Mientras el sol quemaba sin piedad a los asistentes de la Expoagro 2023 realizada la semana pasada, dentro de la carpa el aire acondicionado aliviaba a los representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y a la anfitriona Administración General de Puertos (AGP). Todo fue protocolar, sin reclamos ni cruces, pero con un esperado tanteo por parte de los representantes del sector agroexportador sobre el futuro de la sociedad del Estado que administra la vía troncal. "Sin novedades", se dijo y se siguió con el agua mineral y los sanguchitos de miga. Un microclima dentro de un ambiente con llamas, un fiel reflejo de lo que sucede en este momento con el proceso de la hidrovía y el país.
Mientras la economía riega de incertidumbre la agenda política nacional, todo el proceso relacionado a la hidrovía Paraná-Paraguay entró en un remanso que hace pocos meses era imposible de imaginar. El sector privado, la AGP, el Gobierno, decantan un proceso lleno de indefiniciones en el que todos miden cada paso.
En breve podría firmarse un decreto presidencial por el cual el Ente de Control y Gestión de Hidrovía, compuesto por las provincias costeras de la vía troncal, deberá delegarle a la AGP la función de armado de licitación para el dragado y balizamiento.
En rigor, esto ya se conocía y estaba vendido. La pregunta es si aprovechará ese mismo texto para establecer a la AGP como concesionaria estable amparándose en su condición de sociedad del Estado, y, como administradora de la vía troncal, encargarse de contratar los servicios del mantenimiento del río, a través de la licitación internacional de la que tanto se ha hablado y para la cual quedará facultada.
Hay conceptos jurídicos que no terminan de asimilarse en el ámbito privado, que se queda soñando con un esquema de licitación sin intervención estatal de ningún tipo como fue durante 25 años. Eso parece rimar con las intenciones activadas en las últimas semanas, según pudo saber Letra P, de la empresa holandesa de dragado Boskalis, que busca reunirse con algunos usuarios, es decir, puertos y agroexportadoras, para ponerse al tanto de la situación y poner en marcha el lobby por el cautivo negocio del dragado.
Todo parece depender del Ejecutivo y de la hernia del disco lumbar que somete al presidente Alberto Fernández al reposo. Por ejemplo, en estos días se iba a firmar el llamado a licitación del canal Magdalena, que tantas críticas despierta en el sector agroexportador santafesino y enciende la sed de las dragadoras internacionales, pero se postergó.
Mientras, el tic-tac electoral suena en el ambiente a sabiendas de que un cambio de gobierno puede detonar de raíz todas las ideas. De hecho, el ámbito privado parece esperar un cambio de aire y que las modificaciones de fondo se armen a partir de entonces.
Así y todo, la AGP mantiene desde que asumió la concesión en septiembre de 2021 una política de pies de algodón ante un ambiente privado hostil a todo lo que tenga que ver con el Estado. Logró amainar los nervios y encarrilar el vínculo, todo con una publicitada proactividad. En el haber ponen las reuniones que pudieron mantener cada dos semanas con los usuarios privados para sostener un acercamiento.
A modo de ejemplo, puso en agenda un pedido histórico de ajuste de traza de los usuarios de la zona de Puerto General San Martín, donde se ubican cerealeras de peso como ADM, COFCO, Bunge, y más al norte Cargill y Terminal 6. También ayudó la muñeca política del massismo cuando ordenó los jugadores al correr a Leonardo Cabrera de la subsecretaría de Puertos, dependiente de Transporte, y designar al exsubinterventor de la AGP, el massista Patricio Hogan. Dicen que ahora hay fluidez y menos burocracia para el mantenimiento del río.
"Está todo tranquilo, al menos por ahora", pasó en limpio una fuente privada que da cuenta el stand by que le metieron al tema aunque siempre en estado de alerta. El negocio funciona, el dragado y balizamiento funciona, la política funciona. Pero, ¿después de la calma llegará la tormenta?