La bancada peronista reconoce que no tiene los votos para derogarlo. Si el Gobierno tampoco lo aprueba, esperará un desgaste para sumar votos.
Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, con Cecilia Moreau.
"Empate técnico" fue la frase repetida en la reunión del bloque Unión por la Patria de Diputados, el martes por la noche, para evaluar una eventual votación del DNU 70/23, conocido como decretazo. Sus miembros aceptaron que no reúnen mayoría para la derogación, pero creen que el partido estará abierto mientras el Gobierno tampoco exhiba un número para sostenerlo.
En la bancada conducida por Germán Martínez hay expectativa y prudencia. Tomaron como un dato alentador que el Gobierno no termine de consensuar con la oposición dialoguista del Congreso las versiones definitivas de la ley ómnibus XS y el pacto fiscal.
Cómo explicó Letra P, la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal prefieren no considerar el DNU 70/23 e impulsar proyectos de ley con su contenido. Mientras quede congelada en Diputados, la principal herramienta jurídica del gobierno de Milei seguirá vigente, aunque con la amenaza de ser borrada en cualquier momento.
En UP coincidieron en que lo mejor, por ahora, es esperar. "En el Senado hubo un proceso de 50 días para juntar la mayoría. Ese tiempo tal vez tenga que pasar en Diputados", especuló un referente de la bancada peronista.
Las voluntades para rechazar el DNU, por ahora, no alcanzan las 129 necesarias para el cuórum. A los 99 votos de de UP y los cinco de izquierda se suman con seguridad cuatro de los 23 de Hacemos Coalición Federal (Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y el binomio socialista Mónica Fein - Esteban Paulón).
El sexteto de la Coalición Cívica no cuestiona la mayor parte del decretazo, pero objeta su constitucionalidad. Es promotora de proyectos espejo, que hasta ahora fueron redactados por el PRO y la UCR.
El radicalismo tiene once rebeldes entre sus 34 miembros: seis cercanos al presidente del partido, el senador Martín Lousteau, y cinco liderados por Facundo Manes. Completan el recinto los partidos provinciales que reportan a gobernadores que retomaron sus diálogos con el Gobierno y no quieren molestarlo.
La relación Nación-provincias está atada con pinzas, mientras el Gobierno no tenga plata. por eso, Milei prefiere aprovechar el clima de época para darle vigencia definitiva al decretazo y no lo logró. El lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconoció que no tiene los votos para derogar ni para ratificar el DNU.
Además de estar expectante por las negociaciones del Gobierno por la ley ómnibus y el pacto fiscal, Unión por la Patria pone fichas en la agenda legislativa que está impulsando un sector de la oposición, a la que se suma como aliado natural.
El primer capítulo fue la semana pasada, con la fallida sesión promovida por la Coalición Cívica para debatir la movilidad previsional. La convocatoria derivó en el inicio del debate en comisión. El grupo cercano a Elisa Carrió está dispuesto a volver a pedir sesión si el oficialismo bloquea un dictamen.
Una situación similar sucedió con el fondo de Incentivo docente, que el Gobierno retacea a las provincias. El oficialismo logró desactivar un pedido de sesión especial a cambio de iniciar el debate en la comisión de Educación, que se constituyó el jueves pasado.
En esa comisión, que preside Alejandro Finocchiaro (PRO), también se debatirá el presupuesto universitario: hay consenso entre la UCR y UP para tratar proyectos que obligan al Gobierno a descongelar las partidas.
Con esas discusiones y alguna tensión que surja en el vínculo Nación-provincias, UP confía en llegar a los votos para derogar el decretazo. Por ahora, no los tiene.