El presidente Javier Milei está cerca de sufrir un duro golpe en el Congreso: Unión por la Patria (UP) y la UCR avanzaron este martes con las negociaciones en Diputados para aprobar un proyecto que aumenta las jubilaciones y cambia la fórmula de movilidad. Se garantizaría el pago a las cajas previsionales sin tocar el FGS. La votación sería a la medianoche.
Las gestiones no fueron sencillas. Consistieron en mezclar los dos dictámenes, uno de UP y otro del resto de la oposición integrada por el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. De unirse, estas bancadas pueden juntar una mayoría para aprobar un texto común y enviarlo al Senado.
Eso es lo que intentaron los referentes de los bloques desde las 11 de la mañana, cuando arrancó la sesión. Aprovecharon para negociar las horas que se consumieron en cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento de sesión. Las bancadas deben quedar conformes con el texto consensuado y mostrar una victoria ante su electorado. Nada fácil.
Hay dos temas que están espejados en los dictámenes y serían parte de un acuerdo: un ajuste mensual de los haberes por la inflación (que también propone el Gobierno) y una suba del 8,1% a los haberes que se sumaría al 12,5% dispuesto desde abril.
Otro acuerdo en la oposición es otorgar un refuerzo a los haberes según la variación del 50% del salario real, o sea, por encima de la inflación. La única discusión pendiente es si pagarlo en dos veces en el año, como pide UP; o en una vez, como está contemplado en el otro dictamen. Prevalecería esta última.
El punto de discordia
Un punto de discordia fue la jubilación mínima: la UCR y HCF pidieron que sea equivalente a la canasta básica de alimentos (260 mil pesos) y UP reclamó 20% más. El acuerdo sería el 1.09 de esa cifra. El radicalismo se convenció porque, al tomarse la inflación de dos meses previos, se cubriría ese rezago.
El mayor conflicto fue la reparación a las provincias con caja previsional propia, que el Presidente interrumpió. Es una obligación que tiene el Gobierno por una ley sancionada en 2016. El mayor lobby para que se cumpla lo hace el gobernador cordobés Martín Llaryora a través de cuatro bancas en el bloque HCF.
Por presión de este grupo, el dictamen de la oposición no peronista contempló que se debe liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses para pagarle a las provincias y, además, cumplir con las sentencias judiciales favorables a los jubilados. UP no está de acuerdo y propone pagar estas deudas con fondos del Tesoro.
Nadie le cree a Javier Milei
El problema que surge en el debate sobre las cajas previsionales es que nadie confía en Milei. El peronismo teme que el Presidente utilice la reglamentación para liquidar el FGS para otros fines.
Llaryora cree que el jefe de Estado no cumplirá con las provincias si no se deja expreso el origen del dinero a girar a los territorios. Al cierre de esta nota se llegó a un principio de acuerdo, que consiste en garantizar el pago a las provincias con asignaciones de impuestos específicas de impuestos que recibe Anses.
El otro desafío del acuerdo opositor es encontrar una hoja de ruta para materializar un texto común: uno de los proyectos debe rechazarse y el otro, recibir modificaciones. No es una coordinación fácil.
El oficialismo, preocupado
En La Libertad Avanza (LLA) sintieron el impacto y trataron de bloquear la sesión. Hubo negociaciones fallidas para que se pida un cuatro intermedio. La oposición acusa a Martín Menem de filtrar la negociación por la suba de las dietas para ensuciar la imagen de Diputados, antes de la sesión.
Tanto era el malestar del riojano que se había negado a realizar una reunión de labor parlamentaria, una obligación de los presidentes de las cámaras para ordenar la sesión.
El encuentro fue pedido por los jefes opositores y realizado de manera informal, poco antes de abrir el recinto, a través de un acuerdo de la oposición que continuaría hasta el final del día.