El lobby se impuso en la licitación de servicios electorales que maneja el Correo y la empresa española festeja. Anuncio informal y bronca tech.
El gobierno, a través del Correo Argentino, le adjudicó una licitación millonaria a la española Indra para que haga el recuento de votos en octubre.
El Gobierno empieza a darle las últimas puntadas administrativas al operativo para las elecciones de octubre. El opaco proceso administrativo para licitar los principales servicios electorales terminó de la misma manera que empezó: sin ninguna publicación oficial que brinde detalles del resultado.
La noticia de que esa empresa se impuso en la licitación se conoció únicamente por una comunicación informal del Correo Argentino que fue enviada a los medios. En ella indica que el Correo había concluido el proceso contratando el servicio por un 38% menos de recursos que en 2023. Además, precisa que la ganadora de la compulsa es Indra, la empresa favorita, que habría ofrecido 21.169 millones de pesos.
La comunicación provocó desconcierto en el sector tech, donde las compañías involucradas no recibieron ninguna comunicación formal con el resultado de la licitación en la que participaron la empresa española mencionada, Smartmatic -actual proveedora del Correo- y MSA, la empresa que brindó esos servicios en las elecciones porteñas.
Veinte días atrás, en la más estricta reserva y sin publicidad, el Correo le envió a un puñado de empresas tecnológicas el pliego de licitación de los servicios de digitalización y transmisión de telegramas, y el de recuento provisorio, que brinda los resultados no oficiales durante la misma noche de las elecciones. La decisión de convocar a una licitación privada contrasta con la decisión política de la última adminstración peronista que, durante las elecciones de 2021 y 2023, resolvió no sólo hacer públicos los términos de la contratación, sino que además incluyó sugerencias o solicitudes de partidos, ONGs y empresas del sector.
Con plazos de cotización llamativamente breves, los especialistas en asuntos electorales resaltaban que eran plazos muy exiguos dado que se trata de contrataciones complejas y que, sin embargo, las autoridades del Correo resolvieron acortar los plazos y en vez de 30 días serán 15. Además, aunque se especulaba con que la licitación se iba a realizar para contratar servicios por un plazo de cuatro años, el Correo apeló a una licencia literaria para no sobregirarse.
Si bien acotó la contratación a la elección de este año, introdujo el requisito de que los oferentes sólo podrán ser elegidos si en los últimos seis años prestaron servicios similares a los que cotizan, en elecciones que hayan involucrado al menos a 90.000 mesas de votación. De esta manera, si se confirma formal y oficialmente que Indra será la proveedora, tendrá el camino allanado para repetir la contratación dentro de dos años, ya que no habrá empresa que cuente con las condiciones que exigieron en esta oportunidad.
Ya desde el año pasado, cuando se empezó a organizar el operativo electoral y el gobierno resolvió trasladar al Correo las funciones que tradicionalmente llevó adelante la Dirección Nacional Electoral, comenzó a desplegarse el lobby empresario para hacerse de esos servicios. El cambio no era una novedad, al contrario, fue una especie de homenaje a Mauricio Macri que en 2019 ordenó que la compañía estatal de logística fuera la encargada de licitar y administrar, además del mencionado recuento de resultados para la noche de las elecciones, la digitalización y la transmisión de los telegramas electorales desde los mismo locales de votación.
La posibilidad de que Indra se quedase con la licitación se hizo más fuerte cuando se conoció que Alejandro Tullio desembarcaba en el Correo. Con una extensa trayectoria en la organización de instancias electorales, el abogado de origen radical también supo integrar las filas de la consultora Llorente y Cuenca, una organización especializada en las relaciones institucionales y la comunicación corporativa que en años electorales administra la cuenta de Indra.
A eso se sumó el discretísimo pero eficiente lobby de Facundo Prado, el empresario titular del Grupo Lapachos, que está pronto a meterse en el mercado asegurador. Este empresario tucumano se presenta como accionista de la empresa española y visitó el año pasado la Casa Rosada, aunque se presume que las principales gestiones para un acuerdo las realizó en sus habituales viajes a España.