Radicales, socialistas, el PRO y aliados hicieron uso de su mayoría en la Cámara de Diputados de Santa Fe y le cambiaron la letra al proyecto de emergencia en seguridad que mandó el gobernador Omar Perotti. El arco no peronista, en este caso sin fisuras, le volvió a marcar la cancha al Ejecutivo en una cámara que históricamente le fue esquiva. Ahora la iniciativa deberá volver al Senado y entra en una nebulosa política.
Si bien la emergencia salió por unanimidad, quienes representan al PJ votaron en contra de dos de los principales artículos: el 1 y el 3. La fecha es uno de los puntos que más rispideces genera, ya que el oficialismo pretende que rija hasta el 31 de diciembre del 2023 con la posibilidad de que se prorrogue la misma cantidad de meses que esté vigente durante este año. En cambio, en la vereda opositora apuntan hasta el 31 de diciembre de 2025 con la chance de que se prorrogue un año más. Esto último dice el primer artículo que se aprobó hoy.
Ricardo Olivera, Luis Rubeo, Lucila De Ponti, Matilde Bruera, Paola Bravo y Leandro Busatto fueron quienes terminaron representando de alguna forma la idea que tenía Casa Gris para esta iniciativa y rechazaron parte de las modificaciones impuestas por la oposición. Además de la fecha, objetaron el artículo 3° que indica que la aplicación será compartida entre el ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Es una cosa nunca antes vista que metan al MPA”, se quejó un operador justicialista en los pasillos, en referencia al organismo que nuclea a los fiscales y si bien es autónomo, en lo formal está en la órbita judicial.
“No podés decretar una emergencia para un gobierno que ni siquiera asumió”, rechazó un legislador oficialista, mientras que otro afirmó que “a estas decisiones deberían tomarlas quienes sean electos o electas en las próximas elecciones”. Enfrente aseguran que es necesaria esa temporalidad porque “el problema de la inseguridad no se va a terminar el 31 de diciembre del 2023”. Idas y vueltas que no encontraron un punto medio.
Ahora la pelota la tiene el Senado porque el proyecto volvió allí. Por el momento nadie se atrevió a decir qué se hará: si insistir, sabiendo que la oposición cerró filas, o desistir. También se agregaron fondos extras que no figuraban en el texto original, al igual que cargos para el Organismo de Investigación, que depende del MPA, algo que no tiene el visto bueno de la mayoría peronista que controla el Senado.
En medio de la carrera electoral y a menos de un mes del cierre de listas, los acuerdos políticos entre oficialismo y oposición parecen complicarse aún más de lo habitual. Ahora queda ver qué estrategia sigue el gobierno de Perotti en este ping pong de la emergencia en seguridad entre el Senado y Diputados.
Aldo Gerosa está al borde de la destitución de su cargo judicial. Al legislador Orfilio Marcón se le achaca interferir para frenar el juicio contra el exsecretario privado de su ahijado en la política, Dionisio Scarpín.
Leonardo Caruana, a cargo de un área clave y reconocida de la gestión, competirá dentro de un frente integrado por sectores de centroizquierda, organizaciones sociales y radicales y socialistas disidentes.