acreedores presentado por la cerealera Vicentin y aprobado en una instancia inferior. Se trata de un duro revés para la empresa, que inició un proceso de crisis en diciembre de 2019 tras plantear un “estrés financiero” al acumular deudas por u$s 1.350 millones.
El Tribunal aceptó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo Grassi, a través de la forma Commodities, que consideró inviable la propuesta de pago que recibió.
Para los jueces cimeros, la oferta elevada y aprobada por la Cámara Civil y Comercial de Reconquista omitió tener en cuenta “las notorias diferencias entre acreedores”, tornando “abusiva” la propuesta de pago.
“Acreedores completamente heterogéneos, en cuanto a la naturaleza de sus créditos, montos y monedas de origen, con disímil capacidad de amortización de sus pérdidas”, fueron llevados a una salida que “para algunos implica cobrar el cien por ciento de manera inmediata y para otros implicaría quitas y esperas”, plantea el fallo conocido hoy. El caso pasó, según ordena el fallo, a un tribunal de Rafaela.
En su resolución los cortesanos van más allá: indican que de aprobarse las fuertes quitas ofrecidas por la cerealera, “los inversores estratégicos” que podrían tomar el control de la firma “se harían de un importante patrimonio a un precio irrisorio”.
Vicentin acusó al máximo Tribunal y dijo que al demorar un fallo la colocaba en “niveles críticos” y con sus reservas operativas agotadas.
Ahora, y tras la decisión de la Corte, podría abrirse un proceso de cramdown, con propuestas para un posible salvataje. El fallo menciona esa “hipótesis”, y aunque aclara que no puede pronosticar cómo resultara, sugiere que permitiría reformular una estrategia para alcanzar una solución preventiva.
La firma presentó en noviembre pasado una solicitud para la apertura de un Proceso Preventivo de Crisis. Argumentó que tenía su caja “exhausta”. Buscaba, según el escrito que presentó, “paliar la crisis financiera y garantizar su continuidad”.
Como parte de su plan proponía un duro ajuste que incluía la reducción de personal.
El futuro inquieta a los empleados. El Sindicato Obreros y Empleados Aceiteros y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina tenía previsto solicitar una reunión con el presidente de la Corte, Roberto Falistocco para hacerle saber su inquietud por las fuentes laborales.
El fallo del máximo tribunal de Justicia salió por unanimidad. La decisión tiene alto impacto político, en medio de un historial en el que estuvieron involucrados el Gobierno nacional –que en la gestión de Alberto Fernández amagó con una expropiación– y el de Santa Fe, con Omar Perotti proponiendo la creación de un fideicomiso para gambetear la crisis.
La medida que involucra al gigante cerealero se conoce en medio del profundo recambio que está ocurriendo en la Corte santafesina: tres nuevos miembros fueron aprobados la semana pasada por la Legislatura provincial y esperan para asumir.
La reconfiguración de la Corte es parte de una dura pulseada que mantuvo Maximiliano Pullaro desde que asumió con la mayoría de los cortesanos.
Con el argumento de lograr una justicia más eficiente, y el respaldo de la ley que obliga a los miembros del máximo tribunal a abandonar sus cargos luego de cumplir los 75 años de edad, el gobernador buscó forzar la salida de cinco de los seis cortesanos que componen el máximo Tribunal.
Logró, tras las renuncia de dos integrantes y la ampliación a siete miembros aprobada por los legisladores, designar a Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. La elección formó parte de un acuerdo al que llegó el Gobierno de Pullaro con el socialismo y con Perotti.