El intendente pidió la intervención de la Defensoría Federal para proteger el acceso de las familias más vulnerables a un servicio esencial. El debate.
Los cortes de gas en Tolhuin, en medio del invierno fueguino, terminaron en la Justicia. El intendente Daniel Harrington pidió la intervención de la Defensoría Federal de Tierra del Fuego ante una problemática que ya alcanzó a unos 150 usuarios de la localidad.
El defensor federal José Bongiovanni, explicó a Letra P que si bien la problemática del gas natural está presente en todos los municipios de la provincia, la situación en Tolhuin adquirió especial gravedad por afectar a personas que, en muchos casos, no tienen capacidad económica para afrontar las facturas acumuladas.
La firma apuntada por el intendente es Camuzzi, una empresa de jurisdicción nacional que había empezado a cortar el servicio a quienes no podían afrontar el pago de sus facturas en medio de un invierno con temperaturas que llegaron a los 18 grados bajo cero. El municipio había comenzado asistiendo económicamente a las familias para evitar que perdieran el servicio, pero la estrategia encontró su límite económico, y ante la continuidad de los cortes, Tolhuin solicitó la intervención judicial.
El eje del planteo de la Defensoría está puesto en determinar si las tarifas resultan asequibles para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bongiovanni sostuvo que el acceso al gas debe analizarse desde los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. Si una familia no puede afrontar el costo de un servicio esencial, sostuvo, no puede analizarse el corte únicamente como una consecuencia de una deuda.
La situación llegó a un punto en el que algunas familias comenzaron a resignar otros gastos básicos para poder pagar el gas. "La gente está dejando de atender otras necesidades básicas para pagar el servicio", explicó el defensor, quien también señaló el impacto psicológico que genera el endeudamiento y la amenaza permanente de perder el suministro.
En Tolhuin hay alrededor de 2.100 usuarios de gas natural. Los 150 cortes registrados representan aproximadamente al 10% de los usuarios de la localidad.
El problema, además, se agrava por las dificultades para realizar los trámites. La oficina de Camuzzi en Tolhuin atiende presencialmente apenas los martes. Para personas mayores, personas con discapacidad o usuarios que no están digitalizados, acceder a una solución puede convertirse en un obstáculo adicional.
La Defensoría pidió que se respete el derecho de los consumidores a recibir un trato digno, y cuestionó que la única alternativa ofrecida en muchos casos sea un plan de pago que no contempla la situación particular de cada familia.
A partir del pedido del municipio, la Defensoría comenzó a intervenir caso por caso. Cuando una persona de Tolhuin solicita asistencia, se realiza un informe social para determinar su situación de vulnerabilidad. Con esa información, el organismo envía un oficio a Camuzzi solicitando que no se interrumpa el suministro, que el usuario sea citado de manera presencial y que se establezca un plan de pago acorde a sus posibilidades. Según Bongiovanni, Camuzzi está respondiendo a esos oficios.
La intervención también llegó a conocimiento del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que convocó a la Defensoría para impulsar un control sobre el accionar de la distribuidora y analizar mecanismos de intervención. Los cortes que motivaron las presentaciones se produjeron entre abril y julio, es decir, durante los meses más duros del invierno fueguino. Algunos fueron realizados durante la noche e, incluso, mientras se disputaba el partido de Argentina contra Inglaterra por el Mundial.
La discusión tiene un antecedente central en la jurisprudencia argentina: el fallo CEPIS, dictado por la Corte Suprema en 2016 que declaró nulos los aumentos de las tarifas de gas para usuarios residenciales porque no se habían realizado las audiencias públicas correspondientes. La Corte estableció así que las tarifas de los servicios públicos no pueden analizarse exclusivamente desde una lógica económica, sino que deben contemplar también los derechos de los usuarios.
Para la Defensoría, ese antecedente vuelve a ser relevante frente a una situación en la que hay familias que directamente no pueden afrontar el costo del servicio. El conflicto de Tolhuin, además, tiene una dimensión judicial y política que excede a la localidad.
Los cortes aparecen como uno de los coletazos de la disputa que Tierra del Fuego mantiene desde el año pasado con el gobierno nacional por el aumento de las tarifas de gas.
El gobernador Gustavo Melella y los tres intendentes fueguinos presentaron un amparo colectivo contra los incrementos tarifarios impulsados durante la gestión de Javier Milei. La Justicia de Tierra del Fuego había hecho lugar inicialmente a la medida, pero posteriormente la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión.
El resultado fue que los aumentos terminaron llegando a los usuarios, incluso con impacto retroactivo. Ese proceso ayuda a explicar parte del escenario que desembocó en los cortes de este año.
Sin embargo, el defensor federal introdujo una diferencia respecto de la estrategia política adoptada por la provincia. Los amparos colectivos no necesariamente son la mejor herramienta cuando las condiciones económicas de los usuarios son diferentes, ya que hay familias que pueden afrontar los aumentos y otras que no.
Para que una medida colectiva resulte adecuada, explicó, las condiciones de quienes integran el colectivo afectado deberían ser sustancialmente homogéneas. En Tolhuin, justamente, la intervención de la Defensoría busca poner el foco en esa diferencia. No todos los usuarios endeudados están en la misma situación ni tienen las mismas posibilidades de pagar.
El caso también expone la tensión entre una empresa que reclama el pago del servicio y un Estado municipal que termina asistiendo a las familias para evitar que pierdan el gas. Harrington ya había asistido a cientos de usuarios y cuestionó que Camuzzi mantenga una política de cortes mientras el municipio que conduce sostiene obras para ampliar la red de gas en la ciudad.
Según el intendente, las facturas residenciales se ubican actualmente en torno de los 48.000 a 57.000 pesos mensuales para una vivienda común, aunque algunos hogares recibieron boletas de 70.000 u 80.000 pesos. A eso se suma el costo de reconexión, que termina profundizando el endeudamiento de quienes ya no pueden afrontar la factura.
La lectura política que hace el municipio es directa. Advierte sobre la liberación de las tarifas y la política de actualización de precios impulsada por la Casa Rosada que trasladaron el costo del servicio a hogares que no tienen capacidad para absorberlo.
El problema se vuelve particularmente sensible en Tierra del Fuego, donde el gas no es un servicio prescindible, sino que es la principal fuente de calefacción durante un invierno en el que las temperaturas pueden descender muy por debajo de cero.
