ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay cerró el año con un cambio de rumbo y la consolidación de la Administración General de Puertos (AGP) como actor principal de la vía navegable. Todo un movimiento de piezas sutil, pero determinante en un proceso que nunca pudo encarrilarse y cruza intereses de empresas de peso del dragado internacional, de las provincias y de la Nación.
El nuevo ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, dio una ronda de prensa en la semana y dijo que es momento de “dar previsibilidad” al proceso, algo que blanquea la faltas de certezas hasta ahora. Quedó en claro tanto por las indefiniciones del proceso de la concesión, que arrancó a discutirse a mediados de 2020, como por los recurrentes parches ante la resbalosa licitación de fondo que nunca pudo encauzarse.
Giuliano intentó darle tono paradigmático al tema. “Federalización, normalización y correr el velo sobre lo sucedido durante los últimos 26 años que tuvo una concesión privada”, avisó. De esta forma, ese esquema de contrato de obra pública sin aval del Estado y con los privados administrando exclusivamente el negocio será historia.
En esa línea, precisó que el Consejo Federal de Hidrovía, conformado por los gobernadores con costa del río Paraná, definió que “la Administración General de Puertos reciba la gestión de la vía navegable troncal a través de un proceso de licitaciones que va a abrir la propia administración de puertos”. Es decir, se dejará formalizada la pata estatal en el negocio. En realidad ya se había decidido en la reunión del 24 de noviembre pasado y se retomó después del mundial de fútbol. Pero la historia no es sencilla ni acaba en las palabras de Giuliano.
El Ente de Control y Gestión de la Hidrovía (Ecovina), encargado en principio de armar el proceso licitatorio de fondo, no se terminó de constituir como organismo administrativo y jurídico. Le falta estructura y dinámica para armar un pliego de semejante magnitud. Por ejemplo, no tiene personal técnico. Sí, tiene un presidente -provisorio porque el elegido, Ariel Sujarchuk, migró rápidamente a atender una secretaría en Economía con Sergio Massa-, representantes de las provincias ad honorem, y una casona abandonada que haría de domicilio.
Este escaso peso específico del ente fue consumido ante la impronta de la AGP, que con un trabajo silencioso y destacado hasta por los usuarios más reacios, fue ocupando espacios. El esquema actual muestra que tiene la concesión transitoria desde mediados de 2021 y hace contrataciones directas para dragar y balizar. La va llevando, pero no es lo ideal, coinciden los dirigentes. Por lo tanto, buscarán formalizar eso. ¿Cómo? Dejando sin efecto artículos de decretos anteriores. El ente le delegará las facultades de licitación a la AGP para que arme los pliegos, licite y adjudique el mantenimiento del dragado y balizamiento, y siga cobrando el peaje de los usuarios.
Así, la AGP tendrá protagonismo en las dos concesiones navegables más relevantes del país: la hidrovía, por donde sale el 80% de las agroexportaciones, y el Puerto de Buenos Aires donde opera hace años. El contrato de concesión con la sociedad del Estado lo hará el Ente de control y no podrá ser menor de cinco años ni superar los quince años, pero sí prorrogarse.
Además, el ente controlará toda la concesión y diagramará obras. Se verá si lo termina logrando o si naufraga como sucedió con la idea de armar la licitación de fondo. “Es una decisión práctica”, coinciden en el ente y destacan -o se quieren convencer- que el acto de delegar da la posibilidad futura de recuperar lo delegado.
Lo claro es que este modelo nuevo no era el proyecto original del ente ni, puntualmente, de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, avanzaron pese a la resistencia del Círculo Rojo de la autopista fluvial integrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) que lo leyeron como una avanzada provincial.
Antes de no tener nada es mejor adaptarse o, en este caso, reinvertarse sin perder terreno, podrían decir las provincias mencionadas. En ese sentido, no sólo el ente tratará de tener injerencia en el control, tal como indica el decreto que se está elaborando, sino que comenzó a rodar una nueva idea que surgió de Perotti y prendió en el resto.
En la reunión del Consejo Federal de Hidrovía, el santafesino propuso que se normalice la AGP, intervenida desde hace tiempo, y que participen de la sociedad del Estado representantes de las provincias de la vía navegable troncal. Según reconstruyó Letra P, los gobernadores Axel Kicillof, Jorge Capitanich y el entrerriano Gustavo Bordet a través del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes se motivaron y quedaron en pensar el formato.
Un punto a observar será si ahora el santafesino puede imponerse con su plan, no como en la constitución del ente donde Santa Fe, con semejante peso que tiene en la hidrovía, no lo logró y levantó algunos cuestionamientos en el establishment agroexportador y político santafesino. Parece una jugada interesante. Con los últimos movimientos, los gobernadores se acomodan y tratan de amoldar sus intereses para un proceso que, ahora sí, puede empezar a ser duradero.